Martes, 10 Septiembre 2013 11:48

La solución final

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elEconomista.es Martes, 10 de Septiembre de 2013 Comunidad Valenciana.
 
"ThyssenKrupp inicia el proceso para recolocar en Alemania a trabajadores de Galmed. La multinacional ThyssenKrupp ha comenzado el proceso para recolocar en Alemania a los trabajadores afectados por el cierre de Galmed, su planta en Sagunto En un comunicado, CCOO destaca que es la primera vez que ofrece esta posibilidad a empleados españoles. Una delegación compuesta por dos miembros del comité de empresa, dos asesores de CCOO y tres trabajadores viajarán a Alemania desde este lunes hasta el viernes para mantener contactos con los comités de empresa de las plantas en las que efectuarán las recolocaciones. Según las mismas fuentes, la próxima semana directivos de ThyssenKrupp se reunirán en Sagunto con los trabajadores que han manifestado su deseo de trasladarse a Alemania, para tratar las condiciones de las recolocaciones, y también con los empleados que van a entrar en los planes de prejubilación."
 
"A su vez, la empresa encargada de la recolocación de los afectados -que la legislación obliga a contratar por al menos seis meses-se reunirá quienes no opten ni a traslado ni a prejubilaciones. De acuerdo con la hoja de ruta marcada, CCOO y representantes del comité de empresa tienen concertadas reuniones con los grupos políticos municipales de Sagunto para "informarles, de primera mano, de los acuerdos alcanzados con ThyssenKrupp" y comunicarles la intención de la Unión Intercomarcal de CCOO Camp de Morvedre y Alto Palancia de reunirse con los grupos parlamentarios de las Corts. Buscar alternativas al cierre Desde CCOO se marcan como objetivos para este mes insistir en la necesidad de "búsquedas alternativas al cierre" y apuntan que estarán "muy pendientes de las dos ofertas, que según el conseller de Economía e Industria, Máximo Buch, se van a materializar en septiembre por multinacionales del sector del acero". Igualmente, tienen intención de exigir que "se dote de contenido" el compromiso alcanzado con Buch de convertir a Sagunto y su comarca en Zona de Inversión Preferente en la Comunitat Valenciana, para lo que reclaman el apoyo de todos los grupos políticos apoyen a fin de "atraer las inversiones necesarias para paliar el gran problema que tiene Sagunto con el desempleo" y que "se verá incrementado" si finalmente cierra la factoría TKGalmed."
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"ThyssenKrupp inicia el proceso para recolocar en Alemania a trabajadores de Galmed. Fueron titulares ayer y hoy de la prensa en general, lo estábamos esperando desde el momento en que el Comité firmó el pre-acuerdo en la que se incluía esta solución, más el resto ya conocido, indemnizaciones más pre-jubilaciones. Queda pendiente el futuro de las instalaciones dejadas "A punto de arranque". Que esta gran inversión que es Galmed, ThyssenKrupp no la iba ha dejar oxidar, era y es una cuestión de lógica económica. El objetivo de Thyssenkrupp era y es, por un lado aumentar su competitividad y recapitabilizarse, son los dos grandes problemas a solucionar del "Herr", ya los tiene resueltos. Ha sido un gran trabajo de estrategia de este gran ejecutivo alemán, ya lo avisé.
 
Todo está bien si bien acaba, y al parecer se han solicitado mas plazas de recolocación que las que están ofertadas, tienen donde elegir. Los 500 empleos indirectos, por los que también se "luchaba", podrán reiniciarse en cuanto la empresa vuelva a su producción de "galvanización en caliente". De momento la chapa queda fría y untada de anti-oxidante.
 
Un sincero deseo, para que todos estos honrados trabajadores obtengan la mejor solución para ellos y sus familias.
 
 
Los concejales de Segregación Porteña no consiguieron ayer su propósito de que el Pleno del Ayuntamiento castigara a la federación de peñas de Puerto de Sagunto rompiendo la colaboración económica con esta entidad a menos que se produjera la dimisión de su presidente y vicepresidente, denunciados por agresión a dos concejales  durante la celebración de la última Xopà de Puerto de Sagunto; pero sí que lograron que el ayuntamiento se haya comprometido a estudiar la posibilidad de cambiar el modelo de fiestas que actualmente el municipio.

La idea,en realidad, fue inicialmente propuesta por el portavoz del grupo municipal socialista José Luis Chover, y fue aceptada por los segregacionistas que la incluyeron en su moción  —en sustitución de la petición de retirada de la subvención,  punto con el que no se había mostrado de acuerdo ninguno de los grupos políticos que conforman el pleno— para lograr cosechar los apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta. De esta forma los grupos políticos aprovecharán las reuniones en las que se ha de conformar el nuevo protocolo municipal para la celebración de actos festivos—un nuevo reglamento anunciado por el Alcalde Alfredo Castelló tras los sucesos de la Xopà—para estudiar que cosas consideran mejorables en las fiestas de la ciudad.

