El Gobierno del Partido Popular lleva dos años quitando a los ciudadanos derechos sociales. Y ahora, en los otros dos que quedan de legislatura, pretende también empezar a quitarles o reducirles sus derechos civiles. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por el Gobierno que preside Mariano, quita a las mujeres, sin ninguna razón objetiva, la libertad y el derecho que la ley en vigor les tenía reconocido desde el año 2010, metiéndonos a todas en un laberinto casi imposible de sortear para ejercer la decisión de abortar, un derecho que se ejerce en casi todos los países de Europa y que se ha desarrollado en España sin ningún tipo de conflicto.
Una nueva reforma que nadie contempla entre las necesarias para una España que se desbarranca en cada curva de la realidad. Pero que les importe a los obispos, a la ultraderecha católica, a la caverna del PP parece suficiente y se justifica en la búsqueda del voto de la derecha más reaccionaria.
Como es sabido, la propuesta cambia una ley de plazos (tiempo máximo para abortar) por una ley de supuestos, un proyecto que deja en mantillas por restrictivo la ley de 1985. Un retroceso legal que nos vuelve a otras épocas. Las mujeres españolas abortarán si así lo deciden, diga lo que diga el PP o Alberto Ruiz Gallardón; pero, con la nueva ley, estaremos más desprotegidas y poniendo, quizá, en riesgo la salud. Caminamos hacia la interrupción por la fuerza de un derecho en vigor.
El proyecto de ley, sólo escucha a los movimientos anti-elección y en la práctica lo que hace es prohibir y penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que nos devuelve, en un salto de ley, a la triste historia — hipócritamente practicada por los más conservadores en su momento— de las mujeres de primera con dinero y mujeres de segunda, sin recursos económicos. Las primeras podrán pagar gastos para abortar libre y legalmente, con todas las garantías sanitarias, en cualquiera de los numerosos países europeos de nuestro entorno que tienen una Ley como la que tenía España. Y las otras, volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos inseguros, como si fueran delincuentes y con posibles riesgos para su salud. Es un nuevo ataque a los más vulnerables. Es una norma que recorta derechos y que recae sobre las clases medias y bajas, la inmensa mayoría de nosotras.
El año pasado, una vez lanzado el anuncio antiabortista del ministro Gallardón de reformar la ley vigente, una encuesta reflejaba que el 81% de los ciudadanos estaba en contra de la propuesta y de ellos, el 65 % se declaraban votantes del PP y el 64% eran católicos. La inmensa mayoría de la sociedad española entiende que este es un tema muy delicado y con frecuencia traumático, y que la ley actual no empuja a nadie a abortar, solo garantiza seguridad a las mujeres que tienen necesidad de hacerlo; de hecho, los datos demuestran que desde 2010 no se ha producido un aumento en el número de abortos respecto a años anteriores, solo produjo que las mujeres se sintieran más libres y seguras.
La actual, es una ley de libertad de elección, no de obligación mientras que la reforma anunciada, basada en dos supuestos, nos quita esa libertad. Restablecer la actual ley será necesario más pronto que tarde; pues su base, lejos de ideologías impositivas, pivota en la idea de que somos las mujeres quienes tenemos la capacidad de decidir el embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.
La ley actual garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual para prevenir, no para promocionar—como afirma demagógicamente el Partido Popular—, y establece un sistema de plazos donde prima la información y el esclarecimiento para que opte con una libertad responsable, sobre todo para las mujeres más jóvenes.
España tiene, desde el año 2010, una ley que regula el aborto, similar a las que existen en los países de nuestro entorno. El Partido Popular corta con ella por razones inexplicables, pues no es una reclamación de la sociedad española y solo tiene que ver con la ideología ultraconservadora de este gobierno. Un gobierno que está dispuesto a imponer contra la voluntad de la mayoría social una ley fuera del tiempo y de Europa, un gobierno que ha decidido, como en otros muchos casos, crear un problema donde no lo hay. Además, se pone de manifiesto el cinismo de dificultar el aborto, con el recorte brutal de ayudas a las familias y a los dependientes.
¿Cómo pueden «obligar» a que nazcan criaturas que luego no tendrán un mínimo de seguridad para salir adelante?
Ahora, con todo lo que eso significa, tu decisión ya no será tu derecho.
Montserrat Solaz Latorre.
Profesora.
