El cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana que se ha producido tras las elecciones del pasado 28-M, marcará un antes y un después en la declaración del monte de Romeu como Paraje Natural Municipal. De hecho, la anterior jefa del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, en una reunión que mantuvo a primeros de abril de 2019 con los trabajadores de la cementera, ya dejó clara cuál era la posición de esta fuerza política que ahora, cuatro años después, sí tomará las riendas del gobierno valenciano, tras formalizar un acuerdo con Vox, su aliado natural.
Efectivamente, Bonig se comprometió a derogar la declaración de Romeu como Paraje Natural Municipal, aunque no hará falta, porque en marzo de 2022 el TSJCV estimó el recurso contencioso administrativo de la cementera, anulando y dejando sin efecto el decreto del Consell de la Generalitat. Este pronunciamiento judicial no fue firme, pero el Tribunal Supremo tampoco admitió el recurso contra esta sentencia de anulación.
Un año después de aquel fallo, el pasado 17 de febrero, el pleno municipal extraordinario volvía a solicitar a la Generalitat Valenciana la declaración de la montaña Romeu como paraje natural municipal. Esta iniciativa salió adelante con los votos a favor del PSOE, Compromís y EU, y el rechazo de IP, PP, Cs, Vox y el grupo de no adscritos, integrado por el edil Carlos López.
Teniendo en cuenta que PP y Vox votaron en contra y tomando en consideración el compromiso de la anterior dirigente autonómica del PP, Isabel Bonig, todo parece indicar que esta tramitación no llegará a buen término con el nuevo gobierno de la Generalitat.
Después de ocho años de tripartitos en Sagunto, con una fuerte presencia de Compromís, sobre todo entre 2015 y 2019, legislatura en la que fue alcalde del municipio el nacionalista Francesc Fernández, podría decirse que esta fuerza política no ha logrado ni uno de los objetivos que se había propuesto alcanzar con respecto a la actividad de la planta cementera, pero, además, la multinacional ha ganado mucho tiempo en la explotación de la cantera de Salt del Llop, algo que es fundamental para garantizar la continuidad de la fábrica de cemento que se nutre de la caliza extraída en ese yacimiento.
Primer revés
A las 13:30 horas del jueves, 26 de octubre de 2017, firmaba el director general de Medio Natural y Evolución Ambiental, Antonio Marzo Pastor, la resolución definitiva que concedía a la cementera Lafarge, hoy Holcim, la prórroga de ocupación de monte público en la cantera de Salt del Llop, lo que garantizaba la continuidad de la actividad industrial de esta factoría.
De acuerdo con la citada resolución, la Dirección General de Medio Natural y Evolución Ambiental autorizaba la ocupación, solicitada por la empresa, de 33 hectáreas de terrenos del monte de utilidad pública número 131 del Catálogo de Montes de Dominio Público y Utilidad Pública de la Provincia de Valencia, sito en el término municipal de Sagunto y propiedad de su Ayuntamiento, para la explotación, incluida su restauración, de la cantera de áridos denominada “Salt del Llop” número 2366 bis.
El periodo de la prórroga quedaba establecido en los siguientes términos: «el plazo de vigencia recogido en el pliego es de 24 años y 11 meses, a partir del día 1 de enero de 2018, sin perjuicio del cumplimiento de cuantas disposiciones normativas presentes y futuras afecten a la concesión administrativa». Hay que tener en cuenta que tal autorización, de no prorrogarse, habría expirado el 31 de diciembre de 2017, es decir, que la cementera ya llevaría varios años cerrada.
Ni que decir tiene que desde el municipio el gobierno municipal presionó todo lo posible a la Generalitat, del mismo color político, para que no se le concediera a la empresa la prórroga de esta explotación, ya que, al quedarse sin materia prima para fabricar cemento, se garantizaba la finalización de la actividad industrial y, por tanto, el cierre de las instalaciones, que es, en el fondo, lo que se perseguía.
La decisión de la Generalitat, de abrirle la llave del oxígeno a la compañía con esta prórroga, a escasas semanas de que expirara la autorización, cayó como una bomba en el entorno nacionalista del gobierno municipal de Sagunto y, naturalmente, entre los vecinos de Bonilles-Romeu que residen en las inmediaciones de la cantera.
Efectivamente, Elena Azpilicueta, entonces portavoz de los residentes en el área, remitió a este periódico una nota escueta, pero muy contundente, en la que señala: «Los vecinos de Bonilles-Romeu pedimos justicia ante la indefensión que sentimos tras conocer la resolución firmada por Antonio Marzo, Director General de Medio Natural y Evolución Ambiental; con esta resolución se prórroga la actividad extractiva de la empresa y se prolonga el padecimiento de los vecinos, las nubes de polvo, desprendimientos, el ruido de las explosiones y el riesgo que supone estar a menos de 50 metros de un gran agujero en la tierra».