Con este decisión se retoma el debate sobre el modelo de fiestas abierto por una vecina de puerto de Sagunto que a través de la plataforma online Change.org ha conseguido reunir en poco más de un mes casi 900 firmas contra el actual programa de fiestas en Puerto de Sagunto.
En todo caso hay que destacar que aunque los segregacionistas han eliminado de su propuesta retirar las ayudas económicas a la federación mientras siga dirijida por Miguel Gómez y José Bosque, el portavoz de Segregación Porteña, Manuel González, ha asegurado que si, según él confía que suceda, el juez considera culpables a los dos denunciados, SP volverá a pedir al Pleno la retirada de la colaboración con la Federación de Peñas del Puerto de Sagunto como medida de presión para pedir la dimisión de dos personas que, según considera González, «con su comportamiento han demostrado no representar a los peñistas de El Puerto».
 
El pleno pide la dimisión de Alfredo Castelló
El estudio de un cambio de modelo de fiestas no fue la única idea que tomaron ayer los segregacionistas del PSPV-PSOE. Los  concejales de SP también decidieron en el último momento cambiar su idea de pedir la dimisión del concejal de fiestas, José Luis Martí, para pedir la dimisión de Alfredo Castelló responsabilizándolo, al ser la máxima autoridad presente en la Tenencia Alcaldía, de no haber tomado medidas suficientes para evitar la trifulca.

A pesar de que Castelló se defendió asegurando que no sólo él se encontraba en el momento de la trifulca en el balcón, como corresponde su papel en el acto de la Xopà, sino de que se tomaron las medidas de seguridad habituales en este tipo de actos festivos; la oposición adoptó pronto la idea apoyando con sus votos la petición de dimisión del alcalde de Sagunto. La oposición, con la excepción lógica de SP, también coincidió en responsabilizar a Castelló de haber sido durante años demasiado permisivo con la exhibición de la enseña segregacionista durante las fiestas porteñas.
 
La versión de la directiva de las Peñas
Las directiva de peñas tuvo, por boca de su presidente, y uno de los denunciados por SP, Miguel Gómez, su oportunidad de intervenir en el Pleno. En su turno de palabra, Gómez, calificó la trifulca como «un forcejo y cuatro empujones», y llamó «tiquismiquis» a  los  concejales de SP por el llevar el caso hasta la policía por «un par de moratones».

Gómez también negó que las peñas se financien con dinero público, asegurando que sólo lo realizan con «las cuotas y las aportaciones voluntarias».

El presidente de las peñas porteñas no dudó en hablar de «provocación» por parte de los ediles de SP, al tratar de lucir la enseña de su partido «en un acto que es festivo, nunca político». Gómez, en todo caso, no entró a valorar si la bandera se había enseñado en la misma Tenencia otros años, pero sí que dejó caer que «con otros líderes de SP era más fácil negociar» cuando habló de la actitud de los segregacionistas durante la celebración de la Xopà, que calificó como «intransigente».

Los representantes de las peñas fuero también los protagonistas de los momentos más tensos del pleno, puesto que no dudaron en demostrar en voz alta todas las cosas con las que no estaban de acuerdo durante el debate del punto, generando discusiones con miembros de IP presentes en el Pleno y obligando al alcalde Castelló a imponer orden.
 
La celebración de fiestas de barrios, de actos culturales o pruebas deportivas se ha vuelto más difícil en la ciudad de Sagunto tras el anuncio de ACEISYC—siglas de Asociación de Comerciantes, Empresarios e Industriales de Sagunto y Comarca— de que sus socios no participarán en ninguna labor de patrocinio hasta al menos el año 2015.

Los motivos de esta decisión hay que buscarlos en una crisis económicas que ha puesto contra las cuerdas al tejido comercial de la ciudad y que les ha obligado a tener que dejar de realizar , en palabras del mismo comunicado de ACEISYC, «una  obra social que debería haber sido realizada por otros entes administrativos».  
 
Señalan al Ayuntamiento
Desde la agrupación comercial se asegura que el presupuesto actual de los negocios de sus asociados «no llega a las expectativas», y que eso unido al «poco apoyo que tiene el comercio desde la Administración Local» ha obligado a tomar esta drástica decisión.

Esta acusación supone un duro golpe a las políticas del actual equipo de gobierno que no sólo ha presumido siempre de sus buenas relaciones con los comerciantes locales—con la organización de actos como la gala de Comercio—sino que ha destinado una notable cantidad de de dinero de Plan de Empleo Municipal al sector comercial, una decisión que le ha valido no pocas críticas de la oposición y la Plataforma de Parados que considera que ese dinero va más destinado a mantener empleo ya existente que a crear nuevos puestos de trabajo.

El origen de este desencuentro entre comerciantes y consistorio parece encontrarse en la decisión del equipo de gobierno de imponer la libertad de horaria comercial durante los meses de verano mediante la proclamación del término municipal de Sagunto como zona de afluencia turística.  La medida, que entró en vigor en julio de 2012, permitía sobre el papel a los comerciantes decidir libremente su horario comercial durante la celebración de la pascua y la Semana Santa, así como los meses de verano. Sin embargo, en la práctica, la medida se tradujo en dotar de armas a las grandes superfícies y cadenas comerciales para aplicar una agresiva campaña comercial  de ampliación de horarios y apertura en domingos y festivos con los que no han podido competir los pequeños comerciantes.

