Esta semana se ha levantado en el muelle norte un tinglado de 2.000 m2 que Porlesa utilizará para resguardar de las inclemencias del tiempo los tráficos siderúrgicos con los que habitualmente opera. Según la APV, este techado ha sido autorizado para instalarse dentro de los lindes de la concesión de la estibadora y su límite esta sujeto a la duración de la misma, es decir, hasta octubre de 2022. Este nuevo cobertizo viene a ocupar el único espacio libre que todavía quedaba en el lado oeste de este muelle, por lo que, a partir de ahora, todo este atraque queda ocupado por tres instalaciones. Hasta aquí los datos.
Ni qué decir tiene que la realidad se impone, por lo que se van a ver alterados los planes del actual Gobierno municipal, respecto de la integración del puerto en la ciudad, al menos en el tiempo, ya que la compañía estibadora que opera en la zona, disfruta de una concesión con vigencia hasta octubre de 2022, o sea, suponiendo que llegado el momento no solicite prórroga y se la concedan, todavía faltarían cinco años.
Aquí llueve sobre mojado, el proyecto de integración del puerto marítimo en la ciudad ya fue incluido en el convenio que firmaron en 2009 el entonces alcalde, Alfredo Castelló, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar. Aquel acuerdo, cien por cien incumplido, no contemplaba destinar el muelle norte a usos de integración con el casco urbano de Puerto Sagunto, tal y como ha planteado el actual alcalde del municipio, Francesc Fernández. Lo acordado recogía que, a través del pantalán, se pudiera acceder a la explanada portuaria situada detrás del muelle pesquero. En ese aspecto, el nuevo presidente de la APV, Aurelio Martínez, también es más partidario de esta primera opción, puesto que no parece muy razonable sacrificar una infraestructura, como el muelle norte, que todavía no está amortizada.
Como lo mejor es enemigo de lo bueno, mucho me temo que con el tema del puerto ocurra algo parecido a lo que va a suceder con la autorización a Lafarge. Me explicaré, el convenio firmado en 2013 entre la cementera y el Ayuntamiento no era un mal convenio, pero, como todo en la vida, se podía perfeccionar. Sin embargo, no parece que después de dos años de guerra abierta, el Gobierno local vaya a mejorar aquel pacto. Pronto lo sabremos. Con la integración del puerto marítimo en la ciudad sucede algo parecido. Lo acordado en 2009 por el Gobierno municipal del PP y la APV, también es muy mejorable, pero en lugar de avanzar en esa línea, se busca una alternativa que puede ser mejor, pero irrealizable, al menos, en el corto y medio plazo.
