Economía

Los trabajadores de LafargeHolcim, tras conocer las conclusiones del informe jurídico solicitado al bufete de Pérez Cordero & Pérez Morales y el asesor jurídico del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Miguel Uceda Rozas, se sienten muy respaldados en sus posición de defensa del empleo de la planta cementera de Sagunto. Dado que el convenio vigente, suscrito por el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge, fue aprobado por el pleno municipal, quieren trasladar a los representantes políticos las conclusiones de este informe jurídico. El presidente del comité de empresa de la planta cementera, Félix Vélez de Guevara, con el estudio jurídico en la mano, recomeinda a los políticos que antes de hacer cualquier «disparate» se asesoren, y, sobre todo, que sean humilden,  honestos y capaces de poner los intereses de toda la ciudadanía por encima de los que puedan tener ellos como políticos. «Creo que esa es la exigencia que le tenemos que hacer a nuestros representantes, porque claro que pueden hacer cualquier cosa, en otros sitios se han llevado el dinero a espuertas, por ejemplo», concluye.

 

Es por este motivo por el que se ha solicitado por escrito una reunión de la Junta de Portavoces del consistorio saguntino para informarles de primera mano, aunque el presidente del comité de empresa de la planta cementera, Félix Vélez de Guevara, reconoce que la relación con la institución no es muy fluida: «Con el Ayuntamiento de Sagunto ya tuvimos una reunión, junto con los dos sindicatos; CC.OO. Y UGT. En aquella reunión, el equipo de Gobierno nos explicó su postura, que era la ya conocida y declarada en todos los medios, de sostenerla y no enmendarla. Solamente renovar el permiso de ocupación de monte público si hay un dictamen positivo de la Conselleria y si la empresa renuncia expresamente a la zona de Margas y a El Piñal. Ante este planteamiento, nuestra postura fue la de plantear que, mientras no se demostrara lo contrario, el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge es perfectamente legal, por lo que nosotros, como comité de empresa, vamos a defender siempre esa postura. Después tuvimos una entrevista con la secretaria autonómica María José Mira, quien nos vino a confirmar que por lo que a su departamento competía estaba todo en positivo y emitirían informes favorables». 

 

Sin embargo, la relación está estancada con otros departamentos autonómicos del Gobierno que preside Ximo Puig, según detalla Félix Vélez de Guevara: «habíamos solicitado por escrito una reunión con el conseller de Economía, señor Climent, reunión a la que todavía no nos han convocado, al mismo tiempo solicitamos otra entrevista con la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, porque se nos transmitió que el expediente, en ese momento, estaba retenido o paralizado en esa Conselleria. Tenemos conocimiento de que ha habido una reunión entre la consellera de Medio Ambiente y la empresa, donde, al parecer, se ha informado de que los informes que van a emitir son favorables, pero hasta ahora, a nosotros no nos ha recibido ninguno de los dos».

Asimismo, recuerda el presidente del comité de empresa de Lafarge que ya instaron al alcalde de Sagunto a que convocara a los portavoces municipales en cuanto se dispusiera del dictamen jurídico, momento que ya ha llegado: «El día de la reunión con el Ayuntamiento, nosotros instamos al alcalde a que una vez que tuviéramos el dictamen se convocara a la Junta de Portavoces para trasladar al conjunto de los componentes del pleno las conclusiones de este dictamen. Ahora que ya disponemos de este extenso documento, se le ha solicitado por escrito que convoque a la Junta de Portavoces para trasladarle el contenido de este informe, porque creemos que es necesario que sean conocedores de todos los argumentos jurídicos que en él se detallan. De momento no se nos ha confirmado la fecha, aunque esperamos que sea pronto, porque nos gustaría dar traslado, a los representantes de los partidos políticos, antes de la asamblea que tenemos previsto celebrar para informar a la ciudadanía».

Seguridad jurídica

En opinión del presidente del comité de empresa de Lafarge, Félix Vélez de Guevara, se han visto obligados a encargar el informe jurídico a un acreditado bufete de Madrid porque necesitaban respuestas sobre la legalidad o no del convenio, porque desde el Ayuntamiento se está esgrimiendo que el convenio es ilegal, pero no se explica el porqué: «El motivo de solicitar este dictamen a un prestigioso bufete de Madrid viene motivado, precisamente, por las reiteradas declaraciones del actual equipo municipal de Gobierno sobre la ilegalidad del convenio firmado en 2013 entre la empresa y el Ayuntamiento de Sagunto. Los trabajadores y los sindicatos, ante este tipo de declaraciones hemos tenido que asesorarnos de unos expertos de muy reconocido y contrastado prestigio, para que emitan un informe que venga a decir a los trabajadores qué es legal o qué parte del convenio no cumple con la legalidad. El dictamen se solicita por este motivo. Evidentemente, el Gobierno municipal no hace más que decir que este convenio no es legal, pero sin decir porqué, es decir, ni explicita porqué no es legal, ni especifica qué partes del convenio no se ajustan a la normativa vigente».