Las PYMEs locales dieron la voz de alarma desde el primer verano de aplicación de la medida, llegando incluso a presentarse en marzo una moción plenaria para revertir esta libertad de horarios, que volvió a ser recordada meses después por Esquerra Unida, sin que el equipo de gobierno haya hecho nada por derogar la medida, algo que ha hecho cundir entre el empresariado local la sensación de que el ayuntamiento les ha dado de lado.

Desde ACEISYC se vuelve a calificar el momento actual como de «situación límite» para los comerciantes de la ciudad, y agradecen a los clientes que siguen apoyándoles y «valoran más el trato personalizado, la confianza y el servicio, en otros, que ofrece el pequeño comercio,  frente a la amplitud de horarios de las grandes superficies». «Recordar que el que compra en su pueblo invierte en su
futuro» afirman.
Prosagunsa ha sumado una nueva victoria en su lucha contra el ayuntamiento de Sagunto, al conseguir que el Juzgado número 4 de esta ciudad falle a su favor en el interdicto posesorio que presentó tras el cierre de las carreteras de acceso al malecón de menera, sucedido en junio del pasado año. Según confirma el concejal de Presidencia, y portavoz del equipo de gobierno, Sergio Muniesa, la juez que firma la sentencia ha basado su decisión en el hecho de que cuando se procedió a asfaltar la carretera del malecón, a finales de los años 90, el ayuntamiento pidió permiso a Prosagunsa para proceder a los trabajos, para la juez este hecho dota a la empresa de, cuanto menos, imagen de poseer derechos sobre la zona afectada por el camino y por ello, sin entrar a dilucidar a fondo de la propiedad de la parcela del malecón, ordena al ayuntamiento no interferir en las decisiones de la empresa. Aunque según algunas interpretaciones de la sentencia este hecho podría permitir que se volviera a vallar la parcela, no consta que se haya pedido la ejecución provisional de esta sentencia que, además, ya tiene un recurso presentado por el ayuntamiento.
 
Muniesa llama a la calma
El fallo judicial, no obstante, no parece haber despertado demasiada alarma en el ayuntamiento. Según explica el mismo Sergio Muniesa gran parte del asunto es que Prosagunsa presentó lo que se llama un «interdicto posesorio»,  un proceso jurídico muy sumario y de tramitación sencilla que sirve para dilucidar, de manera provisional la posesión de una cosa. «Es un procedimiento que se utiliza cuando se puede producir un daño justificado sobre una propiedad, que, en cierta manera, sirve para ganar tiempo cuando alguien va a entrar en tu propiedad a realizar un cambio irreversible, como nosotros no vamos a entrar en la parcela, más bien fue Prosagunsa quien situó las vallas fuera de la parcela que reclaman, no va suponer ningún cambio inmediato» explica el concejal de presidencia.
Y es que según asegura Muniesa: «La juez ha visto es más bien una apariencia de propiedad en el hecho de que el consistorio le pidiera a Prosagunsa permiso para hacer aquella carretera, pero no fueron los únicos a los que se pidió permiso, también se hizo a Costas».

Aún así el gobierno municipal ya ha preparado su recurso ante el fallo del interdicto, aunque más con la intención de que este hecho pueda ser utilizado como punto de apoyo por Prosagunsa en cualquier otro juicio que tenga con el ayuntamiento. Desde el consistorio se considera, entre otros argumentos, que no se puede realizar un interdicto sobre una acción que ya está caducada— las acciones del ayuntamiento se limitan a un corte de tráfico temporal y fuera de la propiedad—, o que no se pueden admitir interdictos contra actos administrativos siempre que el poder público actúe dentro de lo que es su competencia, como consideran que fue el caso cuando velaron por que no se cortara el acceso rodado a un bien público como es la playa, siguiendo según Muniesa lo que dicta la ley española.

En cuanto al fondo del asunto, desde el ayuntamiento también se recuerda que los terrenos que fueron declarados como propiedad de Prosagunsa por la sentencia civil de noviembre de 2010, no sólo siguen pendientes del deslinde, sino que desde el consistorio se cuentan incluso con sanciones de Costas por el asfaltado de la vía, lo que demuestra que el vial, en todo caso, no es propiedad civil del ayuntamiento, como asegura Muniesa que afirman desde Prosagunsa, puesto que Costas también reclama ese terreno como de dominio público. Un punto que siguen considerando que está en la base de todo el conflicto.
El curso escolar arrancó ayer para 6.186  escolares de infantil y primaria del municipio de Sagunto, lo que supone 27 alumnos más de los que iniciaron el año pasado el curso. El retorno a las clases se cerró prácticamente sin incidentes, con algunas bajas en el profesorado, algunas esperadas —las propiciadas por los recortes y las plazas que han sido amortizadas tras la jubilación de su anterior titular— y otras imprevistas— como la tutoría que ha quedado sin cubrir en Vilamar— pero que según se afirma desde los centros serán cubiertas en breve.

