Estos días estamos viendo como las aguas de Ebro anegan miles de hectáreas de cultivos y destruye todo aquello que los intrépidos humanos se atrevieron a edificar. Hoy sobra agua en estas vegas del Ebro y falta agua para los cultivos con los que producir alimentos en diferentes zonas paupérrimas del planeta, donde lo que abunda es hambre y miseria. Vivimos en un mundo donde casi todo está mal repartido, excepto la maldad y la corrupción, en esto sí que parece haber equidad o buen reparto. El reparto de los bienes en el planeta donde vivimos, es, ha sido y será un problema de economía y justicia social que hasta la fecha ha sido irresoluble, de forma que los que reciben el reparto queden complacidos en su totalidad. La corrupción se cultiva desde el nacimiento. La honradez y el cumplimiento para con el prójimo, los ciudadanos y para la comunidad no se enseña ni forja desde las familias, barrios y escuelas, más bien el ejemplo es contrario.

Si cada uno de nosotros viviese completamente solo, aislado como Robinson Crusoe, el reparto sería justo y sin discrepancias. Sin embargo, los bienes tienen que ser compartidos entre los que colectivamente los obtienen y producen. En la famosa novela de Daniel Defoe, el naufrago Robinson Crusoe vive unos años sin problemas de reparto, cualquier reparto era justo. Pero todo se complica cuando descubre que en la isla había indígenas, e inmediatamente considera a los indígenas como enemigos, y ayuda a escapar a uno de sus prisioneros que estaba a punto de ser ejecutado. A este aborigen, Crusoe le pone de nombre “Viernes” por ser (según el control de su particular calendario) viernes el dia que le salvó la vida. Ambos forjan una sincera amistad, a pesar de que no coinciden ni en el idioma ni en la cultura. Crusoe impone y convierte al cristianismo, y a su cultura inglesa, a su amigo Viernes, incluso le expone a las riquezas del mundo occidental. Viernes asume su segundo lugar como agradecimiento a que Crusoe le salvó la vida, pero la supuesta superioridad de Crusoe poco a poco se va minando con los desacuerdos de Viernes. Pero todos los que hemos leído o visto en película la novela, sabemos que el reparto idílico y justo que Crusoe tenía en soledad, se desequilibra y surge el dirigismo, la imposición y el privilegio, con tan solo con una segunda persona. Y por último, Crusoe se autoproclama rey de la isla, entrando en unos matices políticos antes mencionados. Crusoe y Viernes se pelean y se convierten en enemigos. El reparto social, cultural y económico ya no era justo. Y solo eran dos.

También en las familias se presenta el problema del reparto. Parte de lo conseguido o producido, deben ir a los menores de edad, a los ancianos y los incapacitados, incluso si no producen nada en absoluto. No hay una fórmula generalmente aceptada para la distribución de los ingresos familiares, y los desacuerdos son a veces frecuentes. Las demandas de los niños no son coincidentes con el criterio de los padres, tampoco suele coincidir con sus hermanos y esto suele llegar a desacuerdos en el reparto de los bienes y roles sociales insolubles por el solo acuerdo u orden de carácter familiar. Una vez que los desacuerdos se salen de la potestad de los padres y el asunto escapa del ámbito familiar, es la ley quien nos va a obligar a hacer el reparto. Una economía basada en el acuerdo en lugar de autoridad se llama una economía de mercado, y si el poder de monopolio es excluido de ella, se le llama una economía de libre mercado. Yo, como sabéis, amigos lectores me opongo al monopolio, incluso al monopolio del estado. Por eso soy partidario de que los estados deben guiar e intervenir allí donde la sociedad lo necesita, pero nunca prohibir a la iniciativa ciudadana en proveer en competencia al estado aquello que los ciudadanos demandan. Es una forma de evitar el monopolio y abuso del estado, de los estatistas y los funcionarios, libertad y socialización no son incompatibles si no complementarios.

