El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto acordó en la sesión ordinaria de ayer instar al Consell de la Generalitat a parar la puesta en marcha del proyecto de reforma de la Ley de Plurilingüismo anunciada por la Conselleria de Educación y a consultar a especialistas que evalúen el plan de plurilingüismo con la intención de analizar cómo funciona, cuáles son sus aspectos de mejora y, en función de esto, plantear los cambios necesarios. Además, se acuerda instar también a hacer un diagnóstico del “distrito único” y su impacto en el sistema educativo, en el cual pueda participar toda la comunidad educativa.
La moción presentada por el concejal del PSOE, Raúl Palmero, que contó con una enmienda de Compromís, la votaron a favor PSOE, Compromís y EU-PODEM, mientras que se abstuvo IP y votaron en contra PP y VOX.
Esta moción surge de la confirmación por parte del conseller de Educación, José Antonio Rovira relativa a un posible cambio de la ley de plurilingüismo para «realizar una consulta a las familias y no a los Consejos Escolares». La moción asegura que estas medidas se presentan «con la falsa premisa de la “libertad de elección” de las familias». Añade que se ha propuesto «por un lado, la elección de la “lengua base”, un concepto sin referencias en la literatura académica y, por otro lado, un controvertido modelo de admisión escolar como el “distrito único”».
La ordenación de la competencia de las lenguas en el sistema educativo viene determinada desde la introducción del valenciano en la enseñanza y se ha regido por principios pedagógicos desde la aprobación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) en 1983. Esta ley nació con «apoyo popular y ciudadano innegables y con un ánimo social de recuperar el valenciano». «Así, nuestra lengua, progresivamente, entraba en nuestro sistema educativo primero como área y después como “lengua vehicular” para cumplir el objetivo y el derecho de todos los niños y niñas de aprender y ser competentes en las dos lenguas», se añade en la moción.
Asimismo, mediante esta ley disponía «las bases para el retorno y el prestigio en el uso social, administrativo y profesional y para recuperar no solo un elemento central de nuestra cultura e identidad, sino también un factor de cohesión de una sociedad tan rica y diversa como la valenciana».
En 2018, con el gobierno del Botánico, se aprobó «en las Cortes por una amplia mayoría la “Ley por la cual se promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano”», más conocida como Ley de plurilingüismo. El objetivo de esta era el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales, así como la estructura de la enseñanza y el uso vehicular de las lenguas curriculares. Esta finalidad «conecta con el espíritu de la LUEV» y es coherente «con el especial respeto y protección de las diferentes modalidades lingüísticas que determina la Constitución».
«La consecución de este objetivo se logra a través de un programa específico, el Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI), que tiene que aplicar cada centro educativo, siguiendo una norma de porcentajes mínimos», expresa la moción.
Así pues, la Ley de plurilingüismo, tal y como está formulada, «garantiza no solo la presencia del valenciano en el sistema educativo, sino que lo hace para todas las etapas de escolaridad y en todo el territorio, y se implementa de manera autónoma, con criterios y decisiones profesionales y el consenso por parte de los agentes implicados».
Por lo tanto, en la moción se asevera que «cualquier cambio en la dirección anunciada por el actual Consell supondría romper el consenso y la democracia interna de los centros escolares, dejaría una parte del alumnado sin la posibilidad de acceder a la competencia en valenciano, crearía desigualdad en un mismo territorio y abocaría a las familias a tomar una decisión y una responsabilidad que pertenece a la Administración».
El nuevo Consell, además, plantea el restablecimiento del llamado distrito único. Este modelo «resulta segregacionista y rompe, por otro lado, las premisas de igualdad y justicia social porque supone desplazar y confundir un derecho con el deseo, la reivindicación o un interés».
La moción critica también «la falsa idea de “libertad de elección de centro”», que pretende instaurar la conselleria de Educación, ya que esto haría que las familias tengan que buscar y conocer bien todos los centros educativos, cosa que «no es real». Además, «no todos los centros pueden cubrir la demanda que pueda generarse», por lo que se añade que el distrito único «no garantiza la escolarización en los centros que quieren los padres y las madres». Por último, la responsabilidad de ordenación y admisión del alumnado pasaría «de la Administración a criterio de los centros».
Esto supondrá que «los niños y niñas de familias con menos recursos y menos información se concentrarán en unos centros y los de la “minoría ilustrada” en otros». Esto, además, provocará un destrozo «de la planificación educativa», deslocalizando «la enseñanza del entorno social de cada centro» y provocando «que los centros con mayor demanda obtengan más recursos y que aquellos que no tienen tanta se conviertan en “guetos”». La moción añade: «La educación de calidad como proceso de escolarización transversal y democrático tiene que ser equivalente para todos y todas».
A esta parte expositiva, se añade la enmienda presentada por Compromís, que explica que las universidades de Valencia y Alicante, a través de la unidad por la educación multilingüe, ya han enviado un informe a la Conselleria de Educación pidiendo la retirada de la proposición de ley «porque comporta una profunda modificación del sistema educativo valenciano en detrimento de nuestra lengua». Asimismo, añade: «Se basa en una idea falaz de libertad educativa, la libertad de elección de los progenitores y se obvia la situación sociolingüística tan desigual entre las dos lenguas oficiales, de forma que se puede convertir en un instrumento para reducir la presencia del valenciano e impedirá el desempeño de uno de los objetivos primordiales de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que el alumnado acabe la escolaridad con una competencia de las dos lenguas oficiales». Asimismo, también se apunta que la desaparición como lengua vehicular en las zonas castellanohablantes «supondrá una discriminación y una desventaja para el alumnado en su futuro académico y profesional».
La moción sostiene que en una sociedad «tan diversa, compleja y desigual, la función social de la educación es un catalizador para mitigar esas desigualdades y, por lo tanto, es falso que todas las familias tengan la misma información y condiciones para acceder a la misma escuela. Es ilusorio, socialmente injusto y democráticamente insostenible».
En el texto de la moción se plantea la diferencia entre la libertad de oferta educativa pública, privada y concertada y la libertad de elección de centro. «La actuación pública, como Administración, tiene una importantísima función de equivalencia social y de igualdad, de garantía de los derechos de los individuos, de la planificación educativa y no como la suministradora de un recurso escaso que se tiene que repartir en función de una demanda», concluye la moción.