A pesar de que la versión oficial es que el del curso 2013-2014 ha arrancado con normalidad, lo cierto es que el nuevo año escolar vuelve a esta mercado por la polémica, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza ya ha organizado las primeras movilizaciones para el 1 de octubre para reivindicar instalaciones tan necesarias como la construcción del IES número 5, que sigue teniendo proyecto y terrenos pero no partida presupuestaria para construirlo, o el largamente reclamado aulario para el colegio Villar Palasí que tiene los barracones más longevos de la comarca del Camp de Morvedre.

No es el único frente abierto en el terreno escolar para la Generalitat. El Secretario General de Enseñanza de CCOO del Camp de Morvedre, Ximo Estal, el término ‘normalidad’ sólo puede aplicarse al arranque del curso 2013-2014 «si consideramos que el PP sigue cumpliendo ‘con normalidad’ sus objetivos de destruir poco a poco la escuela pública en favor de la escuela privada».  Y es que según Estal: «no puede considerarse normal un curso en que las familias ven como afrontan la compra de material escolar sin que la Generalitat les haya abonado aún las becas para libros del año anterior, y eso en el caso de los padres de niños en primaria, que en secundaria se dan casos en los que se acumulan ya dos años de impago». Sin embargo, según afirma Estal la Generalitat ha anunciado ya que extiende este año sus becas de libros a los centros concertados, algo que el líder sindical no sabe si interpretar como «un brindis al sol más de la Conselleria» una «falta de respeto» a las familias sin recursos que ven como no se les abona el dinero que legalmente les corresponde mientras se apoya con ayudas a las familias que pueden permtirse un centro concertado.

Las familias no son los únicos afectados por los impagos del Consell según CCOO, Estal señala también el hecho de que los centros de enseñanza locales, «se deben a los centros las partidas presupuestarias de funcionamiento desde el mes de enero, y lo que es peor, hemos consultado a los centros de primaria de nuestra comarca,y ni siquiera les han comunicado aún lo que van a cobrar». Estal incluso lanza una pregunta a la actual Consellera de Educación, Mª José Català, «¿Es que hay algo más importante que que un centro público pueda tener el dinero necesario para poder desarrollar tranquilamente su labor escolar y que pagar lo que “debe” sin tener problemas que a la larga perjudican el buen desarrollo de su “normalidad escolar”?».

Desde CC.OO. se advierte que también se está recortando eliminado CEFIREs, como ha sucedido en Sagunto, e incumpliendo el plan de cursos de formación para el profesorado. «Programas que a veces se nos quiere vender como privilegios para los funcionarios pero que en realidad son herramientas para mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los niños, cuya desaparición sólo sirve para seguir bajando la calidad de un servicio esencial como es la educación pública», asegura Estal.
La Junta de Gobierno Local del consistorio saguntino, en su sesión celebrada el 11 de octubre de 2012, en base a lo establecido en el artículo 304 del Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, acordaba modificar las relaciones laborales entre el Ayuntamiento de Sagunto y los trabajadores de la Universidad Popular (UP) que, de un curso para otro, pasaban de ser trabajadores por cuenta ajena a empleados autónomos.

El apartado primero del mencionado artículo señala: «En los contratos regulados en este Título que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato».

Con este acuerdo de la JGL, la municipalidad forzó al personal docente de la Universidad Popular a que se convirtieran en trabajadores autónomos. Exigencia a la que tuvieron que acceder para poder continuar ejerciendo su actividad profesional como enseñantes.

En nuevo estatus del profesorado de la UP llevaba implícito un quebranto económico de consideración, respecto de su anterior situación laboral. Es decir, su condición de autónomos suponía una disminución muy notable de las retribuciones que percibían, además de la merma en prestaciones sociales, como el desempleo, etc.

Ante esta situación, los afectados presentaron la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo que, inmediatamente inició las correspondientes actuaciones. Tras el trabajo realizado por los inspectores, las conclusiones no pueden ser más demoledoras para la iniciativa que, en su momento, adoptó el equipo de Gobierno del Partido Popular.

Efectivamente, la inspección de Trabajo, tras la investigación llevaba a cabo, considera hechos probados que las personas afectadas han venido prestando servicios como docentes para la Universidad Popular desde hace muchos años, algunas de ellas desde el curso 1992/1993, y siempre con contratos laborales, como trabajadores por cuenta ajena.

Asimismo, ha quedado sobradamente acreditado que los 20 empleados de la UP están sujetos a jornada laboral y horario. Que salvo alguna excepción prestan sus servicios en régimen de exclusividad, Que la actividad desarrollada es la docencia, propia de la entidad en la que prestan servicio. Que en caso de no poder asistir a una clase por razones personales no pueden mandar un sustituto, previo acuerdo. Que los centros de trabajo son de titularidad pública. Que la actividad la organiza y planifica la Universidad Popular. Que reciben una remuneración mediante factura. Que los medios de producción son de titularidad del ayuntamiento y que el importe de los servicios prestados viene fijado por el propio consistorio.

