Un nuevo curso escolar ha comenzado.Y lo hizo el día 2 de la semana pasada, cuando miles de maestros de escuelas e institutos se incorporaron a los centros para organizar materiales o confeccionarlos, así como para iniciar el rosario de reuniones necesarias para programar el curso y recibir adecuadamente a nuestros hijos e hijas: el día 9 en Primaria y el 16 en Secundaria. También lo iniciaron algunos alumnos que tenían asignaturas pendientes, lo que no ocurrirá el curso que viene, porque en una de esas actuaciones caprichosas, inesperadas y poco fundamentadas, la Consellera M.José Català ha pensado que los exámenes extraordinarios deben realizarse en plena canícula. Pero todavía antes, los equipos directivos ya habían comprobado el estado de sus centros y el estado de las cuentas de sus centros. En los públicos, esa doble comprobación es a veces deprimente, y en todos los casos la comprobación económica es un escándalo. Estos gobernantes valencianos que tanto dinero derrocharon y que tan poco invirtieron en educación, han dejado los servicios públicos en la bancarrota. Por desgracia, lejos de enmendarse, hacen una apuesta descarada por la escuela privada concertada -y normalmente confesional-, a la que favorecen legislativa y económicamente, a veces de forma encubierta, y normalmente, al descubierto.

Sin embargo, la Escuela Pública es un sostén de la cohesión social en casi toda Europa y lo saben perfectamente los grandes partidos de la derecha en Francia, Alemania o Finlandia y por eso contribuyen a cuidarla. Aquí se apuesta por la desigualdad y la ley Wert, que es una auténtica trituradora de derechos, no hará otra cosa que institucionalizar la segregación social.

Pero, frente a los que utilizan la educación como arma ideológica y proselitista y los que la conciben como negocio, están las Ampa, los sindicatos de profesores, organizaciones de estudiantes y otras como Escola Valenciana o Cave-Cova (Confederación de Asociaciones de vecinos). Porque en la Escuela Pública caben todas y todos los alumnos, sin que importe su extracción social, su lengua o la orientación política o religiosa de sus familias. Y eso es lo que la Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública puso a la vista de todos en la rueda de prensa que presentó su portavoz, Eva Grimaltos (Presidenta de Fapa-València) y a la que asistieron las organizaciones citadas y tres invitados anónimos, que no eran sino tres ciudadanos de los muchos que creen, disfrutan y se sacrifican por la escuela pública. Se trataba de Luis Miguel Arroyo, un joven universitario que explicó cómo su brillante trayectoria académica no hubiera sido posible sin las clases de apoyo que recibió en Primaria y sin las becas de las que actualmente disfruta; de Empar Bataller, una maestra que hace años que trabaja con alumnos con necesidades educativas especiales; o de Abraham Canales, un padre que litigó con una administración que trataba de impedir que su hijo recibiera la educación en valenciano. Tres ejemplos de lo que ofrece la pública y que, en su mayor parte, la concertada ni busca, ni le interesa.

Pero es que, además, pese a la mercadotecnia de la escuela privada, la Escuela Pública ofrece calidad: en la selectividad de este curso , en el País Valenciano, cuatro de los cinco alumnos con mejor puntuación eran de la Escuela Pública.

En su defensa, ya hay prevista una marcha sobre Madrid contra la LOMCE el 5 de octubre y una huelga general de toda la educación a finales de ese mes. Y aquí, en el Camp de Morvedre, no pasa nada que no pase en otras comarcas: tenemos barracones (Villar Palasí, Estivella, Benifairó); tenemos obras proyectadas que no se realizan (Instituto Núm 5, remodelación del Ceip Vª y Joaquín Rodrigo en Puerto de Sagunto); casi todos los centros pierden plantilla de profesorado; en algunos casos la masificación es vergonzante (en el IES Eduardo Merello habrá una clase de 2º de Bachiller con 44 alumnos); a las familias no se les paga las becas de libros y los centros del Camp de Morvedre no han recibido un euro en 2013 (la deuda ronda o supera los 700.000 euros). Así que, como estamos igual que en otros lugares y peor que nunca, habrá que movilizarse como siempre: el 1 de octubre, en los barracones del Villar Palasí y el 15 de ese mes, en el solar del IES Núm 5, de cuya exigencia en su construcción el gobierno municipal de Sagunto se ha borrado.