La SAG iniciará el próximo martes, 9 de abril, diferentes trabajos de jardinería en la calle Periodista Azzati de Puerto de Sagunto. Las actuaciones, que se desarrollarán hasta el 12 de abril, consistirán en la tala y el destoconado de las especies invasoras existentes (Ailanthus). Esta técnica consiste en sacar del terreno los trozos de tronco llamados tocones y rellenar los huecos durante las labores de desbroce del terreno.

Teniendo en cuenta que el tocón puede convertirse en un problema porque puede deteriorar las aceras, ofrecer un impacto visual negativo o convertirse en un foco de enfermedades para el resto del jardín, desde la SAG se procederá en la medida de lo posible a su retirada total.

A estos trabajos se le suma la mejora del terreno vegetal, la adecuación del sistema de riego, así como la plantación de nuevas especies vegetales autóctonas respetuosas con el medio natural y urbano donde se ubican.

Para facilitar las tareas, de 7:30 a 14 horas, período durante el cual se desarrollarán los trabajos, no se podrá aparcar en dicha zona, por lo que se aconseja a los vecinos que busquen alternativas para estacionar sus vehículos con suficiente antelación.

El objetivo de estos trabajos en la calle Periodista Azzati es acabar con la proliferación de Ailanthus, así como proporcionar una mayor biodiversidad y vistosidad a esta zona con las nuevas especies vegetales que se plantarán, entre ellas, arbustos coloridos y árboles de bajo porte.

La situación de estancamiento en la que se encuentra el litigio del malecón de la extinta Compañía Minera de Sierra Menera ha suscitado reacciones, tanto en la parte que promueve un proyecto urbanístico para esta zona, como en el movimiento vecinal que defiende que este espacio sea público y verde. Como ya informó este periódico el pasado 27 de marzo, la empresa Prosagunsa, propietaria de esos terrenos por sentencia judicial, indicaba que no se han producido avances en las negociaciones con el Ayuntamiento de Sagunto sobre el futuro desarrollo urbanístico del malecón, por lo que consideran que desde el Gobierno municipal no se está atendiendo al interés de la ciudadanía.

En su comunicado, la compañía recordaba que «El pasado mes de Julio, Prosagunsa decidió cerrar el paso en la parcela del Malecón de Menera, de la cual es propietaria, tras una llamada del alcalde Darío Moreno, bajo su disposición de sentarse a negociar una salida beneficiosa para todas las partes y, sobre todo, pensando en el bien de la ciudadanía, ya que era época estival, Prosagunsa reabrió la parcela y se puso a trabajar en un ambicioso proyecto urbanístico para desarrollar en ella, en octubre Prosagunsa presentó el proyecto en una acto al que el alcalde estaba invitado y al que él no acudió. Este proyecto contemplaba una inversión aproximada de 200 millones de euros, que beneficiaría notablemente al municipio de Sagunto».

Por su parte, la Plataforma Malecón Público y Verde emitió una nota informativa el pasado miércoles, tres de abril, acusando al gobierno municipal de desidia en su defensa de este espacio como futuro parque urbano. A este respecto, desde la plataforma denunciaban que ya han pasado casi seis meses desde la aprobación de una moción con una serie de puntos, los cuales se habían ignorado en su mayoría, como, por ejemplo, el de la creación de una Comisión Informativa Especial.

Se pretende que en dicha comisión especial se aborde todo lo relacionado con el Malecón de Menera, en un órgano donde tengan voz las asociaciones que se creen la defensa de este espacio, tal y como señalaba el documento aprobado el pasado 5 de octubre. Sin embargo, para la Plataforma, que algo tan sencillo como crear esta comisión todavía no se haya realizado, demuestra «la inacción y la falta de interés del alcalde», Darío Moreno, en este tema.

Protesta en el pleno

Con estos antecedentes, la Plataforma Malecón Público y Verde, en vistas de que el gobierno municipal de Sagunto, de amplísima mayoría socialista, no ha realizado ningún movimiento, decidió presentarse en el pleno municipal ordinario de ayer jueves, donde desplegó una amplia pancarta con el eslogan: «Contra la especulación Malecón público y verde», tal y como recoge la imagen. En esta sesión plenaria también intervino, desde el público y en representación de esta agrupación de entidades, Ramón García Ortín, quien desarrolló algunos aspectos de la situación en la que se encuentra este enquistado litigio.