En base a todo lo anterior, la Inspección concluye que en la relación jurídica nacida del contrato «formalmente» administrativo celebrado por el Ayuntamiento de Sagunto y las personas afectadas concurren los elementos básicos o constitutivos del contrato de trabajo. Por otro lado, se indica que no puede entenderse que las administraciones públicas queden exentas de someterse a la relación laboral cuando, actuando como empresas, celebren y queden vinculados sus trabajadores por medio del contrato de trabajo.

La Inspección de Trabajo señala, asimismo, que de los hechos expuestos y fundamentos jurídicos y jurisprudenciales de aplicación, cabe concluir que la relación jurídica creada en virtud de los contratos formalmente administrativos suscritos por el Ayuntamiento de Sagunto con el personal docente de la Universidad Popular es de naturaleza laboral y, en consecuencia, los mencionados docentes son trabajadores por cuenta ajena, debiendo estar incluidos dentro del campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social.

En base a todo lo anterior, la Inspección de Trabajo practica la correspondiente acta de liquidación por las cuotas dejadas de ingresar y que afectan a diverso personal docente por un importe total de  63.847,14 euros, y durante el período comprendido entre octubre de 2012 a junio de 2013, según acta de liquidación 462013008043855-T de fecha 10 de julio de 2013. La menciona infracción está tipificada y calificada preceptivamente como grave. Asimismo, se propone el alta de oficio de los trabajadores, en relación al período liquidado en el Régimen General de la Seguridad Social.
 
Críticas desde
la oposición
El portavoz de SP en el Ayuntamiento de Sagunto, Manuel González, que a lo largo de estos meses ha venido siguiendo la evolución de este caso, califica de «auténtico varapalo» a la política privatizadora del equipo de Gobierno la sanción de la Inspección de Trabajo: «como podemos fácilmente concluir, esta resolución de Inspección de Trabajo supone un auténtico varapalo y un frenazo de facto, para la voluntad del Ayuntamiento de ir privatizando una serie de trabajos que se vienen realizando desde hace tiempo, convirtiendo contratos laborales por cuenta ajena, en simples contratos administrativos, debiendo las personas afectadas darse de alta por su cuenta como Autónomos».

Más adelante, Manuel González asevera que la actitud mantenida por el Gobierno municipal ante el colectivo de la UP podría considerarse fraude de ley: «Recordaremos que el curso pasado el consistorio "obligó" a darse de alta como autónomos a todo el personal docente si querían seguir desarrollando su trabajo en la Universidad Popular.  Esta actitud, que podría ser considerada fraude de ley, perseguía una privatización encubierta de este servicio. Toda la vida el ayuntamiento había contratado directamente a estas personas para que realizaran su labor. Este modo de actuar, suponía, efectivamente, un ahorro para las arcas municipales, pero a costa de derechos laborales vulnerados como el tiempo se ha encargado de demostrar».

Por último, el líder de SP espera que, ante el nuevo curso de la UP, el Ayuntamiento rectifique: «Están a punto de comenzar las clases en la llamada Universidad Popular y supongo que el ayuntamiento de Sagunto no cometerá el atropello que cometió el año pasado con las personas que se encargan de impartir las más diversas enseñanzas en esta institución. Esperemos que esta resolución de Inspección de Trabajo sirva para hacer reflexionar al PP. El personal docente espera que se restituya la situación que nunca debió de cambiar. En Segregación Porteña estaremos «in vigilando» en este tema y en otros donde quiera aplicarse la misma errónea estrategia».
Un nuevo curso escolar ha comenzado.Y lo hizo el día 2 de la semana pasada, cuando miles de maestros de escuelas e institutos se incorporaron a los centros para organizar materiales o confeccionarlos, así como para iniciar el rosario de reuniones necesarias para programar el curso y recibir adecuadamente a nuestros hijos e hijas: el día 9 en Primaria y el 16 en Secundaria. También lo iniciaron algunos alumnos que tenían asignaturas pendientes, lo que no ocurrirá el curso que viene, porque en una de esas actuaciones caprichosas, inesperadas y poco fundamentadas, la Consellera M.José Català ha pensado que los exámenes extraordinarios deben realizarse en plena canícula. Pero todavía antes, los equipos directivos ya habían comprobado el estado de sus centros y el estado de las cuentas de sus centros. En los públicos, esa doble comprobación es a veces deprimente, y en todos los casos la comprobación económica es un escándalo. Estos gobernantes valencianos que tanto dinero derrocharon y que tan poco invirtieron en educación, han dejado los servicios públicos en la bancarrota. Por desgracia, lejos de enmendarse, hacen una apuesta descarada por la escuela privada concertada -y normalmente confesional-, a la que favorecen legislativa y económicamente, a veces de forma encubierta, y normalmente, al descubierto.

Sin embargo, la Escuela Pública es un sostén de la cohesión social en casi toda Europa y lo saben perfectamente los grandes partidos de la derecha en Francia, Alemania o Finlandia y por eso contribuyen a cuidarla. Aquí se apuesta por la desigualdad y la ley Wert, que es una auténtica trituradora de derechos, no hará otra cosa que institucionalizar la segregación social.

