El concepto de la Educación como derecho social básico y su extensión a la totalidad de la población en sus niveles obligatorios supone una de las conquistas sociales más trascendentes que han tenido lugar en las sociedades modernas. En la actualidad, el  rápido desarrollo de los conocimientos y las mayores exigencias formativas del entorno social y productivo han motivado la justa aspiración de toda la ciudadanía a recibir una mejor y más prolongada educación.

En este contexto adquiere especial importancia la continuidad de los estudios tras las etapas educativas obligatorias. En un tiempo breve, para el año 2020, se prevé que el mercado de trabajo no absorberá más allá de un 15% de mano de obra sin ninguna cualificación, requiriendo fundamentalmente trabajadores cualificados que posean, al menos, alguna titulación de secundaria postobligatoria.
Sin embargo, el porcentaje de alumnado graduado en educación secundaria postobligatoria en nuestro país, fundamentalmente Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, se encuentra a más de 10 puntos porcentuales por debajo de la media de graduados de la Unión Europea, que es de un 83,4%.

A la vista de estos datos, resulta sorprendente que se utilice la situación de crisis económica para intentar replantearse la práctica gratuidad de las etapas postobligatorias en los centros de titularidad pública y se proponga gravar esas enseñanzas con aumento de tasas e imponer requisitos más severos para la obtención de ayudas y becas de estudio. Estas medidas, no pueden ser aceptadas por laciudadanía, no pueden ser aceptadas, por las consecuencias negativas que conllevan para la equidad del sistema educativo y por la merma que suponen en relación a la función transformadora de la educación y la formación.

Tampoco estas medidas van en consonancia con los Objetivos  educativos europeos 2020, que proponen para ese año aumentar la escolarización en la Educación Secundaria superior, o secundaria postobligatoria, por encima del 90%, reduciendo el abandono escolar prematuro a menos del 10%, aunque nuestro país se ha comprometido en reducirlo hasta el 15%; objetivo que me parece muy difícil de conseguir con los recortes que se están produciendo y la eliminación de los apoyos, programas y aumentos de ratio que se están produciendo con las últimas medidas tomadas y más difícil si al final se implanta en su totalidad la LOMCE.