La Ley de la Amnistía para la normalización institucional política y social de Cataluña es una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre de 2023 por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque estaba previsto que la firmaran también el resto de grupos que la apoyaban (Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG).

Esta iniciativa legislativa es el resultado de los pactos de investidura establecidos entre el PSOE con ERC y Junts, que se formalizó el 2 y el 9 de noviembre, respectivamente.

Las manifestaciones en contra de esta ley se sucedieron en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, con protestas, muchas de ellas subidas de tono, en las que la derecha, que siempre ha estado del lado de la Policía y de la Guardia Civil, en aquellos momentos recriminaba a los policías que ejercían su labor.

La ley propuesta conlleva la cancelación de todos los procedimientos judiciales y las condenas relacionadas con los sucesos surgidos durante el ‘procés’ catalán, incluyendo la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Este movimiento legislativo se presentó como una contraprestación clave para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras las elecciones generales de 2023, contando con el apoyo fundamental de los diputados de ERC y Junts.

En la presentación de la proposición de ley, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, dijo que era «profundamente constitucional», que pretendía «garantizar la convivencia política» y «cerrar heridas», y que contaba con el apoyo de 178 diputados.

El Partido Popular y Vox mostraron su radical oposición a la ley, algo que ya venían manifestando desde hacía varios meses, aunque no se conocía el contenido de la propuesta, argumentando que la amnistía era contraria a la Constitución, al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Vamos, lo que siempre han argumentado cuando algo no les conviene a sus intereses o a su ideología. Precisamente, el día 12 de noviembre, un día antes, el PP había reunido a cientos de miles de personas en todas las capitales de provincia, y Vox seguía alentando las concentraciones ante la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en la que abundaban los lemas y simbologías franquistas y fascistas (parece que esto sí que era constitucional), teniendo que intervenir la policía para aplacar unos ánimos que estaban demasiado revueltos.

Según algunas estimaciones, la amnistía afectará a unas trescientas cincuenta personas inmersas en el ‘procés’ y a setenta y tres policías encausados por sus actuaciones durante las votaciones por el Referéndum de independencia de Cataluña de 2017.

Durante el debate en el Parlamento Europeo sobre el balance de la presidencia española en la Unión Europea, que finalizó el 31 de diciembre, el líder del Partido popular Europeo, el alemán del CSU Manfred Weber, atacó duramente la propuesta de ley de amnistía (no iba a dejar en la estacada a sus correligionarios españoles), a la que respondió el presidente del gobierno Pedro Sánchez. También intervino Carles Puigdemont, como europarlamentario, uno de los posibles beneficiarios de la amnistía, para exigirle a Sánchez que «cumpliera sus promesas».

Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, consideraban que una parte del proyecto de ley de amnistía era inconstitucional, contradiciendo el informe favorable que presentó el 20 de noviembre el letrado mayor de las Cortes.

Esta es una más de las contradicciones en la que nos vemos envueltos los ciudadanos de a pie, que a menudo desconocemos la letra pequeña y no dominamos todo aquello que aparece en la Constitución, algo que, como ocurre con la mayoría de las leyes, es interpretable, y según la opinión de cada magistrado, el fallo de la sentencia puede ser uno u otro.

De cualquier forma, si hay algo que sea inconstitucional, y que pueda beneficiar a una mayoría de la población, o que pueda dulcificar el día a día entre las diferentes comunidades, debe revisarse. Ninguna ley debe ser eterna, y la Constitución no es una excepción.

A pesar de todos los inconvenientes, problemas y zancadillas de las derechas, la ley de amnistía finalmente fue aprobada. Y ya existe en nuestro país, como ocurre en la mayoría de los países europeos. Ahora veremos lo que ocurre en Cataluña, y veremos hasta dónde puede llegar el poder de convocatoria del independentismo y de Puigdemont en las próximas elecciones al Parlamento catalán.