Pero, frente a los que utilizan la educación como arma ideológica y proselitista y los que la conciben como negocio, están las Ampa, los sindicatos de profesores, organizaciones de estudiantes y otras como Escola Valenciana o Cave-Cova (Confederación de Asociaciones de vecinos). Porque en la Escuela Pública caben todas y todos los alumnos, sin que importe su extracción social, su lengua o la orientación política o religiosa de sus familias. Y eso es lo que la Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública puso a la vista de todos en la rueda de prensa que presentó su portavoz, Eva Grimaltos (Presidenta de Fapa-València) y a la que asistieron las organizaciones citadas y tres invitados anónimos, que no eran sino tres ciudadanos de los muchos que creen, disfrutan y se sacrifican por la escuela pública. Se trataba de Luis Miguel Arroyo, un joven universitario que explicó cómo su brillante trayectoria académica no hubiera sido posible sin las clases de apoyo que recibió en Primaria y sin las becas de las que actualmente disfruta; de Empar Bataller, una maestra que hace años que trabaja con alumnos con necesidades educativas especiales; o de Abraham Canales, un padre que litigó con una administración que trataba de impedir que su hijo recibiera la educación en valenciano. Tres ejemplos de lo que ofrece la pública y que, en su mayor parte, la concertada ni busca, ni le interesa.

Pero es que, además, pese a la mercadotecnia de la escuela privada, la Escuela Pública ofrece calidad: en la selectividad de este curso , en el País Valenciano, cuatro de los cinco alumnos con mejor puntuación eran de la Escuela Pública.

En su defensa, ya hay prevista una marcha sobre Madrid contra la LOMCE el 5 de octubre y una huelga general de toda la educación a finales de ese mes. Y aquí, en el Camp de Morvedre, no pasa nada que no pase en otras comarcas: tenemos barracones (Villar Palasí, Estivella, Benifairó); tenemos obras proyectadas que no se realizan (Instituto Núm 5, remodelación del Ceip Vª y Joaquín Rodrigo en Puerto de Sagunto); casi todos los centros pierden plantilla de profesorado; en algunos casos la masificación es vergonzante (en el IES Eduardo Merello habrá una clase de 2º de Bachiller con 44 alumnos); a las familias no se les paga las becas de libros y los centros del Camp de Morvedre no han recibido un euro en 2013 (la deuda ronda o supera los 700.000 euros). Así que, como estamos igual que en otros lugares y peor que nunca, habrá que movilizarse como siempre: el 1 de octubre, en los barracones del Villar Palasí y el 15 de ese mes, en el solar del IES Núm 5, de cuya exigencia en su construcción el gobierno municipal de Sagunto se ha borrado.
 
Pedro Luis Alonso, miembro de la Ejecutiva de Fapa-Valencia.
Si algo salta a la vista, es la necesidad de que haya una mayor cercanía de los políticos locales. Y es que los ciudadanos quieren ser escuchados, quieren tener información de primera mano, quieren explicaciones del porqué se hacen o no se hacen las cosas. Sin embargo, desde el Equipo de Gobierno parece que se han olvidado de esta obligación. Desde el Partido Popular tienen bastante trabajo con dedicarse al clientelismo político, a salir en la foto y a generar estómagos agradecidos.
Es ilógico que se produzcan hechos tan graves como la caída de la palmera en la playa, o que se derrumbe una casa en Sagunto, que en ambos casos podrían haber generado una desgracia personal, y que nadie desde el PP salga a dar explicaciones. En ambos casos estaban avisados por las fuerzas políticas de la oposición y habían recibido quejas vecinales, que requerían de la actuación del ayuntamiento, pero que ni siquiera se han molestado en atender.
Deberían rendir cuentas ante los vecinos de los barrios de San José o la Marina. Con proyectos programados desde el año 2009, con consignación presupuestaria para realizarlos. Pero 4 años más tarde siguen sin comenzar las obras. Ahora parece que el crédito necesario para el barrio de la Marina aún no está negociado, es decir, siguen retrasando las obras. Ellos manejan el tiempo, seguro que esperan para comenzarlo al último año antes de las elecciones.
El SUP2, tras numerosos atrasos, continúa sin estar abierto, lo cual contrasta con la apertura parcial del inacabado, pero ya habitado proyecto FUSIÓN.  En temas urbanísticos siguen sin resolverse los problemas para la obtención de algunos suelos contemplados como dotacionales en el Plan General de Ordenación Urbana, y si continúa la inacción por parte del Equipo de Gobierno, pronto volveremos a escuchar hablar de sentencias multimillonarias para poderlos adquirir.
Los 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial vacío, que existen en el Municipio, siguen a la espera de las inversiones que los pongan en valor. Ni infraestructuras viarias, ni ferroviarias, ni acceso al puerto marítimo. Y nuestro alcalde no da explicaciones, pero tampoco se las pide ni les exige nada a sus «amos» de Valencia o Madrid. La desaladora que ha costado 28 millones de euros, sigue parada sin aportar ni un solo metro cúbico de agua. La petición de tren de pasajeros hasta El Puerto, sigue pendiente de que la consellera de infraestructuras nos reciba en Valencia, tras entregarle 10.000 firmas y hacer la petición formal de reunión el pasado mes de julio. Como han hecho otras veces, se pasan la voluntad ciudadana por el forro.
El pabellón situado enfrente del cementerio municipal, sigue paralizado, pues el contratista aún no ha cobrado, mientras desde la Consellería de Infraestructuras siguen anunciando nuevas obras que pagarán con un dinero que no tienen. Alguien debería explicar a donde han ido a parar los 3,5 millones de euros que estaban consignados para el pabellón. El PP está obligado a dar respuestas, es una vergüenza.
Y qué decir del Fornás. Apenas hace un año que concluyeron las obras. Este estadio cuenta con unas pistas de Pádel que antes de ser utilizadas, ya están en un estado muy deficiente. Al señor alcalde,  se le ocurrió colocar una pista de juegos y patinaje, allá donde no la utilizará nadie. Las deficiencias en el Estadio son múltiples, pero el grado de dejadez desde el Equipo de Gobierno clama al cielo. Los espacios ajardinados que acompañaban el proyecto, están abandonados a su suerte, llenos de hierbajos y basura. Se está negociando un convenio de uso entre el Ayuntamiento y el CD Acero, pero el tema está embarrancado y el PP es incapaz de avanzar. Así las cosas, el uso y las responsabilidades sobre lo que ocurra en esa instalación, siguen sin estar delimitados, lo cual me parece de una gravedad extrema.

