Con el nuevo Gobierno de Sagunto, la actividad de Lafarge está cobrado temperatura. Es conocida la posición absolutamente estricta que, respecto a la conservación de la montaña del Romeu y, por tanto, la actividad en la cantera, mantiene la primera autoridad local, lástima que, en la legislatura 1999-2003, se mirase para otro lado cuando se realizaron vastas transformaciones agrarias en la zona. Ya sé que no es lo mismo una transformación que la explotación de una cantera, pero la legalidad debe cumplirse siempre. Es decir, que no han de existir dos varas de medir, una laxa y otra severa, para aplicar según convenga.
En el caso de la cementera y la explotación de la cantera, el Ayuntamiento de Sagunto debe hacer cumplir la legalidad. El convenio aprobado en 2013 por el pleno municipal, que fue respaldado por 18 de los 25 concejales de la Corporación, puesto que Compromís y Esquerra Unida no lo secundaron, ha de ser el marco regulador que determine en cada momento el camino a seguir. El consistorio debe velar celosamente por el estricto cumplimiento de lo fijado en dicho concierto, en cuanto a la delimitación de la actividad extractiva, el pago de tasas y las labores de restauración del monte. Por otro lado, si se pretende que la actividad en Salt del Llop cese lo antes posible, es lógico que el Ayuntamiento, en el ámbito competencial que le corresponde, deba facilitar que la empresa pueda gestionar ante otras instancias la futura zona extractiva en El Piñal, tal y como también se refleja en el acuerdo.
Parece poco discutible que Sagunto es un municipio industrial, y que quiere seguir siéndolo. Esto lo acredita la petición suscrita por todas las fuerzas políticas y sociales para que se ponga en marcha un nuevo plan de reindustrialización. La actividad fabril trae empleo y riqueza, pero también reporta contaminación, agresiones al medio ambiente y, los más relevante: afecta a la salud de las personas y acorta la esperanza de vida, aunque de esto último apenas se habla. Si Sagunto quiere que las fábricas se instalen en sus polígonos, tendrá que dejar claras cuáles son las reglas del juego y muy bien sentado que impera la seguridad jurídica, porque, aquello de «donde dije digo, digo Diego», no es la mejor carta de presentación para los inversores. Sabemos que el pasado día 14 visitó la ciudad el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, para reunirse con el alcalde, sabemos lo que oficialmente nos han dicho que trataron, aunque lo más interesante será, seguramente, la parte de la conversación que no ha trascendido.
