Aunque los representantes de la Federación de Vecinos de Sagunto han puesto en marcha la campaña «El agua no es un negocio», lo bien cierto es que la gestión de agua o de los residuos sí son negocios muy prósperos, basta con ver, por ejemplo, cuánto se paga por la tasa de reciclaje o de qué forma tan espectacular ha ido subiendo el recibo del agua en el municipio desde que la empresa Aguas de Sagunto se puso en marcha.
Probablemente, la privatización encubierta del servicio de agua potable, acordada a escasas fechas de las elecciones municipales de 2007 por fuerzas tan variopintas como el PP, PSOE y Bloc, hoy integrado en Compromís, sea el hecho más escandaloso de la etapa democrática desde el punto de vista de la renuncia, por parte de esos partidos políticos, a la defensa del interés general. No debe de extrañar, por consiguiente, que el 19 de octubre de 2016 visitaran Sagunto numerosos efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial para registrar, además del Ayuntamiento, numerosas empresas, entre ellas, Aguas de Sagunto. Es más, los agentes de la UDEF confiscaron varias cajas con documentos del proceso que desembocó en la privatización encubierta del servicio público de agua potable.
Antes de que el PSOE, PP, y Bloc, tomaran tan nefasta decisión para los intereses de la ciudadanía, muchas voces, apoyándose en otros casos ocurridos en la geografía española, advirtieron de que la principal consecuencia iba a ser la del progresivo incremento del recibo, sin embargo, PSOE, PP, y Bloc siguieron adelante, haciendo caso omiso a las advertencias. Hasta que la UDEF no concluya la investigación abierta con la ‘Operación Flotador’, no se conocerán los motivos que alimentaron esta decisión, aunque, el que más y el que menos, ya se ha hecho una idea bastante aproximada de porqué pasó.
A modo muy resumido, se puede indicar que el Ayuntamiento de Sagunto, en tiempos del tripartito de progreso y con la colaboración necesaria del Partido Popular, decidió buscar un socio tecnológico para mejorar la gestión del ciclo integral del agua. En principio, el aspirante aportaba un canon de 12,5 millones de euros por acceder al negocio y, adicionalmente, adquiría 49 acciones de la nueva empresa: Aguas de Sagunto, mientras que el Ayuntamiento se quedaba con las otras 51, es decir, conservaba la mayoría en el consejo de administración.
Hasta aquí todo parece bastante razonable, pero ahora viene la letra pequeña. Para empezar, los estatutos de la nueva compañía, Aguas de Sagunto, recogen que el socio minoritario sea el que nombre o recomiende al gerente. Curioso, ¿verdad? Aún hay más, pasados 25 años, que es el tiempo de la concesión, el municipio habrá devuelto a Aguas de Valencia, que es el socio tecnológico seleccionado, los 12,5 millones de euros del canon, porque realmente no era un canon sino un préstamo. Sorprendente, ¿verdad? Pero aquí no acaba este despropósito, ni mucho menos, si el Ayuntamiento de Sagunto quisiera rescatar el servicio una vez caducada la concesión, le tendría que comprar a Aguas de Valencia las 49 acciones. Es decir, agotada la concesión, Aguas de Valencia se va a su casa habiendo recuperado hasta el último céntimo y después de beneficiarse a coste cero de su participación en el negocio del agua, que se va ampliando, por ejemplo, con la adjudicación de obras.