La mayoría de la gente quiere productos que se vendan y compren en los mercados libres, y que estos sean de calidad y precios variables, también que sean abundantes y no falten, como ocurre en Cuba desde hace 70 años y recientemente en la Venezuela del déspota dictador Maduro. Hoy nos enteramos en las noticias de televisión que las embotelladoras y productoras de lácteos han sido sancionadas por el gobierno de la derechona, el gobierno de la patronal, con 70 millones de €uros por haber realizado acuerdos de fijación de precios en la compra de la leche cruda, por violar la ley anti-monopolios. Pero muchos dudan si esos mismos mercados son adecuados para la determinación libre en competencia de los salarios de los trabajadores y empleados. En un planteamiento liberal así seria, de hecho así es en muchos países, no todos disponen de “El Salario Mínimo”. En un planteamiento neo-liberal el Salario Mínimo” queda fijado por ley. Las socialdemocracias insisten en que los trabajadores asalariados deben asociarse en sindicatos que permitan organizarse y negociar colectivamente con sus empleadores, con las empresas u organizaciones empresariales de sector. Estos creen que los salarios de los trabajadores deben fijarse colectivamente desde un precio mínimo al que se va a vender sus servicios, y si el acuerdo no se puede llegar con sus empleadores, entonces pueden legalmente hacer valer sus demandas por el uso de la huelga.

En resumen, se aceptan las prácticas de fijación de precios para los salarios de los empleados mediante acuerdos, pero estas prácticas de acordar fijación de precios mínimos, están prohibidas a los vendedores de los productos y servicios, a las empresas. ¿Sería servir al interés público si las tasas de salarios, así como los precios de los productos y servicios todos ellos fuesen determinados por la demanda y la oferta? Yo creo que esta lógica liberal ya no es aceptada por la nueva sociedad, las personas son las que deben estar protegidas y no los productos y servicios que se negocian en los mercados. Tampoco debe ser negociado el derecho a la comida, al abrigo, la asistencia sanitaria y la formación de las personas. Nótese que digo “abrigo” y no casa. El estado, debe y puede suministrar abrigo a cualquier ciudadano que lo demande y necesite. Las residencias dan abrigo a solteros y familias incluso, de forma mucho más económica que una casa o piso.

Por definición, un mercado libre de trabajo es uno en el que ningún poder de monopolio es ejercido por los empleadores ni los trabajadores. En tales mercados, cuánto recibirá un posible trabajador? El importe de la oferta no se puede predecir, pero esto es muy evidente: 1) el empleador no ofrecerá más que su estimación del valor que le de los servicios del trabajador, y 2) el trabajador no aceptará ninguna oferta que es menos atractiva de lo que puede obtener de alguna otra empresa. Dentro de estos límites, si es que quiere trabajar para la empresa en cuestión, un salario debe ser acordado. “Si hay un método más justo de determinación de los salarios, todavía tengo que oír hablar de ello.” Estas serian las palabras con sentido lógico de un liberal, pero no la de un socialdemócrata. Esta lógica de puro y salvaje liberalismo no protege a las personas, no se es solidario con los impedidos físicos y desafortunados en la salud y el intelecto. Este planteamiento desampara al más débil frente al poderoso y esto debe ser impedido por las leyes que en libertad y democracia se den los ciudadanos, así que es cuestión de solidaridad y democracia. No de imposición ni dictadura, ni siquiera la del proletariado.

El método de mercado libre de determinar las tasas de salarios no es algo imaginado por los economistas liberales Adam Smith, Say o Ricardo, es una ley que existía y existe de forma natural. Las teorías liberales con y después de la revolución francesa, corrigieron las desigualdades políticas pero no las sociales y económicas. Sin embargo es el método actualmente en uso por más de las dos terceras partes de los trabajadores de todo el mundo. Las quejas sobre los salarios "injustas" se hacen a menudo por los trabajadores sindicados y no por aquellos cuyos salarios se determinan en los mercados libres. Es cierto que los trabajadores no organizados tienen pocos medios para dar a conocer sus quejas y en muchos países asiáticos, africanos y en Cuba, carecen incluso de derechos sindicales, pero su resentimiento es ya fuerte y profundamente reivindicativo, suficiente para exigir a que sus gobiernos fijen salarios mínimos por ley y se les reconozca el derecho a organizarse en sindicatos. El hecho de que cerca de dos tercios de los trabajadores asalariados en el mundo no estén sindicados determina que la "injusticia" del método de libre mercado por el que sus salarios se determinan es un método injusto, explotador y criminal. Pero los sindicatos de los países capitalistas ricos ¡No se enteran! Están entretenidos y extasiados en la defensa de lo local, del nazionalismo, del grupo o casta laboral a la que representan, si pagan cuota.