Una vez que ya disponen de este estudio jurídico, que ha sido sufragado por los propios trabajadores de la planta cementera de Sagunto, el presidente de la representación social se muestra muy satisfecho porque las conclusiones son contundentes: «El dictamen es contundente, creo que es muy claro, y lo que dice es que no hay nada desde la legalidad vigente que impida el normal cumplimiento de lo pactado en el convenio. Esto está claro, por tanto, el equipo de Gobierno tendrá que argumentar porqué no es legar el convenio. No es suficiente con decir que esto no es legal y punto. También hay que tener en cuenta que, desde nuestro punto de vista, la mejor protección que se puede hacer para el paraje natural ya está recogida en el convenio. El incumplimiento del convenio retrotraería el conflicto al inicio, al estado anterior a que se firmara el acuerdo entre empresa y Ayuntamiento. Para que se entienda con más claridad, con la firma del convenio, la empresa renuncia a unas concesiones que tiene en la montaña del Romeu a cambio de que se le autorice la explotación en El Piñal. Si el convenio se incumple, la empresa recuperaría sus concesiones de la sección C en todo el paraje del Romeu, me refiero a Las Margas y la Zona norte, porque, que no quepa ninguna duda, podrían hacer valer sus derechos mineros. Esto también queda muy claro en este informe».

Respecto a los derechos mineros, el estudio jurídico elaborado por el despacho de Pérez Cordero & Pérez Morales y el asesor jurídico del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Miguel Uceda Rozas, los sitúa al mismo nivel que la protección del medio ambiente, pero con matizaciones, según explica Félix Vélez de Guevara: «Sobre los derechos mineros que tiene la empresa, el informe dice que ahí hay dos intereses, que son los derechos mineros y la protección del medio ambiente, que ninguno puede estar por encima del otro, es decir que el aspecto forestal o medioambiental y el minero están equiparados al mismo nivel, pero al considerarse estratégicos los recursos mineros, estos derechos prevalecen sobre los demás. Lo que si que está claro es que sin convenio, la empresa tiene todos sus derechos de explotación hasta el año 2042 y la empresa podría reclamarlos o pedir el lucro cesante de todos ellos».

Aunque para el presidente del comité de empresa de Lafarge lo más garve por el cierre de la planta sería la pérdida del empleo, no es desdeñable la repercusión económica que tendría para el municipio si la multinacional asociara judicialmente el cierre de la actividad a decisiones municipales: «La mayor pérdida sería la de los puestos de trabajo, porque cerraría, al menos, la parte de fabricación, porque la planta de Lafarge se podría convertir en un molino, lo que supondría la desaparición de más del 80% de los puestos de trabajo. Luego tendría una repercusión, lógicamente, económica, porque la empresa, como es lógico, intentaría hacer valer sus derechos y reclamaría el lucro cesante. Esto también queda muy claro en el informe, pero no solamente la empresa, también podría hacer una reclamación cualquier persona física o jurídica afectada por esto. Todo esto puede suponer una cantidad ingente de millones de euros a la que tendría que hacer frente el Ayuntamiento, pero no los señores concejales de su bolsillo, sino a costa de todos los ciudadanos».

Más adelante, el presidente del comité de empresa de la planta cementera, Félix Vélez de Guevara, considera que el propio Gobierno municipal está incurriendo en una contradicción, por lo que, a su vez, estaría entrando en actitudes posiblemente delictivas: «El Ayuntamiento, en todas sus declaraciones hasta ahora, entendemos que está entrando en una contradicción, porque los que nos está planteando es que no tiene grandes problemas para firmar la renovación del permiso de ocupación de monte público, siempre y cuando la empresa renuncie expresamente a la zona de Margas y la zona de El Piñal. Implícitamente está reconociendo que se dan las condiciones para firmar el permiso de ocupación. Si las consellerias emiten los informes favorables y el Ayuntamiento se niega a firmar el permiso de ocupación de monte público, si esa situación se llega a dar, aquí ya estaríamos hablando de un comportamiento posiblemente delictivo, estaríamos ya hablando de prevaricación, mala fe, etc. Porque si los informes de todas las consellerias son favorables, si el mismo equipo de Gobierno ha aceptado que se ha reconocido que se dan las condiciones para autorizar la renovación de ocupación de monte público, el que no se firme la autorización sería por otras razones, porque se quiere presionar a la empresa para que renuncie a parte de sus derechos. Aquí estamos hablando ya de actitudes posiblemente delictivas».

