Se cumplen dos años de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 aprobado por el PP que “quebró” el modelo del Sistema Nacional de Salud. Un decreto, recordemos, que sustituye la universalidad del sistema por un modelo de aseguramiento. Desde entonces se ha dejado desprotegidas y sin tarjeta sanitaria en España a más de 873.000 personas y los ataques a la sanidad pública no han cesado.

Con esta política de desmantelamiento de la sanidad pública y de apuesta clara por la privatización se pone en peligro claramente la salud de muchas personas. Mientras que el modelo de aseguramiento al que reducen el sistema y que imponen puede ser un magnífico negocio para algunos, pero con grandes riesgos para la calidad y la sostenibilidad, justo lo contrario de lo que anuncia el decreto en su demagógico título.

Algunas CCAA, entre ellas la nuestra y la siempre “innovadora” Comunidad de Madrid vienen aplicando desde hace algún tiempo la propuestas neoliberales que refuerza el gobierno del Estado con el decreto de marras. El objetivo es claro: reducir el papel del Estado como garante de la salud de todos los ciudadanos para introducir el mercado en la asistencia sanitaria con los argumentos repetidos hasta la saciedad aunque falsos de toda falsedad de la imposibilidad económica de mantener la asistencia de salud universal y equitativa y la incapacidad de los sistemas sanitarios públicos para producir servicios sanitarios eficientes.

Así, van cumpliendo paso a paso los conocidos y bien estudiadas premisas para conseguir introducir la fuerza del mercado en el ámbito sanitario, o mejor negocio sanitario: 1. Debilitar el sector publico y potenciar el privado, 2. Separar la financiación de la provisión de servicios sanitarios creando un mercado interno, 3. Reducir la oferta y la demanda, eliminando el seguro publico universal, 4. Reducir el numero de camas y personal sanitario, 5. Sustituir la gestión  publica de los centros por otra basada en el modelo empresarial privado y 6. Incrementar la presencia del sector privado en la provisión de servicios financiados públicamente (conciertos)

Y los mensajes para esta descarada intervención política son tan claros como falaces: es necesario reducir el gasto público, hay que  recortar prestaciones y hacer participes del pago a los usuarios (copago de medicamentos, prótesis y otras prestaciones, excluir de la financiación del sistema medicamentos de mucho uso, aseguramiento privado) , es necesario introducir nuevas formas de gestión, externalización de servicios, y es necesaria la financiación privada para la construcción y gestión de infraestructuras (modelo Alzira).

Y a esto se dedican, en estos años de gobierno del Partido Popular, los recortes del gasto público cargados sobre la sanidad ascienden a más de 11.000 millones de euros. Las previsiones para este año son que el gasto de las Administraciones Públicas en materia de salud caiga hasta el 5,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) muy lejos de las cifras de  2009 cuando el gasto sanitario público alcanzaba el 6,95 % de la riqueza del país. Con estas cifras, nos vamos alejando cada vez más de las cantidades de dinero que dedican otros países europeos, como Holanda y Dinamarca que están por encima del 8,8% del PIB o de Francia o Alemania que dedican el 8,66 y el 8,43 % respectivamente.

No son de extrañar, por tanto, noticias tan alarmantes para el normal/buen funcionamiento de la sanidad pública como que durante el mes de agosto se cerraran más de 2.000 camas hospitalarias en la Comunitat Valenciana, (La Fe, hospital de referencia ha cerrado el 25% de sus camas) decisiones cuyo único fin es el ahorro y que pasan, como explicaba nuestro portavoz de sanidad en Les Corts Ignacio Subías, “por encima de los profesionales y los ciudadanos” o la reducción contrastada de más de 10.000 puestos de trabajo en la sanidad valenciana en los últimos dos años.

Según datos del Ministerio de Hacienda se ha pasado de 54.059 puestos de trabajo en enero de 2012 a 43.752 en 2014, lo que supone un descenso del 18% (la reducción a nivel nacional ha sido de un 6%). Una auténtica barbaridad, que hace imposible mantener el nivel de calidad de los servicios. Estos recortes tienen, lógicamente, importantes consecuencias para el sistema sanitario, que redundan en la atención y en la salud de los ciudadanos, objeto último de este servicio público.

Finalmente, el camino iniciado por este gobierno trata de convertir la salud en una mercancía de la que entiende el mercado, una opción ideológica que discrimina injustamente a muchos ciudadanos, obliga a copagos no siempre posibles para las personas, empobrece la calidad de los servicios y da menos garantías al paciente. Y no parece que la cuestión importe mucho a los responsables, a pesar de que según el Barómetro Sanitario hecho público por el propio Ministerio la valoración positiva que los españoles tienen del sistema sanitario empeora desde que gobierna el Partido Popular, pasando del 73% en 2011 al 66% en 2013, siendo el primer barómetro que analiza el impacto completo que han tenido los recortes en sanidad producidos por el decreto referido del que se cumplen dos años. Queda claro que desde que gobiernan, la percepción positiva de los españoles ha caído siete puntos.

Hoy, recuperar el sistema público sanitario es una necesidad prioritaria. Hay que exigir que se restablezca la universalidad del sistema sanitario y que se recupere un modelo de sanidad pública que hasta hace dos años era un referente en Europa y en el mundo. Frente a los ataques y recortes indiscriminados del Gobierno, hay que seguir defendiendo la sanidad pública, universal y gratuita a toda costa.

La gran apuesta de nuestro modelo es que la sanidad es para todos, no solo para los que pueden pagarla. Y para asegurar su sostenibilidad, hay que exigir que se le dote de una financiación suficiente que garantice la calidad, para lo que sería fundamental la creación de una partida adecuada y estable del PIB, un porcentaje que nos aproxime a los niveles de nuestros vecinos europeos.

Y oposición ciudadana, porque la Sanidad Pública no es un gasto, sino una inversión en beneficio de todos.

José Luis Chover Lara

Portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sagunto