A primera hora de esta mañana hemos conocido la resolución dictada al mediodía de ayer por la Dirección General de Medio Natural y Evolución Ambiental de la Generalitat, que viene a prorrogar el permiso de ocupación de monte público en Salt del Llop a la cementera Lafarge. La autorización se extiende por espacio de 24 años y 11 meses, a partir del primero de enero de 2018, es decir, hasta el año 2042, incluyendo en ese periodo la restauración de la pedrera.
Con este trámite se pone punto final a un proceso que se inició cuando asumió la Alcaldía del municipio el nacionalista Francesc Fernández, quien, desde luego, no ha logrado ninguno de los objetivos que, con relación a este asunto, se había marcado, después de más de dos años, sin tregua, de campaña belicosa. Ahora queda el derecho al pataleo. Los vecinos de Bonilles-Romeu, que son los que residen en las zonas adyacentes a la cantera, incluso los ecologistas de Agró, podrán acogerse a las acciones judiciales que estimen pertinentes, en el marco de la legalidad, naturalmente.
Llegados a este punto, nuestro alcalde debería de explicar a los ciudadanos del municipio, particularmente a los de Bonilles-Romeu, ¿qué es lo que hemos ganado con estos dos largos años de guerra sin cuartel, además de tensionar y propiciar el enfrentamiento entre los vecinos que apostaban por la continuidad de esta industria y los partidarios de su cierre, alimentando un debate que, como se ha visto, para nada contemplaba el marco de la legalidad vigente? No perdamos de vista que, quien ha dado luz verde a esta prórroga, ha sido, precisamente, el Gobierno de la Generalitat Valenciana, del que Compromís forma parte y donde tiene un peso específico muy importante.
Podría decirse, por consiguiente, que para este viaje no hacían falta alforjas, pues con el convenio que en 2013 suscribieron la empresa y el Ayuntamiento, aprobado en pleno por PSOE, IP y PP, la fecha tope para seguir explotando Salt del Llop no se situaba en 2042, sino en 2030 o incluso antes, dependiendo de la prontitud con la que se anticipase la apertura de El Piñal. Es bien evidente, por tanto, que, con esta resolución, Lafarge es la principal beneficiaria, mientras que los afectados de Bonilles-Romeu son los que salen peor parados. Curioso, ¿verdad? Aún terminarán reivindicado el convenio, que, como nadie ha denunciado, seguirá en vigor.
En definitiva, más de dos años concentrando esfuerzos para alcanzar un objetivo perdido de antemano, con una buena parte de la administración municipal trabajando en ello y, entretanto, olvidados, durmiendo el sueño de los justos en cualquier cajón, los asuntos verdaderamente importantes para la ciudadanía.