Pero no todos rechazaban la decisión de la Generalitat, la noticia fue muy bien acogida por los agentes económicos y sociales, tanto Cristina Plumed como Salvador Navarro, máximos responsables de ASECAM y la CEV, respectivamente, celebraron que desde el ejecutivo valenciano se garantizara la continuidad de la actividad industrial. Exactamente igual que las secretarias generales de CCOO y UGT en el Camo de Morvedre, Begoña Cortijo y Pilar Tarragón, quienes mostraron su satisfacción porque, con esta medida, se aseguraba la continuidad del empleo que genera la actividad industrial en torno a la cementera.
Plan B
Tras lograr la multinacional la prórroga para seguir explotando la cantera, el Gobierno municipal, presidido por Francesc Fernández, perdía la primera batalla, por lo que tuvo que poner en marcha un plan alternativo que pasaba por declarar Paraje Natural Municipal la montaña del Romeu.
La idea no era nueva, ya que se empezó a barajar en la legislatura 2003-2007, siendo alcaldesa del municipio la socialista Gloria Calero Albal, sostenida en el gobierno consistorial por Esquerra Unida y Compromís, en aquel tiempo Bloc Nacionalista Valencià, que ya se ocupaba de la siempre interesante Delegación de Urbanismo.
El 29 de marzo de 2019, a escasas semanas de las elecciones municipales, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publica el «Decreto 39/2019, de 15 de marzo, del Consell, de declaración como Paraje Natural Municipal del enclave Romeu, en el término municipal de Sagunto», que fue aprobado por el ejecutivo autonómico el 15 de marzo. Cabe destacar que esta declaración se quedó dos veces pendiente de aprobación, en concreto los dos viernes anteriores, es decir, el 1 y el 8 de marzo, lo que puso de relieve lo mucho que costó consensuar el acuerdo entre los socios del pacte del Botànic, ya que el PSOE era la fuerza más reticente.
La declaración de Paraje Natural Municipal, promovida desde Sagunto, no impedía a la cementera continuar con la actividad extractiva en su actual ubicación, sin embargo, el artículo 28 de esta disposición prohibía expresamente que Lafarge pudiera extraer caliza en la zona de Margas y zona Norte, donde también tiene derechos mineros: «Artículo 28. Actividades extractivas y mineras En consecuencia con lo establecido en el art. 4 de este decreto y del artículo 2 del anexo III de las Normas Básicas de Ordenación, se prohíbe la realización de actividades extractivas y mineras en el ámbito del Paraje Natural Municipal, al tratarse de una actividad que genera impactos irreversibles en los valores naturales que se pretende proteger mediante esta norma».
Esto significaba que cuando se acabasen las reservas de caliza existentes en su actual ubicación, la empresa, al no poder ampliar la zona extractiva, tendría que echar el cierre por falta de materia prima, tal y como se advertían desde la propia cementera: «La declaración del Paraje Natural Municipal de Romeu, en los términos en que se plantea su artículo 28, prohibiendo expresamente cualquier actividad extractiva de manera genérica, supondrá la paralización de la cantera a medio plazo y, por tanto, hará inviable la continuidad de la actividad de la fábrica de cemento».
De esta manera se cumplía el compromiso electoral de Compromís, adquirido en las elecciones de 2015, de poner fin a las actividades de la cantera y, en consecuencia, forzar el cierre de la cementera. Como ya se ha indicado, en marzo de 2022 el TSJCV estimó el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa, anulando y dejando sin efecto el decreto del Consell de la Generalitat. Este pronunciamiento judicial no fue firme, pero el Tribunal Supremo tampoco admitió el recurso contra esta sentencia de anulación.
Ocho años perdidos
Inaugurándose este sábado, 17 de junio, una nueva legislatura municipal en el Ayuntamiento de Sagunto, donde Compromís reduce su representación en el consistorio a una presencia testimonial y volviendo la vista atrás, no cabe ninguna duda de que los nacionalistas de Sagunto no han alcanzado ni un solo objetivo de los que se marcaron en 2015 para cerrar la cantera y, por tanto, forzar la paralización de la cementera.
Le pusieron mucho empeño, pero no se logró impedir que se prorrogara el tiempo de explotación de la cantera y aunque se consiguió que la montaña sí se declarara Paraje Natural Municipal, el decreto fue anulado, al no pasar el filtro de los tribunales.
Es evidente, por tanto, que después de ocho años no se ha obtenido ningún avance, de ahí que algunas voces hayan defendido desde el principio la necesidad de continuar desarrollando el convenio que en 2013 suscribieron la empresa y el Ayuntamiento de Sagunto, aprobado en pleno municipal por el PSOE, IP y PP.
Según lo establecido en este pacto entre el consistorio y la multinacional, la fecha tope para seguir explotando Salt del Llop no se situaba en 2042, sino en 2030 o antes, incluso, dependiendo de la prontitud con la que se pudiera anticipar la apertura de El Piñal, que era la alternativa extractiva a Salt del Llop.
Se puede concluir, por consiguiente, que la cementera es la única que ha sacado ventaja de estos años de enfrentamientos y líos judiciales, propiciados desde la administración municipal, mientras que los afectados de Bonilles-Romeu son los que han salido peor parados. Si se hubiera seguido avanzando en el desarrollo del convenio, seguramente se habría avanzado mucho más.