El representante de la plataforma dejó claro que «el tipo de concesión por la que en 1902 se autorizó la construcción del embarcadero de minerales a la Compañía Minera de Sierra Menera, nunca, nunca, nunca, transmite la propiedad de esos terrenos a la concesionaria, ni con la legislación de Costas del siglo XXI, ni con la del siglo XX, ni con la ley de Puertos del siglo XIX con la que se otorgó».

Esta afirmación la realizó, apoyándose en fallos judiciales del más alto tribunal español, asegurando que: «Pueden consultar toda la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es unánime al respecto».

También se refirió Ramón García a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que reconoce a Prosagunsa como propietaria de los terrenos: «La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de diciembre del 2010, falla en el mismo sentido, diciendo: “En definitiva, dichos terrenos pasaron a propiedad del concesionario cuyo título de propiedad… lo constituye…la concesión dada por RO de 11-8-1902, previa a la Ley de Costas de 1988, cuya disposición transitoria segunda por ello es aplicable”, disposición que dice: “Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público en todo caso.”».

Más adelante, García se refirió a la caducidad de la concesión: «Y la situación jurídica, como dice la disposición, la determinan las cláusulas concesionales, o en palabras del Tribunal Supremo, la ley de cada concesión son sus cláusulas concesionales, que en el caso del Malecón conducen inexorablemente a la caducidad de la concesión que debería haber realizado ya la Administración en el año 1987, cuando la CMSM paró su actividad y entró en liquidación y sigue sin hacerlo».

Declaración de caducidad

En este sentido aclaraba el representante de la plataforma, durante su intervención en el pleno: «por tanto, no hay que atacar la sentencia de la APV, al contrario, hacer que la Administración la cumpla en sus estrictos términos y, por tanto, exigir a la Administración la declaración de caducidad de la concesión, por motivos más que evidentes, para que cesen todos los derechos de propiedad particular sobre El Malecón». Añadiendo, a continuación: «en síntesis, la propiedad es de la inmobiliaria mientras la Administración no declare la caducidad de la concesión, así que durante más de 30 años se nos viene usurpando a todos el disfrute de ese espacio de situación privilegiada».

Por otro lado y respecto al deslinde, García dijo: «En cuanto al deslinde, a pesar de que el Tribunal Supremo, en la sentencia de 3 enero del 2002, falló que no había ningún motivo para hacer un nuevo deslinde que sacara el Malecón de la Zona Marítimo Terrestre, la Administración con la ministra del PP Isabel García Tejerina a la cabeza, lo hizo, deslinde que, recurrido por el Ayuntamiento, la Audiencia Nacional en su sentencia de junio del 2018 volvió a fallar lo mismo, que no había motivos para sacar el malecón de la Zona Marítimo Terrestre».

Sin embargo, también significó Ramón García que el cambio del Gobierno en España no incidió en que se modificara el criterio: «Y a pesar de ello, la Administración de la ministra Teresa Ribera, del PSOE, vuelve a insistir con un nuevo deslinde cuya esperpéntica configuración, para más INRI, es una humillación y un escarnio para toda la ciudadanía».

Concluyó su intervención en el pleno apelando al bien común: «Por ello, por el bien común, se impone que todos los concejales del ayuntamiento, los 25, y el alcalde el primero, utilicen todos los resortes en sus manos, tanto administrativos, como judiciales o políticos, para que, en virtud de la sensatez, la legalidad y la Constitución, el Malecón pueda definitivamente transformarse en un espacio verde y público para disfrute de todos los españoles y, en especial, los de nuestro municipio. Porque ya vale, y como se dice, caiga quien caiga».

La segunda jornada de huelga de thyssenkrupp Galmed, que empezó a las 22 horas de ayer jueves 4 de abril y finalizará hoy a las 22 horas, también está siendo secundada masivamente por la plantilla de esta empresa que, durante esta mañana, se ha concentrado en el acceso del polígono siderúrgico para reclamar ante la delegación de representantes del grupo thyssenkrupp que se garantice el futuro de la factoría saguntina.

