En una comarca como la nuestra, donde el desempleo alcanza dimensiones dramáticas, tanto en términos globales, con casi 10.000 personas desempleadas, como generacionales, con más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas, se constata que las sucesivas reformas laborales en aras de crear empleo y hacer más competitivas a nuestras empresas han servido para todo lo contrario. La verdad es que con esas reformas sólo se ha conseguido reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de los derechos laborales que tanto esfuerzo y lucha costaron alcanzar. Se flexibiliza y abarata más el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, se criminaliza a los desempleados. 

 

Mientras se exime de responsabilidades a la estructura empresarial, especialmente la banca, basándose en un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se persigue invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía, al buscar las soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar: la Sanidad, la Educación y la Administración Pública, que se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a estos derechos.

Cumplir con las directrices marcadas por la Troika es un suicidio social, el sacrificio de los derechos y las libertades que hasta hoy nos han definido como sociedad. Los «ajustes» en aspectos vitales como la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, las pensiones, la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, los derechos laborales básicos, etc. son ejemplos del desmantelamiento del Estado Social al que estamos siendo abocados en este país.

 

Otra política es posible, una que reclame explicaciones a los culpables de la crisis financiera y, lo que es más importante, que exija responsabilidades por lo ocurrido. Políticas que defiendan nuestros derechos sociales básicos: el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad. Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes. Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando la inversión.

 

Por todo esto, el próximo miércoles 24 de julio, la ciudadanía de nuestra comarca debe alzar la voz en defensa del empleo,  la industria, el comercio local y los servicios públicos. Debemos exigir políticas y actuaciones que protejan nuestro estado social, la defensa de un derecho del trabajo que proteja a quienes trabajan, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis. Es la ciudadanía, todos nosotros, los que tenemos el derecho y la obligación de exigir a nuestros gobernantes un cambio drástico en las políticas que se están llevando a cabo.