Que el Estado aumente el número de prestaciones del salario mínimo vital, es importante. Que presuma de ello, es muy triste. La sensibilidad social de un Gobierno se mide, entre otras cosas, por su capacidad para entender que el hecho de otorgar más ayudas solo responde a una falta de solvencia de la economía que lleva a situaciones de necesidad a cada vez más familias. Con ese baremo, la sensibilidad de quienes nos dirigen es nula. Claro que, visto desde otra perspectiva, probablemente la que emplea la ministra Montero, cuantas más ayudas se otorguen, más dócil y permisiva al Gobierno dominante es la sociedad y, quizá, sea de eso de lo que quiere presumir el Gobierno Sánchez.
Por mucho que quiera esforzarse la ministra de Hacienda en hacernos creer que somos el país que más crece, no deja de ser cierto que solo las artimañas estadísticas pueden conducir a la veracidad de esta afirmación. Lo que se ve en la calle es justo lo contrario. Algo está fallando si presumimos de ser la mejor economía de la Unión Europea y, al mismo tiempo, cada vez más familias necesitan ayudas para llegar al final de mes.
La disparatada inflación a que se nos ha sometido en los últimos años es el verdadero problema a que se enfrentan, a día de hoy, las economías familiares. Cualquier aumento de salario se ve eclipsado por el aumento de los precios de los productos básicos y, con ello, el poder adquisitivo se reduce sistemáticamente hasta rebajar al máximo la densidad de población de los frigoríficos domésticos.
En estas circunstancias, sería lógico pensar que el Gobierno debe moderar su voracidad recaudatoria para permitir que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos, de forma que, con ello, aumente (o, al menos, se mantenga) el consumo y se genere (o, también al menos, se mantenga) el empleo.
Lejos de esto, el Gobierno presume, una vez tras otra, de haber aumentado la recaudación tributaria, pero sigue sin bajar los tipos impositivos. En eso, la inflación no deja de ser un componente fundamental y, quizá por eso, no se hagan mayores esfuerzos en reducirla. Cuanto más caros sean los productos que adquirimos, mayor es la recaudación por IVA, y cuanto más se actualicen los salarios como consecuencia de su actualización al IPC, más ingresará el Gobierno en concepto de IRPF.
Si la ecuación es tan sencilla y la voluntad del Gobierno fuese, realmente, el bienestar económico y social de los ciudadanos, la solución más simple pasaría por adaptar los tipos impositivos a la realidad económica y, con ello, mantener los niveles de recaudación y la capacidad de consumo de los ciudadanos.
Deflactar la tarifa del IRPF resultaría ser la opción más inmediata y lógica de cuantas se puedan plantear para equiparar la realidad económica a la tributaria. No significa rebajar los tipos impositivos, sino actualizar los tramos a la economía de la calle. No hacerlo, implica una mayor tributación por un presunto incremento salarial que, de ninguna manera, llega a compensar la continua y disparada inflación de la cesta de la compra.
España no ha recuperado aún la renta per cápita anterior a la pandemia y, sin embargo, los precios acumulan casi un 17% de incremento, mientras casi cuatro millones y medio de españoles están en situación de pobreza. ¿De verdad hay algo de lo que presumir? Como no sea de miopía económica o de egoísmo tributario, yo no encuentro motivo alguno.
No puede ser un logro empobrecer a un país, salvo que esa sea la estrategia política para mantenerse en el poder. No se puede hacer un discurso triunfalista cuando la realidad es que cada vez son más los ciudadanos que recurren a las ayudas públicas para poder sobrevivir. Y no puede considerarse un éxito ver cómo cada vez son más los ciudadanos que no pueden tener una vida autónoma, resultante de su esfuerzo y su trabajo.
El incremento acumulado de 37.000 millones de euros de recaudación por IRPF desde 2018 implica que algo no se está haciendo bien, más aún cuando, con datos del Banco de España, más de la mitad es consecuencia del proceso inflacionista que venimos sufriendo en los últimos años. No cabe más solución que adaptar las políticas públicas, también las económicas, a la realidad que se vive. Ponerse de perfil mientras se ve como la sociedad se empobrece y solo el Gobierno dispone de más recursos para mantener sus chiringuitos ideológicos y propagandísticos demuestra una impresionante falta de sensibilidad para dirigir un país y dejarlo, a medio plazo, tocado y hundido.
Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites
