El polémico asunto del servicio de agua potable vuelve esta semana a la palestra informativa por dos motivos, el primero y más importante es el de la visita de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al Ayuntamiento de Sagunto. Creo que, con esta, es ya la tercera vez que los caballeros de la UDEF requieren información al consistorio, dentro de la denominada ‘Operación flotador’. En esta ocasión, buscaban documentación sobre el proceso de selección del socio tecnológico, que resultó ser Aguas de Valencia, y la constitución de la empresa Aguas de Sagunto. El asunto promete mucho.
El otro polo informativo se localizaba en la asamblea que se celebró el miércoles en la Casa de Cultura del Puerto, convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio. En este acto que, a pesar de la lluvia, logró congregar a unas 160 personas, se abordaron diversos aspectos, entre ellos, el alto endeudamiento de Aguas de Sagunto, lo mucho que ha subido el recibo del agua, o la sustitución de los contadores.
Entre el grupo de técnicos que se ha subido al carro de la Federación de Vecinos para echar una mano y arrimar el hombro en este frente, parece que alguien se va a dedicar a ver la conexión entre las diferentes empresas que están pululando entorno al suculento y lucrativo negocio del agua en Sagunto, por ejemplo, algunas beneficiarias de adjudicaciones de obras o la que se ha llevado el contrato de la limpieza de las propias oficinas de la empresa mixta. La verdad es que esta gente de la Federación piensa muy mal y mucho se temen que, al final de la corrida, toda esta maraña de sociedades mercantiles conecte con una misma cabeza.
Lo bien cierto es que la privatización encubierta del servicio de agua potable de Sagunto, que aprobaron fuerzas tan variopintas como el PSOE, el PP y los nacionalistas del Bloc, hoy Compromís, ha dejado a la ciudadanía con la boca abierta y el bolsillo vacío. Inaudito. Se ha puesto en manos de un socio privado y a coste cero el negocio del agua en Sagunto. El socio privado, pese a ser minoritario, propone al gerente de la compañía, según el artículo 19 de sus estatutos, y, como los señores consejeros no se enteran de nada, es el gerente el que hace y deshace. En fin, algo verdaderamente flipante. Pero ojo, todo esto es posible por el consentimiento de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, que, como ya he mencionado, está formada por los políticos municipales que también incurren en responsabilidades. Lo digo para que luego, si tienen que ir a declarar al juzgado, no se llamen andana ni aleguen ignorancia, que ya son bien talluditos.
