El 2 de enero, primer día laborable del año, fue el elegido por la dirección de Bosal España S.A. para informar a sus trabajadores que “durante la tramitación y hasta la resolución del expediente de extinción colectiva de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla…, queda exonerado de prestar servicios para esta entidad”. Con esta comunicación hecha con alevosía y “festividad” a los trabajadores, se concreta la decisión de la dirección de esta empresa que, desde hace algún tiempo, viene persiguiendo un cierre nunca reconocido, y no planteado ni negociado con la representación laboral, la cual temía este desenlace ante la evidente falta de carga de trabajo que la multinacional asignaba a esta planta.

Pero además de la premeditada ocultación de su voluntad de cierre, parece que ha actuado soslayando la legalidad. Esa liquidación por concurso de acreedores no se sostiene y estamos a la espera de que la autoridad laboral ponga las cosas en su sitio y señale las líneas que no se pueden saltar por muy acostumbradas que estén a jugar con las leyes y los gobiernos en beneficio propio. Así que, evitar el cierre definitivo de la planta debe ser el objetivo.

Sin embargo, este cierre intempestivo de Bosal en nuestra ciudad nos ha hecho revivir con toda crudeza el fantasma de un futuro más incierto en lo laboral ante la evidente desindustrialización de nuestro territorio. Un cierre que se suma al reciente de la planta de Galmed, con la que comparte las dramáticas consecuencias de una política empresarial perversa que persigue maximizar beneficios sin valorar mínimamente el gran impacto social que provoca con el cierre y que juega, como “buena” multinacional, a la deslocalización. Se trata de obtener mayores beneficios trasladando producción y puede que hasta maquinaria a otras plantas de la propia empresa.   

El cierre por deslocalización cumple por sistema la premisa de no aportar razones objetivas. Según hemos conocido, Bosal cerró el año 2013 con beneficios y trabajo asegurado con pedidos hasta el 2018, y en materia de personal se constata una reducción de los costes, pasando en un año la masa salarial de 8,7 a 7,3 millones de euros. Por eso no vemos justificación alguna al cierre disfrazado de “concurso voluntario de acreedores con apertura de fase de liquidación”. Por eso, sin explicación que nos convenza, manifestamos nuestra decidida disposición a defender los puestos de trabajo, pues detrás de ellos no hay solamente una fría estrategia empresarial que atropella sin más o un análisis económico insensible, hay también un factor  humano y social que afecta a muchas personas, a familias enteras y a todo un pueblo.

Es verdad que ningún gobierno tomó medidas preventivas o se preparó de alguna forma para este fenómeno de deslocalización ya anunciado por la Comisión Europea hace más de diez años, pero ante esta política empresarial descarnada y cruel, en la búsqueda de más y más beneficios, alguien tiene que poner el freno. Debe legislarse en Europa y en los estados para evitar la instalación de empresas “golondrinas” que se benefician del verano para emigrar cuando el tiempo cambia.  Si no se toman medidas legales sólidas, creo que de poco sirven, los mareos de promesas y los tours por las administraciones públicas a que los trabajadores se ven sometidos.

Esto es lo que debe cambiar. Bosal España SA, recibió una subvención directa de la Generalitat de 269 millones de pesetas para su instalación en nuestro parque industrial. Una ayuda jugosa que representaba la quinta parte de la inversión inicial y que hoy nada les obliga a devolverla tras un cierre de naturaleza perversa y difícil justificación. Y como creemos que debería de haber algún tipo de reembolso, nuestro grupo parlamentario ha presentado el les Corts una enmienda en la nueva Ley de Hacienda Pública, Sector Industrial y Subvenciones para exigir devoluciones con intereses a las multinacionales que desinviertan de esta manera, y poder ejercer algún tipo de control ante este tipo de situaciones. Ahora no hay ningún mecanismo legal para exigirles nada, por eso obran con total impunidad. Como sociedad, no  podemos estar tan expuestos a las grandes multinacionales donde los intereses del juego de las inversiones pueden transformar toda la vida de una ciudad.

Estamos asistiendo a un proceso acelerado de desindustrialización que es necesario revertir porque la industria juega un papel fundamental en el desarrollo económico del territorio. Es conocido que las economías con un tejido industrial importante aportan mayor estabilidad y factores de crecimiento económico. Por ello, creemos imprescindible una política que permita la generación, consolidación y mantenimiento de una industria potente en nuestro territorio, una actividad –por otra parte- que es básica en nuestra tradición laboral. Una acción política urgente que se concrete en la aprobación de un plan de reindustrialización con su correspondiente dotación presupuestaria que permita  mantener y promover la actividad industrial en nuestro municipio.

Las condiciones excepcionales de nuestra ciudad en infraestructuras específicas (puerto comercial, polígonos industriales y comunicaciones) y en materia logística, nos abren grandes posibilidades para la radicación de empresas, pero se deben tomar iniciativas concretas, lideradas por el Ayuntamiento, y con el apoyo inexcusable de la Generalitat y del Gobierno Central. Por eso apostamos por una reorganización competitiva en capacidades tecnológicas, logísticas y de distribución de mercancías donde Sagunto podría tener, con toda seguridad, una salida segura de futuro sostenible.

José Luis Chover Lara
Portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Sagunto