Cuando el Partido Popular, desde el Gobierno de Sagunto, llegó a un acuerdo con Lafarge y firmó en 2013 el convenio que ahora ha sido dinamitado, tanto Compromís como los vecinos de Bonilles Romeu se quejaron, seguramente con razón, de que no se habían tenido en cuenta los intereses de todas las partes, en clara referencia a los que residen en las proximidades de la cantera Salt del Llop. Sin embargo, cinco años después, los nacionalistas, en colaboración con sus socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Sagunto, PSOE, EU y ADN Morvedre, han promovido la declaración de Paraje Natural Municipal sin tener en cuenta los intereses de otra parte, en este caso la de los trabajadores, que van a ser los verdaderamente perjudicados si, finalmente, la medida aprobada por el Consell precipita el cierre de la factoría.

Hay que dejar bien claro que el perjuicio se le ocasiona a los asalariados directos e inducidos. La multinacional, si tiene que reclamar indemnizaciones, las reclamará; si tiene que echar el cierre precipitadamente, lo echará, y, tan ricamente, se irá con la música a otra parte. Los que no tienen paracaídas son los empleados y es precisamente a este segmento al que no se ha tenido en cuenta desde el cuatripartito municipal.

Según el argumentario que se está utilizando por parte de los partidos que han respaldado esta medida, la declaración de paraje natural no afecta al empleo de Lafarge porque permite la actividad extractiva, lo cual es una verdad a medias, porque, aun siendo cierto que la empresa puede continuar extrayendo caliza, también es verdad que impide la posibilidad de ampliar hasta el área de Margas y zona Norte, donde la cementera tiene reconocidos derechos mineros. En términos prácticos, esto significa que la empresa se quedará sin suministro de caliza en cuestión de una década. Con lo cual, los cuatro partidos que han promovido la declaración de Paraje natural en los términos que lo han hecho, han programado, al mismo tiempo, el cierre de esta industria, que es, en definitiva, lo que se pretendía desde el principio. Aunque pueda parecer exagerado, lo ocurrido con Lafarge no es más que la punta del iceberg. Lo que se pretende es cambiar el modelo económico, sustituyendo la industria por la logística, que ocupa mucho terreno y genera poco empleo. Es una cuestión de concepto, no es la primera vez que se dice desde determinados foros próximos al cuatripartito que el actual modelo industrial no es compatible con la vida, lo cual no deja de ser una afirmación irresponsable, además de falsa, que solo contribuye a demonizar la industria. Los que sí se han dado cuenta de por donde van los tiros, son los empleados de Lafarge, primeros damnificados de este cambio de modelo.