En un auto dictado el pasado 17 de noviembre por el Juzgado núm. 4 de los de Sagunto, se admite a trámite la querella criminal presentada el pasado 27 de julio por CC.OO., como acusación popular, contra la multinacional belga, matriz de la empresa Bosal, y sus más altos directivos, entre ellos los que gestionaban la fábrica de Sagunto.
En el apartado segundo de los fundamentos de derecho, el auto señala textualmente que: «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
En el punto tercero del documento se indica que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».
En el tercer apartado, dentro del capítulo de fundamentos de derecho, referente a la petición de fianza solicitada por la parte demandante, el auto señala: «en cuanto a la prestación de la fianza solicitada a instancias de la acusación popular, en la cantidad de 14.688.468, 85 euros de principal, más el 30% de intereses y costas, de conformidad con los artículos 589 y 764 de la LECRIM., no procedepor el momento su adopción para asegurar las responsabilidades pecuniarias de los querellados, sin perjuicio de adoptarse en un momento posterior y, una vez oídos a los querellados. Fianza que se adoptará en cuantía suficiente para asegurar sus responsabilidades pecuniarias, procediendo subsidiariamente al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes».
En la parte dispositiva, el auto, además de admitir a trámite la querella, ordena la práctica de hasta 44 diligencias, siendo de destacar, que será requerido el administrador concursal para tomarle declaración, y se oficiará al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de de Valencia para que aporte testimonio de la solicitud de concurso de la mercantil Bosal.
Satisfacción en CC.OO.
El sindicato de CC.OO. del Camp de Morvedre, que actúa como acusación popular en este procedimiento penal, tras conocer el auto por el que el Juzgado de Sagunto admite la querella a trámite, ha emitido una escueta nota de prensa en al que califica de muy importante la admisión a trámite de la acción legal: «Para CCOO es muy importante el hecho de que esta querella se haya admito a trámite. Un paso, sin duda, importante para determinar las responsabilidades de quienes, con sus responsabilidades, han causado un gran quebranto para los trabajadores y sus familias».
Más adelante, el comunicado de CC.OO. señala que a partir de ahora se abre un periodo en el que el juzgado va a instruir diligencias previas encaminadas a determinar el procedimiento aplicable. Una vez oídos los querellados, y si la juez comprueba que existen claros indicios de delito, podría determinarse las fianzas necesarias para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias de los despidos improcedentes de los trabajadores y trabajadoras de Bosal España.
Señalar por otro lado que para explicar en profundidad el auto y su posible alcance, CC.OO. realizará una asamblea de la plantilla de Bosal para el próximo martes, donde, además de Begoña Cortijo, secretaria general, y Emilio Lamas, asesor de la Unión, estará presente el abogado penalista que está dirigiendo el caso.
Reunión en Valencia
El subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Valderrama, y el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, Vicente Escrivá, así como el portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa, se han reunido hoy en Valencia con una representación de los trabajadores de la planta de Bosal en Sagunto y la responsable comarcal de Comisiones Obreras, Begoña Cortijo. Una reunión en la que los miembros de Bosal han trasladado, a los representantes del Gobierno, sus preocupaciones tras la declaración del concurso de acreedores a la que está sometida la planta, en especial, de la situación en relación con las cuotas de la Seguridad Social de los empleados.
Tanto el Subdelegado como el director Provincial han mostrado su interés por todas las acciones judiciales emprendidas por los trabajadores, a los que han trasladado que la Tesorería esperará a la resolución del concurso de acreedores para adoptar las medidas que procedan a la vista del auto. Por su parte, Muniesa ha reiterado el total apoyo del PP y su Grupo Municipal a los trabajadores de Bosal.