Lo mismo que el Casino Gerencia, pendiente de la firma de otro convenio que no avanza. Por cierto, las oficinas de AHM, cuya obra tenía que estar finalizada en septiembre del año 2011, siguen cerradas a cal y canto ¿a que espera el PP para darles uso?¿a que esperan para darle servicio a los ciudadanos de El Puerto?¿porqué no finalizan las obras? Demasiadas preguntas sin respuesta. En cuanto al resto de la Gerencia, con sus chalets en ruinas y sus jardines abandonados, la situación sigue paralizada. No mueve la consellería y nuestro alcalde como fiel siervo del PP, no hace, ni dice nada. Tampoco da explicaciones, pues parece que no se da cuenta de que se debe a los ciudadanos de su Municipio, antes que a sus «jefes» de Valencia. Parece que gracias a su servilismo y silencio, tendrá su merecido premio en forma de sillón en un puesto en Valencia.

El Museo Industrial se quedó a medias, pues falta museizar ese espacio. El horno Alto, ha sido abierto, a pesar de no contar con un ascensor que está planteado desde hace 4 años. La nave de talleres en la que se han gastado 30 millones de euros, sigue sin un uso definido. Además en el año 2009 nos presentaron un proyecto para acceder por el pantalán hasta la zona portuaria municipal. Sin embargo, ese proyecto ha sido paralizado por la autoridad portuaria de Valencia, en cuyo Consejo de Administración está nuestro alcalde, que en lugar de dar explicaciones, está callado como ante tantos y tantos problemas sin solucionar. No puedo entender como este hombre luego saca pecho por su magnífica gestión.

 Nuestra fachada marítima, con el malecón y el paseo marítimo. Entre las promesas de campaña del Partido Popular estaba la de ordenar toda esta zona con un nuevo paseo marítimo, más acorde a la calidad de la playa de El Puerto. Sin embargo todo sigue igual, con las concesiones en el limbo, pues en algunos casos, se les permite seguir ahí, pero no se ha concedido la renovación.

Hay tantas y tantas cosas que comentar, aunque para darse cuenta de la muy deficiente gestión del Partido Popular, tan solo es necesario darse un paseo por las calles de nuestro pueblo para reparar en cuestiones desgraciadamente tan habituales como la suciedad que nos invade, los solares abandonados, el déficit en mobiliario urbano, los problemas de accesibilidad, el mal asfaltado, etc.

Ante esta mala gestión, nuestro partido se postula como alternativa. Iniciativa Porteña dará continuidad a su forma de hacer política, cuya característica fundamental es la cercanía a los ciudadanos.  En los últimos meses, se han mantenido reuniones con vecinos de los Barrios de Churruca, Marina y San José, al igual que con los de la calles Pintor Pinazo  y Almudafer. Asimismo, se han recogido multitud de pequeñas quejas desde nuestro Consejo de Barrios y se han mantenido reuniones con representantes del sector comercial. Por último, en nuestra sede los concejales de Segregación Porteña están prestando toda su atención a aquellos vecinos que se desplazan hasta allí para trasladar los problemas y dudas que día a día surgen respecto a la gestión municipal. Desde Iniciativa Porteña damos respuesta a las peticiones vecinales.
 
Manuel González. Portavoz de  Segregación Porteña.
Passat dimarts caigué un immoble en el Carrer Armengol de Ciutat Vella. Un immoble denunciat des de 2003, que tant veïns com grups polítics haviem denunciat en diverses ocasions. La casa es vingué avall amb un soroll que va fer trontollar el Barri de Sant Ramón, un lloc que dies abans cel.lebrava les seues festes precisament també en eixe carrer.