Durante la reunión mantenida entre representantes de la dirección de thyssenkrupp, del Comité de Empresa y de CCOO, la empresa ha vuelto a enmarcar la decisión de cerrar la factoría saguntina en el contexto internacional del mercado del acero y del sector auto y aunque valora las propuestas recibidas desde las Administraciones, no las considera satisfactorias y aunque no se niega a seguir negociando, continúa con la idea de cerrar y deslocalizar la producción como ya anunció en noviembre del año pasado.

El Comité de Empresa de thyssenkrupp Galmed reclama al grupo empresarial y a las administraciones, propuestas que hagan viable la continuidad de la factoría a largo plazo. En este sentido, Antonio Monferrer, presidente del Comité de Empresa señala que «durante la reunión mantenida hemos reclamado a thyssenkrupp que plantee un proyecto empresarial sostenible más allá de las ayudas públicas y por tanto, provenientes del esfuerzo de todas las personas trabajadoras. Si la Administración pone los medios, no se entendería que thyssenkrupp pierda capacidad productiva y la oportunidad de mejorar en competitividad, por seguir una visión miope que solo busca maximizar beneficios a corto plazo, en este caso, persistir en la deslocalización sería un alarde de irresponsabilidad social corporativa».

Por su parte, Sergio Villalba, Secretario en Camp de Morvedre i Alt Palància de CCOO, señala que «la reindustrialización de nuestra comarca ha de pasar por la generación de empleo sostenible y de calidad, la deslocalización de producciones no es el camino».

Finalmente, Juan José Picazo, secretario de CCOO Industria PV señala: «Será necesario implicar a más administraciones y reclamar la activación de mecanismos ya existentes pero es preciso un pacto de estado por la industria, para generar empleo sostenible de calidad y generar riqueza que contribuya al desarrollo de la sociedad».

El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto acordó en la sesión ordinaria de ayer instar al Consell de la Generalitat a parar la puesta en marcha del proyecto de reforma de la Ley de Plurilingüismo anunciada por la Conselleria de Educación y a consultar a especialistas que evalúen el plan de plurilingüismo con la intención de analizar cómo funciona, cuáles son sus aspectos de mejora y, en función de esto, plantear los cambios necesarios. Además, se acuerda instar también a hacer un diagnóstico del “distrito único” y su impacto en el sistema educativo, en el cual pueda participar toda la comunidad educativa.

La moción presentada por el concejal del PSOE, Raúl Palmero, que contó con una enmienda de Compromís, la votaron a favor PSOE, Compromís y EU-PODEM, mientras que se abstuvo IP y votaron en contra PP y VOX.

Esta moción surge de la confirmación por parte del conseller de Educación, José Antonio Rovira relativa a un posible cambio de la ley de plurilingüismo para «realizar una consulta a las familias y no a los Consejos Escolares». La moción asegura que estas medidas se presentan «con la falsa premisa de la “libertad de elección” de las familias». Añade que se ha propuesto «por un lado, la elección de la “lengua base”, un concepto sin referencias en la literatura académica y, por otro lado, un controvertido modelo de admisión escolar como el “distrito único”».

La ordenación de la competencia de las lenguas en el sistema educativo viene determinada desde la introducción del valenciano en la enseñanza y se ha regido por principios pedagógicos desde la aprobación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) en 1983. Esta ley nació con «apoyo popular y ciudadano innegables y con un ánimo social de recuperar el valenciano». «Así, nuestra lengua, progresivamente, entraba en nuestro sistema educativo primero como área y después como “lengua vehicular” para cumplir el objetivo y el derecho de todos los niños y niñas de aprender y ser competentes en las dos lenguas», se añade en la moción.

Asimismo, mediante esta ley disponía «las bases para el retorno y el prestigio en el uso social, administrativo y profesional y para recuperar no solo un elemento central de nuestra cultura e identidad, sino también un factor de cohesión de una sociedad tan rica y diversa como la valenciana».

