La desaladora de Sagunto se tiene que poner en marcha, sí o sí, antes de marzo de 2019. Si no se cumple con este plazo, se van a perder importantes ayudas económicas que provienen de los fondos de desarrollo europeo, en concreto, un 20% de la inversión.
Como este tema de las desaladoras puede ser una ruina para los municipios que están afectados, ya que, en el caso de Sagunto, hablamos de una cuantía de 65 millones de euros que tendrían que pagar los vecinos en el recibo del agua, el pasado martes, 11 de diciembre, la Comisión de Obras Públicas Infraestructuras y Transportes de las Cortes Valencianas dio luz verde a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Compromís sobre la puesta en marcha de las desaladoras de Cabanes-Oropesa, Moncofar-Xilxes y Sagunto.
Con esta PNL se pretende instar al Ministerio de Transición Ecológica para que asuma, a través de sus presupuestos, el coste total de la Construcción, puesta en marcha y mantenimiento de estas instalaciones. Menos mal que los diputados del PP en la cámara valenciana y en concreto Alfredo Castelló, han estado al quite y finalmente se ha incluido en esa PNL la desaladora de Sagunto, porque en la propuesta original se les había pasado incluir la de Sagunto a los promotores de la misma.
Este desliz, que no es cuestión secundaria, obliga a formular la siguiente interrogante: ¿a qué se dedica la diputada autonómica Teresa García, que se le ha escapado algo tan elemental? Ojo, que estamos hablando de una iniciativa que fue presentada en el registro de las Cortes el 15 de enero de 2018. Sin embargo, la enmienda presentada para incluir la desaladora de Sagunto tiene fecha de 10 de diciembre de 2018 y, para más señas, se entregó a las 17:22 horas de ese mismo día. O sea, que la iniciativa de promover esta PNL ha estado casi todo este 2018 olvidada en un cajón, y ahora, que se nos echa el tiempo encima, que vienen las elecciones, se tiene que enmendar, antes de ser aprobada, para que en la misma se incluya la planta de Sagunto. Increíble, pero cierto.
En su momento, nos cansamos de escribir que el convenio que se iba a firmar y se firmó, entre Acuamed y la entonces alcaldesa del municipio Gloria Calero, era un atraco a mano armada, un expolio para la ciudadanía. Nadie nos hizo caso, ahora tenemos que instar a Madrid para que asuma las responsabilidades que en su día adquirieron nuestros representantes municipales del tripartito de progreso: PSOE, EU y Bloc, hoy Compromís. Como Madrid no se haga cargo, vayan preparándose a pagar en el recibo del agua EL 80% de los 65 millones de euros. Se habla de un aumento del 50%.