Un enderrocament deixa nues les cases, quan una casa es cau queda al descobert la pell interior de la vivenda, les cambres, els llocs on s'habita i en aquesta ocasió han deixat veure els efectes que te l'abandonament d'un barri històric i protegit. Hem pogut veure més que una vivenda, una infravivenda, un habitatge en condicions d'habitabilitat qüestionables que, finalment s'ha vingut avall. Un habitatge ocupat per famílies amb dificultats econòmiques i socials. Però no només els arrendataris, també els arrendadors. Hem d'agraïr que la sort jugà del costat de les persones i que en el moment de l'enderrocament no hi havia ningú ni a l'immoble, ni transitant pel carrer, per què podriem estar parlant de persones sepultades i qui sap si de desgràcies majors.
Aquest enderrocament és al mateix temps un avís i una evidència. Un avís per posar l'atenció en que no és l'únic immoble en aquestes condicions a Ciutat Vella, i una evidència de quin pot ser el futur d'un barri històric, si no s'actua en ell. L'avís ens ha de fer reaccionar davant la urgència, però la evidència ens ha de convidar a reflexionar respecte de quina és la política de revitalització que tenim a Sagunt en un entorn protegit com el casc històric.

Respecte de la urgència, s'ha aprovat una moció per tal de revisar tots els expedients i els immobles en condicions de ruïna de la ciutat. Però respecte de l'evidència, el debat és a llarg termini i implica també la visió que es te del que deu ser un barri vell. Per què una política de recuperació del patrimoni que no tinga en compte la vida de barri, pot portar-nos a tindre una casa dels berenguers, un museu de la moreria, un teatre romà, etc, etc en un barri deprimit i amb greus dificultats socials. Per què no podem oblidar que tota Ciutat Vella és un entorn declarat Be d'Interès Cultural i per tant te la mateixa consideració que un monument històric, i la seua recuperació ha de ser prioritària. La recuperació patrimonial, en aquest cas no pot limitar-se a la intervenció arquitectònica, te una vessant social i econòmica a tindre en compte.

Per que una zona antiga, amb un traçat i una arquitectura característiques, és una mostra de la història i la identitat de la ciutat però al mateix temps, els motius que generen la seua protecció i conservació, impliquen també una responsibilitat i unes limitacions i incomoditats que en altres zones de la ciutat no es donen. Aquestes incomoditats fan fluir la població cap a altres zones que tenen majors comoditats i espais urbans més avançades. I el teixit social d'una zona antiga també te unes característiques determinades que s'han de considerar.

Els habitants d'una zona antiga solen ser en la seua majoria gent major, i si ho barregem amb el fluxe de població cap a zones noves, mesclem una situació social que mereix atenció. No es pot demanar la recuperació dels immobles a càrrec dels propietaris quan la situació social és peculiar. Invertir en la recuperació de ciutat vella, sense aportar els recursos públics necessaris per facilitar no sols la rehabilitació arquitectònica, si no també el relleu generacional aboca a un progressiu abandonament del barri. A més, a més, en una situació econòmica com l'actual la rehabilitació d'aquestes zones suposa una alternativa d'ocupació, però són necessàries ajudes públiques que ho incentiven i ho faciliten a aquelles persones amb més dificultats. Són recursos que tenen un triple aprofitament, l'arquitectònic, el social i l'econòmic. Però no només, es pot deixar en mans de la voluntat dels propietaris, a través de requeriments i inspeccions la revitalització d'un barri que conserva i és senyal de la nostra identitat.
 
Teresa Garcia. Regidora por Bloc Compromis en Sagunt.
La Fallera Mayor de la Junta Fallera de Sagunto 2008, Cristina Plumed, y el concejal de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de Sagunto, José Luis Martí, ha sido elegidos como los mantenedores de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto para este nuevo ejercicio 2013-2014, Patricia Burgos Sayas y la pequeña Sonia Argilés Ruiz. De esta manera, toman el relevo del ex presidente de la Junta Central Fallera, Félix Crespo, que ocupó su lugar el pasado año. Así pues, Plumed y Martí serán los encargados de exaltar a las máximas representantes del mundo fallero del Camp de Morvedre el próximo sábado 28 de septiembre, a las 18 horas, en el teatro romano de Sagunto.
 
Actualmente, Cristina Plumed es empresaria y ocupa la presidencia de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam), además de tener una dilatada carrera dentro del mundo fallero al que pertenece desde 1991 ya que ha sido la representante de su comisión, Plaza Ibérica, antes de serlo de la fiesta josefina de la comarca, así como vicesecretaria general de la Junta Fallera de Sagunto durante los ejercicios 2009 y 2010. Por su parte, José Luis Martí, es concejal del Ayuntamiento de Sagunto por parte del PP y, junto a la delegación de Fiestas, lleva otras como Movilidad Urbana, Mantenimiento, Informática o Protección Civil, entre otras.
 
Ambos han mostrado su satisfacción y alegría al haber sido los elegidos para exaltar a Patricia y Sonia en un acto que se llevará a cabo en un enclave como es el del Teatro Romano mientras afirmaban que, al mismo tiempo, es toda una responsabilidad realizar esta tarea.

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