En 2018, con el gobierno del Botánico, se aprobó «en las Cortes por una amplia mayoría la “Ley por la cual se promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano”», más conocida como Ley de plurilingüismo. El objetivo de esta era el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales, así como la estructura de la enseñanza y el uso vehicular de las lenguas curriculares. Esta finalidad «conecta con el espíritu de la LUEV» y es coherente «con el especial respeto y protección de las diferentes modalidades lingüísticas que determina la Constitución».

«La consecución de este objetivo se logra a través de un programa específico, el Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI), que tiene que aplicar cada centro educativo, siguiendo una norma de porcentajes mínimos», expresa la moción.

Así pues, la Ley de plurilingüismo, tal y como está formulada, «garantiza no solo la presencia del valenciano en el sistema educativo, sino que lo hace para todas las etapas de escolaridad y en todo el territorio, y se implementa de manera autónoma, con criterios y decisiones profesionales y el consenso por parte de los agentes implicados».

Por lo tanto, en la moción se asevera que «cualquier cambio en la dirección anunciada por el actual Consell supondría romper el consenso y la democracia interna de los centros escolares, dejaría una parte del alumnado sin la posibilidad de acceder a la competencia en valenciano, crearía desigualdad en un mismo territorio y abocaría a las familias a tomar una decisión y una responsabilidad que pertenece a la Administración».

El nuevo Consell, además, plantea el restablecimiento del llamado distrito único. Este modelo «resulta segregacionista y rompe, por otro lado, las premisas de igualdad y justicia social porque supone desplazar y confundir un derecho con el deseo, la reivindicación o un interés».

La moción critica también «la falsa idea de “libertad de elección de centro”», que pretende instaurar la conselleria de Educación, ya que esto haría que las familias tengan que buscar y conocer bien todos los centros educativos, cosa que «no es real». Además, «no todos los centros pueden cubrir la demanda que pueda generarse», por lo que se añade que el distrito único «no garantiza la escolarización en los centros que quieren los padres y las madres». Por último, la responsabilidad de ordenación y admisión del alumnado pasaría «de la Administración a criterio de los centros».

Esto supondrá que «los niños y niñas de familias con menos recursos y menos información se concentrarán en unos centros y los de la “minoría ilustrada” en otros». Esto, además, provocará un destrozo «de la planificación educativa», deslocalizando «la enseñanza del entorno social de cada centro» y provocando «que los centros con mayor demanda obtengan más recursos y que aquellos que no tienen tanta se conviertan en “guetos”». La moción añade: «La educación de calidad como proceso de escolarización transversal y democrático tiene que ser equivalente para todos y todas».

A esta parte expositiva, se añade la enmienda presentada por Compromís, que explica que las universidades de Valencia y Alicante, a través de la unidad por la educación multilingüe, ya han enviado un informe a la Conselleria de Educación pidiendo la retirada de la proposición de ley «porque comporta una profunda modificación del sistema educativo valenciano en detrimento de nuestra lengua». Asimismo, añade: «Se basa en una idea falaz de libertad educativa, la libertad de elección de los progenitores y se obvia la situación sociolingüística tan desigual entre las dos lenguas oficiales, de forma que se puede convertir en un instrumento para reducir la presencia del valenciano e impedirá el desempeño de uno de los objetivos primordiales de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que el alumnado acabe la escolaridad con una competencia de las dos lenguas oficiales». Asimismo, también se apunta que la desaparición como lengua vehicular en las zonas castellanohablantes «supondrá una discriminación y una desventaja para el alumnado en su futuro académico y profesional».

La moción sostiene que en una sociedad «tan diversa, compleja y desigual, la función social de la educación es un catalizador para mitigar esas desigualdades y, por lo tanto, es falso que todas las familias tengan la misma información y condiciones para acceder a la misma escuela. Es ilusorio, socialmente injusto y democráticamente insostenible».

En el texto de la moción se plantea la diferencia entre la libertad de oferta educativa pública, privada y concertada y la libertad de elección de centro. «La actuación pública, como Administración, tiene una importantísima función de equivalencia social y de igualdad, de garantía de los derechos de los individuos, de la planificación educativa y no como la suministradora de un recurso escaso que se tiene que repartir en función de una demanda», concluye la moción.