La SAG vuelve a la palestra con el asunto del contrato relevo del encargado general de la empresa y el relevista seleccionado. En este caso, la polémica se reaviva porque el INSS ha denegado la pensión al empleado que se marchaba a su casa, en base a que el relevista estaba dado de alta en el Régimen General de los Trabajadores Autónomos. Como el asunto se ha complicado, el primer damnificado es el trabajador que se iba a jubilar, que no cobra pensión ni el 100% del salario que percibía en la empresa. Desde que se puso en marcha el contrato relevo y hasta que esta cuestión se resuelva, pueden pasar hasta cuatro meses en el mejor de los casos, en los que este señor solo percibirá el 15% de su salario.
Como este municipio no deja de ser un pueblo y todo trasciende, al final, Iniciativa Porteña se enteró de que el INSS había rechazado la pensión y de que al afectado se le ocasionaba un quebranto económico importante. Con el fin de obtener información de primera mano, este jueves los representantes de IP se reunieron con el director General de la SAG a fin de que les informara de lo ocurrido. Si antes se dijo que el relevista no podía ser un empleado de la empresa, ahora se dice que sí.
Esta mañana, he tenido la oportunidad de consultar con fuentes de la compañía si se iba a reunir el consejo de administración para tratar este asunto y se me ha dicho que los consejos los convoca su presidente, o sea, el señor alcalde del municipio, Francesc Fernández. Sin embargo, a primera hora de la tarde me ha llegado la noticia de que, efectivamente, habrá reunión de este órgano el próximo lunes a las 17 horas, para tratar, precisamente, de qué forma se resuelve el problema que se ha generado tras denegar el INSS la pensión.
En fin, que cuando la oposición ha empezado a realizar preguntas incómodas y la prensa se ha interesado por el tema, les ha faltado tiempo para reunir a los consejeros, no sea cosa de que se enteraran por los medios. Eso se llama gestión de daños. Lo mejor de todo es que, según me dicen, ni Roser Maestro ni el propio alcalde conocían la decisión del INSS en tiempo y forma. Por lo visto, se han enterado cuando el trabajador afectado ha movido ficha.
Al final van a tener razón los representantes de IP, cuando hablan de oscurantismo y poca transparencia, sobre todo, porque en este caso concreto, la señora Roser, consejera delegada de la SAG y concejal por Esquerra Unida, debería ser la primera interesada en arrimar los focos a este asunto que cada día que pasa pinta peor, pues, le guste o no, sus vinculaciones políticas con el relevista son manifiestas.
