El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sagunto ha pedido al equipo de Gobierno que mantenga abierto, durante el verano, el servicio de comedor escolar. La medida respondería a el alarmante número de casos detectados de niños que, prácticamente, sólo hacen una comida completa al día, en los colegios del municipio y cuya nutrición va a verse seriamente afectada con la llegada del fin del curso.

La propuesta ha sido realizada por la edil socialista Nuria Hernández dentro de las negociaciones que se están realizando para definir el plan de empleo municipal ya que los socialistas creen que, si se escogen comedores que tengan su propia cocina en vez de los que dependen de un servicio de catering externo, se generarían puestos de trabajo, con el personal de cocina y cuidado que no iría al paro en junio, a la vez que se cubre una función social.

 La propuesta aún no ha sido incluída por el PP en el plan que están negociando, algo que según Hernández debería hacerse cuanto antes pues, aunque el acuerdo se alcanzara antes del final de curso, se perdería un tiempo en la planificación, ya que los técnicos de los Servicios Sociales Municipales deberían ser quienes baremen a quienes podrían acceder a este servicio, y, en función del número de casos, elegir  si se deja abierto uno o dos comedores.

Hernández ha remarcado que la medida cumple las características que se buscan del plan de empleo: no requiere inversiones en materiales,y permitiría un buen número de mano de obra.
Otra de las propuestas que se están barajando es la reactivación de los proyectos de remodelación de la calle Valencia y la Plaza La Marina, o el establecimiento de un plan de becas de formación para recién  licenciados y Graduados en FP.

 

La clave está en la financiación
La propuesta socialista se realizó ayer en la segunda de las comisiones de Hacienda celebradas para perfilar un plan que espera poder aprobarse a mediados de junio. De hecho el concejal de Hacienda, Sergio Muniesa, ha mostrado su convencimiento de que el plan se logrará aprobar pronto debido a que, en sus propias palabras, «todos los grupos estamos actuando con responsabilidad, sin posiciones maximalistas».

El edil de Hacienda confirma que todos los grupos tienen más o menos claras las líneas de actuación que se van a llevar a cabo y lo que se está tratando ahora es el tema de como se financiará el plan y los costes marginales de cada contrato, en caso de que se realicen a través del Consell Agrari, de la Sociedad Anónima de Gestión o mediante otras fórmulas de contratación. También se siguen contemplando la contratación indirecta, mediante planes de estímulo para las PYMEs de la ciudad.

A este respecto los socialistas también han puesto sobre la mesa que las medidas de estímulo de la contratación indirecta no tengan que ser sufragadas, necesariamente, con el superávit de los cinco millones de euros. «Hay acciones como las que se realizan en la escuela taller que no deberían cargarse al superávit, puesto que son mecanismos que ya existen y que pueden potenciarse mediante el presupuesto, ya sea con cuentas nuevas o con modificaciones de crédito», explica Hernández.

No es el único punto que los socialistas quieren que se financie a cargo del presupuesto, «el acuerdo plenario por el que se reforzarán las inversiones del llamado plan conjunto, la propuesta de plan de empleo a través de empresas puesta en marcha por el President Fabra, debe financiarse mediante cargo presupuestario, así como todas las medidas de contratación indirecta que realice el ayuntamiento, que no dejan de ser ideológicas, deberían financiarse mediante el presupuesto» explica la concejal socialista.

Hernández justifica esta medida ya que «con la actual planificación se destina sólo 1,5 millones a la contratación indirecta y eso es inaceptable. El plan de empleo ha de ser una medida  de choque que permita aliviar ya la situación de las familias, y por ello necesitan los máximos recursos posibles. Las medidas que necesiten algo más de tiempo para funcionar, o que pueden ser mecanismos que se pretenden que funcionen de continuo, deben encontrar su sustento en el presupuesto».

 A la luz del dictamen del Consejo Escolar del Estado la LOMCE puede ser inconstitucional en  seis artículos y una Disposición adicional, concretamente la trigésima séptima. Los artículos que pueden ser contrarios a la Constitución Española  son los artículos: 1, párrafo q: sobre la libertad de enseñanza y la creación de los centros docentes; artículo 2 bis:  sobre los principios del sistema educativo y lo que la LOMCE entiende que son sus componentes; el artículo 6 bis apartado 4: sobre el  currículo de la Formación Profesional; artículo 84, apartado 3: La enseñanza diferenciada por sexos; artículo 122: los recursos, la enseñanza de la religión y la enseñanza de “ Valores culturales y sociales”; y la Disposición adicional trigésima séptima de la LOMCE : sobre los expertos con dominio de lenguas extranjeras.

 

Sobre estos artículos, me gustaría pararme en dos de ellos: el artículo 1, párrafo q que dice en su articulado «La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico». Sobre esto comentar que la libertad para crear centros docentes se encuentra expresamente reconocida en la Constitución Española al establecer su artículo 27.6 que las personas físicas y jurídicas tienen libertad de crear centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Sin embargo, en el anteproyecto se añade la coletilla  «de acuerdo al ordenamiento jurídico». En este caso, la redacción es sumamente importante, por cuanto la CE limita el derecho a la libertad de creación de centros al respecto a los principios constitucionales. De acuerdo con la interpretación del TC, esta libertad incluye la posibilidad de crear instituciones fuera del ámbito de las enseñanzas que se encuentran regladas, es decir, aquellas que forman parte del sistema educativo del Estado, y al considerarse una manifestación de la libertad de enseñanza debe moverse en los límites que implica la libertad de expresión, es decir, debe limitarse por el respeto a los demás derechos fundamentales y por la necesidad de proteger a la juventud y a la infancia: artículo 20.4 CE, pero adicionalmente, debe respetar los principios constitucionales y democráticos de la convivencia: artículo 27.2 CE. Al incluir el anteproyecto la expresión «de acuerdo con el ordenamiento jurídico», se vulnera el contenido de la CE de respeto a los principios constitucionales, siendo una trampa del legislador, que posteriormente, por desarrollo reglamentario: Reales Decretos, Órdenes..., puede dictar normas de creación de centros donde se vulneren estos principios constitucionales. Al estar incluidos en una Ley Orgánica pueden ser válidos si no se cuestiona su constitucionalidad.

 

El otro artículo, en el que quisiera pararme a reflexionar es el 84.3 que dice «no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. En ningún caso la elección de la enseñanza diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto».  Analizando estas palabras, entiendo que en este precepto se vulneran los artículos 9 y 14 de la Constitución Española y el 24.1 de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; artículo 1.4 del Tratado de Lisboa; y Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 5 de julio del 2006. El Estado español, al aprobar su Constitución en 1978 y tener un artículo específico como es el artículo 14, donde prohibe y sanciona todo tipo de discriminación, ha derogado o inadmitido la firma de 1960, por lo que después de más de 50 años de progreso y en una sociedad democrática, plural y no sexista, el Ministro de Educación no puede escudarse en una norma preconstitucional y realizada en un estado dictatorial. Por otra, parte esta Convención dejó de tener validez jurídica para los centros sostenidos con fondos públicos una vez que la Ley Orgánica 2/2006 introdujo como criterio de no discriminación en el articulo 84, que regula el proceso de admisión de alumnos, el relativo al sexo imponiendo definitivamente en esos centros el criterio de la coeducación.

 

    Ximo Estal Secretario General de Enseñanza de Comisiones Obreras del Camp de Morvedre