Acuamed presentó al Ayuntamiento de Sagunto una propuesta de convenio que fue aprobada por PSOE, Esquerra Unida y Bloc, hoy Compromís, en el pleno municipal ordinario del 28 de diciembre de 2006. Pues bien, aquel acuerdo fue, sencillamente, un ejercicio de total irresponsabilidad, por llamarlo finamente. No fueron pocas las voces que con anterioridad advirtieron al Gobierno municipal de que aceptar aquel convenio, tal cual se planteaba, era una barbaridad de proporciones estratosféricas, sin embargo, el triunvirato de progreso hizo caso omiso a estas llamadas de atención y dio luz verde a este pacto, materializándose la firma del mismo el 11 de enero de 2007. Los tres partidos que lo aprobaron, llevaron al municipio a un callejón sin salida, hipotecándolo con unas obligaciones económicas ciertamente inasumibles, como efectivamente estamos viendo. En aquel texto, todo eran obligaciones para el municipio y ventajas para Acuamed, es decir, no podía ser más draconiano.
Aquí no se está hablando de que la desaladora fuera o no necesaria, el tiempo ha demostrado que no hacía ninguna falta, pero ese no ha de ser el debate. Se tomó una decisión política en base a unas previsiones de asentamiento de empresas y de incremento de la población, que la crisis del ladrillo se llevó por delante. Lo que no es comprensible, desde ningún punto de vista, es que el equipo de Gobierno, presidido entonces por la socialista Gloria Calero, diera por bueno y aceptara un convenio completamente inasumible. No se pudo gestionar peor. Estos días, el concejal de Compromís, Pepe Gil Alcamí, ha calificado aquel acuerdo de abusivo. A buena hora mangas verdes. Que le pregunte a su compañero de partido y alcalde del municipio, Francesc Fernández, que en aquel tiempo era el concejal de Urbanismo, porqué firmaron semejante barbaridad.
Como la hipoteca económica que dejaron es descomunal y como la desaladora se tiene que poner en marcha antes de marzo de 2019 para que no se pierdan los fondos europeos, ha sido la propia Acuamed la que ha buscado una solución puente para que la planta se ponga en marcha. Esto es algo parecido a la moratoria que le ofrece el banco al cliente que no puede pagar la hipoteca, aunque, pasado ese plazo, se vuelve a dar de lleno con el problema, pero eso ya será en la siguiente legislatura y, para entonces, el que esté en el Gobierno, que apechugue y se coma el marrón.
De aquella legislatura del Gobierno de progreso, se han derivado algunas consecuencias bastante nefastas y perjudiciales para el bolsillo de los ciudadanos de este municipio. La primera y más escandalosa: la privatización encubierta del servicio del agua potable, que ha disparado el recibo de forma completamente abusiva, pero no se quejen, que con la puesta en marcha de la planta desaladora, aún subirá más.
