Tras el paso de la LOMCE por el Senado, el resultado es todavía peor, pues entre otros aspectos la Formación Profesional Básica, que se enmarca dentro de la escolarización obligatoria, no se ofertará en todos los centros educativos, lo que podría derivar en la aparición de centros gueto. Además, se consolida la facultad de la dirección para garantizar la continuidad de un funcionario en una plaza al margen de los procedimientos tutelados por la Administración.

Todo ello lleva a decir que: la reforma educativa del Partido Popular refuerza su carácter discriminatorio, al garantizar que los centros escolares que segregan a niños y niñas puedan recuperar de forma inmediata los conciertos que, en 2012, el Tribunal Supremo les negó por considerar el proceso de admisión discriminatorio. Con toda probabilidad, este guiño a la desigualdad financiado con fondos públicos terminará dirimiéndose en el Tribunal Constitucional. Mientras esto sucede, el trato de favor hacia este modelo educativo que, según los expertos, favorece una educación estereotipada según los sexos, será  subvencionado por el Estado, perjudicando de esta forma a la red pública, la única que garantiza la educación para todos y todas.

El nuevo texto, aprobado hoy en el Pleno del Senado gracias a la mayoría del Partido Popular, incorpora, además, otros aspectos que vienen a acentuar la tendencia perniciosa iniciada en el Congreso de los Diputados.



La Formación Profesional Básica, que comenzará a aplicarse en el curso 2014/2015, no se ofertará en todos los centros escolares, pesar de que los alumnos que accedan al mismo, a partir de los 15 años, estarán dentro del periodo de escolarización obligatoria. Al no estar garantizado este nivel educativo en todos los centros, los que sí lo incorporen podrían acabar configurando una red de centros especializados para alumnos que no promocionan a 4º de la ESO, añadiendo otro criterio excluyente en la escolarización.



 

Por otro lado, la obsesión del Partido Popular por imponer una gestión de centros basada en un exceso de poder de la dirección llega al extremo de regular funciones con un grado de detalle insólito para una norma de este rango. Así, para evitar que un posterior desarrollo reglamentario pueda dejar algún elemento al azar, el texto determina taxativamente la facultad del director para garantizar la continuidad de un funcionario en una plaza al margen de los procedimientos que regularmente se utilizan para la provisión de puestos de trabajo tutelados por la Administración y menoscabando, por tanto, los principios elementales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública.



En esta línea se encuentra también la enmienda popular que permite que, en los centros concertados, el informe previo que debe elaborar el consejo escolar ante el nombramiento del director/a por parte del titular del centro pueda ser aprobado con mayoría simple de los asistentes y no por mayoría absoluta como esta previsto en el borrador anterior. De esta forma, se deja prácticamente en manos del titular el nombramiento y la destitución de la dirección.



Por último, se confirma también el escalonamiento en la aplicación de la Ley.
 Previsiblemente, la ley será aprobada por el Congreso de los Diputados el próximo 28 de noviembre, momento hasta el que no se descarta que se produzca alguna modificación adicional.