El representante de los trabajadores de Lafarge pide a los políticos que sean responsables, porque sus decisiones pueden tener repercusiones económicas muy negativas para la ciudadanía, como, de hecho, no es la primera vez que ha ocurrido en este municipio: «Entendemos que el equipo de Gobierno no puede tomar decisiones al margen de los informes técnicos. Creemos que los técnicos municipales deben ser conocedores del contenido jurídico de este dictamen para tenerlo en cuenta, porque, precisamente, lo que queremos es que se cumpla la legalidad, por eso se ha encargado este informe. No podemos evitar las decisiones de la gente, en este caso de los cargos públicos, que toman sus acuerdos y tienen sus consecuencias, por eso también queremos que la ciudadanía conozca el contenido de este dictamen, porque, al final, los políticos son los representantes que han nombrado los ciudadanos, y claro que nos pueden llevar a la ruina, mañana podrían hacer cualquier disparate. ¿Cuánto nos han costado a los ciudadanos algunas de las acciones políticas, sobre todo en urbanismo? Por eso, nuestra obligación es, en primer lugar, exigir las condiciones para que la industria se mantenga y, después, advertir que determinadas decisiones a sabiendas de que no se deben adoptar y se acuerdan, con consecuencias nefastas para los administrados, deberían ser claramente contestadas por la ciudadanía, por eso vamos a convocar una asamblea popular, para informar a los vecinos del alcance de todo esto».

Amortizar instalaciones

Tras la reciente fusión de la francesa Laferge y la suiza Holcim, el grupo resultante tiene una sobre capacidad de producción, de ahí la necesidad de amortizar instalaciones. En este sentido, Félix Vélez de Guevara, como presidente de la representación social, muestra su preocupación: «Si a mi me hubieran preguntado por este convenio hace dos años, hubiera respondido que la empresa tenía todo el interés del mundo y, seguramente, por eso firmó en aquel momento este convenio, pero yo no tengo claro que la Lafarge hubiera firmado este convenio hoy. Tengamos en cuenta que la fábrica de Sagunto era la estrella del grupo Lafarge a nivel mundial. Ahora, después de la fusión con Holcim, estrella seguimos siendo, pero lo que si que es cierto es que en el nuevo grupo hay un exceso de capacidad de producción y que hay que amortizar instalaciones a nivel mundial, no solo en España. Nosotros tenemos nuestro peso porque somos una fábrica muy especializada, pero, por ejemplo, la fábrica de Carboneras, en Almería, si nos podría hacer sombra en muchos sentidos: no tiene problemas de reservas de caliza, tiene la cantera junto a la misma planta, la piedra la traslada con cinta transportadora, tiene también al lado un puerto marítimo que es propio, pero lo que no tiene Carboneras es nuestra especialización, aunque eso se aprende, es cuestión de trasladar talento de Sagunto a Carboneras. Ese es el problema, Carboneras, hoy, no nos hace sombra, pero si la multinacional ve problemas en Sagunto, al final, Carboneras será la planta de Sagunto, pero en Almería. Por tanto, hace dos años yo hubiera puesto la mano en el fuego porque estaba seguro de que la empresa, de todas todas, quería permanecer, pero hoy no lo tengo claro».

Lo que si que deja claro el representante de la plantilla, es que la planta de Sagunto estará en la cuerda floja si no tiene reservas de caliza en un horizonte superior a los 35 años: «Sabemos que se están haciendo estudios a nivel europeo, por parte de la multinacional, sobre las condiciones que deben de cumplir las diferentes plantas, y lo que si que está claro es que el primer punto, el que más se valora, es el de las reservas. Cualquier fábrica por debajo de 35 años de reservas de caliza tiene el semáforo en rojo. En otras aspectos somos muy competitivos, como, por ejemplo, el coste por tonelada producida, la especialización, el coste fijo de personal. Pero en el tema de las reservas, que es absolutamente fundamental, de momento lo llevamos bastante mal. Lugo hay que tener presente que, mientras cerrar una planta en Francia u otros países de Europa es carísimo, en En España es muy barato, pero si además, la empresa ve la posibilidad de poder exigir un lucro cesante por el cierre de la actividad, no cabe duda de que estamos en la cuerda floja. Si la multinacional puede reclamarle lucro cesante al Ayuntamiento, cierra y se va con las botas puestas. La ponen en casa».

Por último, el presidente del comité de empresa de Lafarge, Félix Vélez de Guevara, recomienda a los políticos del equipo de Gobierno que sigan los mismo pasos que han seguido los propios trabajadores y se asesoren, antes de tomar decisiones de consecuencias irreparables: «Nuestros políticos deberían ser responsables en su proceder, porque para eso los hemos elegido, y, en todo caso, tomar decisiones acordes a la legislación. Además, en caso de que desconozcan, como desconocen, la normativa vigente en determinados aspectos que afectan a este conflicto, como puede ser el de la extracción de minas, que hagan como hemos hecho nosotros: informarse de especialistas acreditados y solventes, que no tomen decisiones sin estar bien asesorados, que sean humildes, honestos y capaces de poner los intereses de toda la ciudadanía por encima de los que puedan tener ellos como políticos. Creo que esa es la exigencia que le tenemos que hacer a nuestros representantes, porque claro que pueden hacer cualquier cosa, en otros sitios se han llevado el dinero a espuertas, por ejemplo».