El instructor respondió el pasado día 7 a las últimas alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Sagunto, al que emplazó para que se pronunciara sobre el permiso de ocupación

El Ayuntamiento pide ahora a la Generalitat que se pronuncie sobre la legalidad de Lafarge en Romeu

 
Imagen de la cantera (Foto: Ayuntamiento de Sagunto) Imagen de la cantera (Foto: Ayuntamiento de Sagunto) El Ayuntamiento pide ahora a la Generalitat que se pronuncie sobre la legalidad de Lafarge en Romeu
Viernes, 17 Febrero 2017 21:48

Todo indicaba que se había llegado al final del largo procedimiento que se sigue en la Generalitat con relación al permiso de ocupación de monte público, puesto que, el pasado día 7, el instructor respondió a las últimas alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Sagunto, y lo emplazó, en el mismo documento, para que se pronunciara sobre el permiso de ocupación.
 
Sin embargo, el Gobierno cuatripartito, le ha dado una nueva vuelta de tuerca al proceso de ralentización del procedimiento, solicitando ahora a la Generalitat que se pronuncie sobre la legalidad de la situación de Lafarge en Romeu, antes de votar en el pleno municipal sobre su continuación. Esta petición, puede prolongar varias semanas, el pronunciamiento sobre la ocupación de monte público, solicitada por Lafarge que, como es conocido, expira este próximo diciembre.
 
En representación del equipo de Gobierno, la concejala delegada de Presidencia, Medio Ambiente y diputada autonómica por Compromís, Teresa García, ha señalado con relación a este asunto que «Conselleria debe trabajar de manera más ágil y resolver este tema en el mínimo tiempo posible, sin eludir las cuestiones legales que se plantean, para poder elevar un pronunciamiento plenario con plena viabilidad jurídica, para que en caso de que haya alguna discrepancia de planteamiento pueda llevarse al Consell y resolverse antes de que termine la concesión actual al final de 2017».
 
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado manifestar la oposición municipal a los términos del informe del 7 de febrero de 2017 del instructor autonómico hasta que no sean resueltas expresamente y clarificadas las cuestiones previas de legalidad planteadas por el Ayuntamiento de Sagunto en sus alegaciones y en los informes jurídicos y técnicos que se adjuntaban a las mismas en el expediente autonómico. El equipo de Gobierno también indica que son necesarias las aclaraciones previas sobre legalidad que se plantean para elevar al pleno este expediente.
 
Sin embargo, como ya informó este periódico, el instructor del expediente dejó bien sentando que están resueltas todas las cuestiones y alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Sagunto durante la instrucción del expediente, por lo que emplazaba al consistorio a que se pronunciara: «Por tanto, se considera que están resueltas todas las cuestiones y alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Sagunto durante la instrucción del expediente. En consecuencia, y de acuerdo con la normativa vigente y el Manual de Procedimiento Administrativo para la tramitación de expedientes de ocupación de montes gestionados por la Generalitat Valenciana, aprobado por
Resolución del Director General de Medio Natural, de fecha 11 de junio de 2012, únicamente cabe que el Ayuntamiento, a través de su órgano competente, manifieste o no su conformidad a la ocupación solicitada, y a tal efecto fueron remitidos los pliegos de condiciones particulares ya firmados por la mercantil solicitante. Ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento, en el plazo concedido, como propietario y parte interesada pudiera realizar las consideraciones y alegaciones a su contenido que a su derecho conviniera».
 
Asimismo, Teresa García advierte de que existen muchas posibilidades de que este procedimiento termine en los tribunales: «el ayuntamiento está trabajando para resolver las dudas de legalidad que hay planteadas al respecto del contenido de un expediente que tiene muchas probabilidades de ser judicializado, es por ello, que, para poder pronunciarse favorablemente, los cauces administrativos y jurídicos deben estar claros. Por tanto, hasta que no se resuelvan las dudas de legalidad, y sin los correspondientes informes jurídicos de secretaria general, no podemos llevar al pleno los pliegos y el visto bueno, o no, del Ayuntamiento».
 
Cumplir la palabra dada
 
Los trabajadores de Lafarge exigen al alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, que cumpla su compromiso de promover sin dilaciones, el pleno para otorgar el permiso de ocupación. El comité de empresa de la cementera está dispuesto a promover acciones para hacer cumplir al la primera autoridad de Sagunto los compromisos adquiridos y convocar un pleno 48 horas después de recibir la respuesta de la Conselleria de Medio Ambiente sobre las alegaciones del permiso de ocupación, que, como se recordará, se emitieron el pasado 7 de febrero.
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Recuerdan desde el comité de empresa que el pasado 2 de febrero, tras más de tres horas de reunión con el alcalde y la primera teniente de alcalde, Teresa García, los trabajadores de Lafarge decidieron poner fin al encierro que mantenían en el Ayuntamiento de Sagunto durante cuatro días. Se tomó esta decisión ante el compromiso que adquirió el alcalde con los representantes de la plantilla de convocar un pleno 48 horas después de que la Conselleria respondiera a las alegaciones que el equipo de gobierno del ayuntamiento había presentado. Además, recuerdan desde el comité que Francesc Fernández también se comprometió a no hacer nuevas alegaciones.

