Me informan fuentes de mucha solvencia, uno de los conserjes del Ayuntamiento, para más señas, que hay cola en el registro general, sí, sí, mogollón de multinacionales, habituales colaboradoras con el terrorismo, que se quieren ubicar en Sagunto. Ahora comprendo porqué presentó Compromís esa moción en el último pleno, en la que planteaba romper relaciones institucionales con las compañías que, instaladas en el término, colaboren con el terrorismo. Aunque en ningún momento se atrevieron a citar a ninguna industria, todos sabían que se estaban refiriendo a la empresa Lafarge-Holcim, su fábrica de Jalabiya, a 150 km. al noroeste de Alepo, (Siria) y el ISIS. Y es que, como dice Serrat: «Entre esos tipos y yo hay algo personal».
Como la moción era, además de ridícula, insostenible, enseguida se recurrió a la demagogia: que si se premia a la falla más sostenible, que si se quema de todo, que si no hay ética, y lindezas muy parecidas. Lo mejor fue cuando nuestro querido alcalde aseguró que la actividad de esta empresa estaba perjudicando a las personas. En fin, un despropósito detrás de otro. Como si lo que vierte a la atmósfera AGC Flat Glass Iberica, 24 horas al día, fuera Channel n.º 5. Por cierto, ¿qué habría ocurrido si el ‘incidente’ del viernes pasado en ArcelorMittal Sagunto, afortunadamente irrelevante, se hubiese producido en Lafarge?, pues que se habría actuado con toda la contundencia posible.
Cuando Teresa García se lamentaba en el pleno de que la cementera utilizara determinados residuos como combustible, me pregunté ¿qué narices hace esta mujer en las Cortes Valencianas como diputada de Compromís? Porque, si las cementeras de la Comunidad Valenciana queman residuos, es porque tienen la autorización de la Generalitat. Si AGC está emitiendo a la atmósfera, es porque también cuenta con el correspondiente permiso. Por consiguiente, la cuestión no puede ser más sencilla, en lugar de perder el tiempo en redactar mociones infumables, nuestra representante autonómica debería promover urgentemente en las Cortes Valencianas una modificación de la ley para que se prohiba total y absolutamente la quema de este tipo de residuos y se impidan emisiones en ese grado. ¿Por qué las empresas no tienen comportamiento ético y los políticos que lo permiten sí?
Como no podía ser de otra manera, creo que las administraciones públicas deben de velar por el cumplimiento de la normativa, y modificar aquella legislación que sea necesaria para preservar el medio ambiente y la salud de las personas. Lo que no podemos hacer es culpar a las empresas por hacer algo que permiten los políticos. Lo dicho: «Entre esos tipos y yo hay algo personal».
