El cierre de BOSAL no es un hecho aislado en nuestra comarca, hace ya varios años que se viene registrando un proceso de deterioro del tejido industrial saguntino. Casi todas las empresas de nuestros polígonos se encuentran afectadas por algún ERE, despidos, bajadas salariales, y el cierre y deslocalización de empresas punteras que eran un referente nacional.
¿Cómo es posible, cabría plantearse, que se pueda hacer esto con total impunidad? La respuesta es obvia porque la Directiva Bolkestein que entró en vigor el 28 de diciembre (día de los Inocentes) de 2006, se lo permite. Esta directiva fue creada para favorecer la libertad de establecimiento y la libre circulación de empresas y servicios entre los Estados miembros de la Unión Europea. Como ya advertimos en su día, el cierre de GALMED iba a desencadenar un efecto dominó en nuestra industria. Ahora le toca a BOSAL.
Hay que decir que BOSAL se estableció en Sagunto en 1986, con la reconversión industrial, recibió ayudas estatales que se concretaron en facilidades de crédito, exenciones fiscales, así como la quinta parte de la inversión inicial. ¿Cómo es posible, cabría plantearse, que una empresa que ha sido subvencionada, chulee de esta manera a la administración? La respuesta es obvia, porque puede. Porque cuando se estableció la política de subvenciones durante la reconversión industrial, no se estableció ningún mecanismo de control y reversión sobre dichas empresas.
Ahora BOSAL ha planteado Concurso de Acreedores (CA), mintiendo tanto a la opinión pública como a las instituciones democráticas. Un CA a todas luces fraudulento, con la intención de no pagar la indemnización que correspondería, por despido, a los trabajadores.
La empresa no ha respetado las ni las formas, ni la legislación, pues cerró 2013 con beneficios y además tenía carga de trabajo asegurada hasta junio. Carga que ahora se trasladará a la factoría que la empresa tiene en Zaragoza. ¿Cómo es posible, cabría plantearse, que ocurran estas cosas? La respuesta es obvia, porque le interesa. Porque Zaragoza se encuentra en el trayecto del eje central priorizado por el Gobierno del PP, en detrimento del eje Mediterráneo, que es donde se encuentra Sagunto.
Ya hemos visto como el establecimiento de leyes aparentemente “inocentes”, permite a las empresas seguir acumulando beneficios, mientras condenan a sus trabajadores a la miseria y al sufrimiento, con total impunidad. BOSAL no se cierra porque no sea rentable, sino por motivos de política empresarial. No se puede argüir que es un problema entre empresa y trabajadores, es un problema político. Y los problemas políticos requieren soluciones políticas.
Por eso la sociedad civil debe volcarse en solidaridad con los trabajadores de BOSAL, apoyarlos en sus luchas y comprometer a la Conselleria y al Ministerio de Trabajo, a que cumplan con su obligación, y que tomen las medidas oportunas para impedir que una empresa que se ha comportado como auténticos piratas pueda burlarse del Gobierno, de la Generalitat y de los trabajadores.
Grupo Municipal de Esquerra Unida