Sin embargo, informa el presidente del comité de empresa, Félix Vélez de Guevara que, desde este órgano, ha intentado ponerse en contacto con el alcalde y no ha sido posible. Más adelante agrega: «Los trabajadores levantamos el encierro y paralizamos nuestras movilizaciones, por el compromiso formal y público del alcalde de convocar el pleno. Exigimos que se cumpla con la palabra dada y convoque el pleno. Ahora no puede haber escusa posible, el expediente no está paralizado, el pronunciamiento de la Conselleria es muy claro. Por esta razón —prosigue Vélez de Guevara— solicitaremos reunión con todos los grupos municipales para pedirles que apoyen la petición de pleno y den un pronunciamiento a favor, como hicieron el pasado 17 de enero».

El PP acusa al cuatripartito de pretender «acorralar» a Lafarge

Ante las últimas noticias en relación a la cementera Lafarge, se ha desatado la polémica y los partidos de la oposición y otras entidades han salido rápidamente a dar sus opinión.

Desde el grupo municipal del Partido Popular han emitido una nota de prensa en la que comunican que los recientes pasos dado por el cuatripartito en el conflicto abierto que mantienen con la empresa Lafarge, a juicio de los populares «no deja de ser otro burdo intento de dilatar en el tiempo la concesión de la autorización en su actual ocupación, haciendo uso de otros expedientes como forma de acorralar a la empresa».

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Para la bancada conservadora dicha actitud del Gobierno local «pone en peligro la continuidad de la empresa, sus futuras inversiones y los puestos de trabajo y es una temeridad que puede suponer en el futuro unos daños irremediables para la industria y el empleo de nuestra ciudad».

Para los concejales del PP el empeño en reiterar que el nuevo pronunciamiento de la Conselleria no es el que se está esperando, «pese al nuevo revés recibido, muestra una vez más la verdadera voluntad del equipo de gobierno de Compromís, EU, Podemos y PSOE que preside Francesc Fernández».

En tal sentido declaran que Fernández y su equipo pueden «escudarse» nuevamente en los informes pero que les resulta «llamativo ver como los nuevos informes que ha remitido al Ayuntamiento la Conselleria que tramita el expediente, son de principio de mes, cuando supuestamente a decir del cuatripartito estaba suspendido el procedimiento».

En opinión de los populares, «es una constatación más que el procedimiento no ha estado suspendido, no existía acta alguna que certificara la existencia de algún acuerdo» — añaden— que desde la oposición «nunca habrían sometido a esos condicionantes el acuerdo plenario» del 17 de enero, de conocer todo lo acontecido».

Sorprende a los concejales del PP que por parte del cuatripartito se tilde de «extemporáneos» los informes recibidos por parte de la Conselleria que es quien tramita el expediente. Esto es considerado, desde el PP, como «una huida hacia adelante más a la que nos tiene acostumbrado el cuatripartito que se ha empeñado en hacer moneda de cambio la autorización de la ocupación que se sustancia en este expediente para alcanzar otros fines y eso es injustificable».

Opinan los conservadores que sin la prórroga de la ocupación, sin Piñal y llevando el paraje sin haber resuelto todo lo anterior «abocan a la empresa a dejar de funcionar y con ello a la pérdida del empleo, además de arriesgar a la ciudad a tener que asumir una indemnización millonaria».

Concluyen desde el PP que «esta es la política de quienes vinieron con el mantra de rescatar personas y lo único que han logrado hasta la fecha es hundirlas y acrecentar la mala imagen de nuestra ciudad que ha pasado de la alfombra roja a romper unilateralmente los acuerdos y así es imposible que los inversores nos vean como una ciudad fiable y atractiva para invertir».

Los vecinos exigen que se depuren responsabilidades por la extracción de caliza «sin permiso»

La AA.VV. Bonilles-Romeu ha elaborado un comunicado en la que muestra su indignación sobre la extracción «sin permiso de caliza en monte público municipal protegido, por parte de la cementera Lafarge», según han sido informados.

Ante este hecho exigen que se investiguen estos «graves hechos, y se depuren responsabilidades políticas, y también posibles responsabilidades judiciales del anterior gobierno municipal». Y añaden que toda administración pública debe velar por su patrimonio público municipal y debe administrarlo con responsabilidad, además de hacer cumplir las leyes.

Desde la Asociación consideran que durante los anteriores gobiernos municipales, «o bien se ha producido una dejadez de funciones, al no vigilar correctamente la extracción de caliza» en la cantera del Salt del Llop, por parte de Lafarge, «o mucho peor, se ha hecho la vista gorda a las posibles infracciones de Lafarge. Si fuera este último caso, y dado que algunos partidos siempre defienden, en exclusiva, los intereses económicos de la multinacional cementera, deberían explicar a cambio de qué se ha hecho la vista gorda».

El vecindario exige explicaciones claras de porqué la «oposición municipal está en contra de la protección del paraje de Romeu, un patrimonio público municipal, y sobre qué motivaciones tienen en su negativa a la defensa del interés público general».

Por otro lado reclaman que se restituya inmediatamente el daño causado por Lafarge, o se imponga en su totalidad la sanción de 9 millones de euros «por el expolio de un bien público sin autorización».

Finalmente informa los vecinos que van a «denunciar cualquier irregularidad existente, y también en caso de que se renueve la concesión actual de la cantera del Salt del Llop «saltándose alguna normativa vigente o acuerdo firmado».

Los vecinos ya han solicitado por registro de entrada, tanto al ayuntamiento, como a las consellerias implicadas «el acceso y copia de todos los expedientes relacionados a instancias de nuestros abogados», finalizan.


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