Sostienen los versados en leyes que el derecho es interpretable. Esta afirmación queda acreditada desde el momento en el que, ante un mismo supuesto, un ejército de abogados puede hacer cien informes favorables y otra legión de juristas otros tantos dictámenes en contra. Todo depende de las indicaciones e intereses de la parte contratante, que es la que paga. Es decir, que el informe solicitado por la Alcaldía, al bufete de abogados contratado por el Ayuntamiento de Sagunto, ante la posible comisión de un ilícito penal por no estimarse las alegaciones presentadas por Lafarge, tiene el valor que tiene. De hecho, el apartado 6.3 del citado dictamen ya deja claro, precisamente, que pueden existir otras interpretaciones. En todo caso, veremos qué dicen los jueces sobre los asuntos que ya ha trasladado la empresa al juzgado.

 

Todo este preámbulo viene a cuento porque en el orden del día del pleno municipal ordinario de mayo, que se celebrará el martes, se ha incluido en el punto número nueve: «Determinación del grado de incumplimiento en la concesión demanial del Salt del Llop». Los partidos de la oposición ya han anunciado que van a votar en contra, mientras que, supuestamente, lo harán a favor las fuerzas políticas que forman el cuatripartito municipal. La cuestión planteada no es baladí, desde luego que no. Aquí no se trata de aprobar una moción que, luego, ni se llega a tramitar, como ocurre con tantas y tantas iniciativas que aguardan su momento en cualquier cajón consistorial, sabiendo de antemano que nunca les llegará su oportunidad. Por cierto, una cuestión que deberían preguntarse los señores concejales es ¿por qué se lleva este tema al pleno, cuando el órgano competente es la Junta Local Gobierno?, según indica el informe jurídico del jefe de la Sección de Urbanismo.

 

Es lógico que el Ayuntamiento de Sagunto, gobierne quien gobierne, vele por el cumplimiento de la legalidad en todos los ámbitos que son de su competencia o denuncie cualquier supuesta ilegalidad ante la autoridad correspondiente, así debe de ser, pero asegúrense bien, porque un patinazo, en este caso concreto, podría tener consecuencias económicas muy perjudiciales para el interés general. No olvidemos que, por decisiones erróneas, los vecinos de este municipio hemos tenido que asumir indemnizaciones millonarias, sí, por más de 20 millones de euros, precisamente, en materia urbanística.

 

Ahora, que sigue con total normalidad en la Generalitat el expediente para la prórroga de los permisos de ocupación de monte público en Salt del Llop, y después de unas semanas de calma aparente, vuelve a saltar la chispa en este conflicto. Curioso.