La secretaria general de CC.OO., Begoña Cortijo y una representación del comité de empresa de Lafarge, se entrevistaron en la tarde del pasado miércoles con María José Mira, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. En esta reunión se abordaron cuestiones relativas al conflicto suscitado con la empresa cementera tras producirse, el pasado 13 de junio, el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Sagunto.
Tras este encuentro, CC.OO. tenía previsto reunirse al mediodía de este viernes en asamblea con los trabajadores de la empresa cementera, que se encuentran muy preocupados ante el incierto futuro de la factoría, donde, como ya informó este periódico, la dirección industrial de la multinacional ha decidido paralizar todas las inversiones previstas hasta, en tanto en cuanto, quede despejado el horizonte más allá de diciembre de 2017, que es cuando vence el permiso de ocupación de monte público del que disfruta en la actualidad la fábrica para extraer caliza de la cantera situada en Salt del Llop.
En la asamblea celebrada este mediodía, a la que también ha acudido el secretario general de UGT, Miguel Jordá, la secretaria general de CC.OO., Begoña Cortijo, se ha dirigido a los trabajadores dejando claro que la posición del sindicato que representa pasa por que la planta de Sagunto siga abierta, puesto que, según ha dicho, esta comarca no se puede permitir el cierre de más empresas.
Cortijo ha señalado, asimismo, que habrá que compaginar la actividad industrial con el medio ambiente, procurando que la fabricación de cemento sea lo menos lesiva posible, especialmente en lo que pueda afectar a las personas. Más adelante, Cortijo ha trasladado a los trabajadores de la factoría el plan de trabajo que se ha establecido desde el sindicato para intentar arrojar luz a la cantidad de datos contradictorios que se están manejando con relación al conflicto suscitado.
Desde CC.OO. se ha hecho hincapié en la importancia que tiene el conocer de primera mano y de forma imparcial, tanto con la dirección de la empresa como con las administraciones, en qué situación real se encuentra el caso, para poder posicionarse ante los diferentes problemas existentes.
Los trabajadores asistentes han coincidido con el planteamiento del sindicato, ratificando unánimemente la propuesta de trabajo presentada por CC.OO., que se basa, tal y como ya adelantó este periódico, en la búsqueda de los dictámenes técnicos y legales objetivos con el fin de conocer la situación actual. También se ha aprobado que sean los trabajadores los que asuman, al igual que ha ocurrido con la querella de Bosal España, los costes que se puedan derivar de estos estudios.
Una vez se disponga de los informes de los que se ha hablado, la asamblea de trabajadores se volverá a reunir para buscar las alternativas y propuestas que se puedan plantear para alcanzar un punto de encuentro que posibilite el mantenimiento de la industria cementera, el empleo y la sostenibilidad medioambiental del entorno.
Primeras reacciones
El secretario general de UGT del Camp de Morvedre, Miguel Jordà, ha afirmado: «la situación es tremendamente compleja y preocupante y además envuelta en un sin sentido que hace que se enciendan todas las alarmas. Estamos hablando de una actividad industrial que genera en torno a 500 puestos de trabajo, en principio no tiene ningún problema económico para seguir desarrollando su actividad, ya que cumple con las normativas vigentes a todos los niveles y lo pueden acreditar sus auditorias externas y hechas por organismos públicos, la relación laboral según el Comité de Empresa es adecuada, los compromisos con la administración se cumplen, tienen una de demanda importante de faena que hace pensar que la actividad tiene futuro y la continuidad de los puestos de trabajo no peligra, es decir desde el punto de vista legal, económico y de impacto ambiental parece que reúne las condiciones, para que no tenga problemas ni la empresa, ni sus trabajadores».
El representante de este sindicato en la comarca, además, ha asegurado que desde UGT se va a trabajar «codo con codo con el Comité de Empresa, para evitar que se ningune a los trabajadores de Lafarge, nadie puede jugar políticamente, ni electoralmente con el futuro de una industria, que da soporte económico y social a 500 familias, vamos a pedir junto con el Comité de Empresa, que se comprometan profesionales independientes, que analicen con rigor la situación de la actividad, exigiremos a la Conselleria que se comprometa al respecto, el Ayuntamiento debe de reunirse con urgencia con el Comité de Empresa y poner encima de la Mesa la razones técnicas que avalan su posicion política y en el supuesto de que existan cuestiones subsanables que colaboren con los trabajadores y la Dirección de la Empresa, para subsanar el tema».
