Son 7.291 las razones por las que Isabel Díaz Ayuso (IDA) debería dimitir, ser juzgada y condenada a prisión. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué se niega a hacer públicas las actas de la Policía Municipal de Madrid en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, donde dejo morir a 7.291 personas? Y si hablamos de los escándalos económicos de su pareja ¿por qué veta las iniciativas de la oposición para indagar y esclarecer el caso, si no tiene nada que ocultar? Estos ejemplos demuestran, una vez más, la impunidad con la que actúa IDA y el PP, porque tienen a la caverna mediática y a la judicatura ultraconservadora, que los defiende y protege. Y Núñez Feijóo no dice ni hace nada, quedando en evidencia su incapacidad para ejercer su autoridad como presidente del PP.
Una judicatura que, como me decía un amigo conocedor de las altas esferas de la justicia, es el sector más ultraconservador y corrupto en España. Y no le falta razón. Archivan causas o dictan sentencias a favor de sus amigos del PP como las del juez García Castellón, entre otros, y un Poder Judicial, con el mandato caducado, que se atreve a decir que la ley de amnistía es inconstitucional, cuando ellos llevan 5 años incumpliéndola. Por eso, el PP no quiere su renovación, porque pretende seguir controlando la justicia. Ya lo dijo el portavoz de justicia del PP en la Comunidad de Madrid «el PP tiene el apoyo de la carrera judicial». Y lo dice sin esconderse y sin complejos, como hace también Miguel Ángel Rodríguez cuando dice «No necesitas comprar un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente».
No es extraño, por tanto, que los medios afines al PP amplifiquen la campaña de acoso y derribo del PP-VOX contra el gobierno de coalición PSOE-SUMAR, que han intensificado por el caso ‘Koldo’ y la cercanía de las elecciones autonómicas en el País Vasco, Cataluña y las europeas. Saben que el ruido y la crispación les suele beneficiar porque no hace mella en su electorado conservador, que soporta las mentiras y la corrupción, siempre que sea de los suyos, como se ve en la alta participación electoral en los barrios adinerados y, en cambio, tiene un alto precio para el PSOE y las fuerzas políticas a su izquierda porque desmoviliza al votante progresista y de izquierda.
Mientras el PP-VOX arremeten contra Sánchez y el PSOE en el citado caso ‘Koldo’, eliminan la oficina contra la corrupción en Baleares y cambian la ley de la oficina antifraude de la Comunidad Valenciana para acomodarla a sus intereses. Y sobre las comisiones que se han creado en el Congreso y en el Senado, en mi opinión sirven para muy poco, salvo para seguir con el «usted más». Si de verdad se quiere combatir la corrupción, es necesario poner en marcha medidas para prevenirla y combatirla, venga de donde venga y tenga el corruptor el carné que tenga, como las que ha planteado Yolanda Díaz, entre otras.
El caso ‘Koldo’, el de IDA y su pareja o la ley de amnistía, no pueden ocupar toda la agenda política en nuestro país. Por eso, es necesario volver a situar, en el centro del debate político, la agenda social y laboral del gobierno de coalición en relación con la reforma del subsidio de desempleo, la reducción de jornada sin merma salarial, la reforma del despido, la accesibilidad a la vivienda, reforzar las políticas de igualdad y contra la violencia de género o la derogación de la ‘ley mordaza’, pendiente desde la anterior legislatura, entre otras.
No obstante, tengo la sensación de que Sánchez y el PSOE no están por la labor. Su resistencia a medidas acordadas en el acuerdo de gobierno, entre las que se encuentran algunas de las antes mencionadas, y la no convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, es de una irresponsabilidad que puede traer consecuencias. Desistir de los PGE de este año 2024, sin contar con su socio de gobierno ni sus aliados parlamentarios, es una deslealtad que ahonda más las diferencias. Y lo más indignante es que el PSOE acuse a Yolanda Díaz, con el objetivo de mermar su prestigio y credibilidad, de la no aprobación por parte de los Comunes de los Presupuestos de la Generalitat y el adelanto electoral, cuando los únicos culpables han sido el PSC y ERC por espurios intereses electoralistas. ¿Acaso pretende Sánchez con su estrategia crearse más enemigos y más problemas, de los que ya existen? Defiendo y apoyo el acuerdo de gobierno PSOE-SUMAR, como antes lo hice con el del PSOE-UP, pero Yolanda Díaz y SUMAR tienen que ponerse firmes, marcar terreno y perfil propio frente al PSOE y exigir el cumplimiento del programa de gobierno. Y si no se cumple, tendrán que reflexionar sobre qué hacer.
José María López Barquero