Hasta ahora hemos considerado como el valor de los bienes producidos puede ser negociado y repartido entre el trabajo (empleados) y la gestión que las producen(las empresas), hay que también contemplar la parte que se llevan los gobiernos en impuestos tanto a las empresas como a los trabajadores y a las rentas del capital. Esto era el reparto de las rentas, pero, ¿cómo podemos repartir la tierra, que es un don gratuito de la naturaleza, como compartirla equitativamente? Creo que la tierra es una parte de nuestro patrimonio común al que todos tenemos el mismo derecho.

Pero las sociedades avanzadas del futuro no pueden confiar en el dispositivo primitivo de "dividir" la tierra, ese dispositivo sólo es adecuado para las áreas rurales ocupadas por pequeña escala o parcela, con propietarios campesinos minifundistas. Afortunadamente, ya tenemos en funcionamiento un sistema de impuestos que nos permite dividir justamente el valor de la tierra, en lugar de la propia tierra. En Valencia hoy persiste un ridículo minifundismo que hace irrentable la producción agrícola, es el cooperativismo a gran escala quien en un cercano presente, hará que los minifundistas desorganizados se agrupen en accionistas cooperativistas, y ya no hablaran de hanegadas, si no de participaciones o acciones. La igualdad más equitativa se puede alcanzar mediante la adopción con fines públicos la totalidad del valor social creado de la tierra, a diferencia de las mejoras realizadas en ella. De esta manera, el valor de la tierra (no la tierra medible en m2 y escriturada) se puede distribuir por su valor de servicio a la sociedad en relación a una mayor cantidad de la igualdad y la justicia como podemos esperar en los asuntos humanos.

Las administraciones pueden tomar los valores socialmente creados de tierras para fines públicos (polígonos industriales en cesión o arrendamiento, por ejemplo) para disminuir la carga que imponen otros impuestos sobre la producción y distribución de bienes. Todos los economistas, están de acuerdo en que los impuestos sobre el valor del suelo, obviamente, no pueden reducir la oferta de suelo. También están de acuerdo en que los impuestos sobre los bienes producidos son parte del costo de producción, y normalmente deben ser transmitidos al consumidor final, mientras que los impuestos sobre los valores del sitio, no altera ni las entregas de bienes inmuebles o la demanda de la misma, no debería ser transmitida a nadie. Una empresa se va, caso de Thyssenkrupp, se le gestiona el valor residual de sus activos, no el suelo. Si es que le interesa, si no, se lleva la chatarra. ¡Y punto!

El reparto equitativo de la tierra a menudo es condenado como un objetivo revolucionario, y lo es, en el sentido de ser fundamental y de largo alcance. Sin embargo, es una meta que se puede alcanzar de manera gradual y pacíficamente. Revoluciones pacíficas son a menudo más profundas y producen resultados más permanentes que las violentas. De la misma manera este objetivo del reparto justo de la tierra, puede alcanzarse desplazando progresivamente la carga fiscal de las mejoras a los valores del sitio, hasta que todo el valor social creado de la tierra se utiliza para fines públicos. Esta es sin duda una ilusión realizable de Capi-comunismo.

Los ciudadanos podemos juzgar cómo las políticas públicas, según se tomen en un sentido u otro, afectan nuestra economía, a nuestras libertades y nuestros derechos. Tonemos los casos de compra y expropiación que en todos los ayuntamientos han desarrollado en los PGOU que ellos mismo planificaron, pues amigos míos, no fueron los ayuntamientos quienes compraron “por 4 duros” las parcelas vírgenes de tierra campa o las subastas públicas, si no sendas organizaciones de capital especulador. Más tarde, estos mismos concejales y alcaldes, se lamentan y lanzan falsos gritos revolucionarios, ¡Suelo público, ya!... y claro les piden 100 millones de €uros.