En el último curso escolar padecimos el peor retroceso en el ámbito educativo de la historia democrática reciente de nuestro país. La política educativa del PP ha logrado en poco tiempo aquello que no se había conseguido nunca: La unión en la protesta de toda la comunidad educativa (progenitores, profesorado y alumnado) y la de todos los sindicatos, fuere cual fuere su vinculación política.
Los sucesivos gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana (17 largos años), después de provocar el mayor despilfarro económico conocido y múltiples casos de corrupción política que han trascendido a la esfera nacional e internacional, para sonrojo colectivo, ha presentado como única solución, el recorte: Recortar y recortar, pero con el agravante de practicarlo premeditadamente sobre los dos pilares básicos de la sociedad del bienestar y el progreso: La educación y la sanidad.
Y por si la política económico-educativa desplegada en nuestra Comunitat no era ya suficientemente restrictiva, ésta se ha visto reforzada aún más por el gobierno de Rajoy que ha dado un giro de 180º contra la educación pública y ha puesto patas arriba todo el esfuerzo que los gobiernos socialistas y la sociedad española en su conjunto habían venido desarrollando, aplicando esta reforma ideológica a golpe de decreto, sin diálogo alguno ni con los representantes de la comunidad educativa, ni con sus profesionales, ni con los partidos políticos de la oposición.
Y, ¿qué suponen los recortes? La respuesta es sencilla y, a la vez, preocupante:
1) Más alumnado por aula con pérdida de calidad en la enseñanza. La masificación únicamente depara eso y más si se tiene en cuenta que la población a hacinar, la más heterogénea y, si se quiere, problemática (esa que las autoridades educativas actuales tienden a definir como inclusiva) se concentra casi exclusivamente en la escuela pública.
2) Menos profesorado: se supone que alrededor de 100.000 docentes interinos, en el ámbito estatal, engrosarán las maltrechas listas del desempleo en el INEM.
3) Encarecimiento substancial de las tasas universitarias, es decir, la universidad será para quienes la puedan pagar y, al mismo tiempo, se aleja aquel precepto de universalidad (signo evidente de progreso social de un país).
4) Las becas dejan de ser un derecho y se dificulta su consecución, esto es, se complica todavía más el concepto de la gratuidad educativa (a cualquier nivel). En resumidas cuentas, una pérdida de la igualdad de oportunidades y una merma en la calidad de la enseñanza.
Y es que el PP sólo cree en la educación privada (sensu strictu o concertada), idónea para una élite, su élite. Se retrocede a una educación de calidad exclusiva para ricos o bienestantes y para el resto, una escuela de segunda categoría. Como ejemplo sigue sirviendo los criticados barracones de los que somos líderes, mientras ceden en concesión suelo público para la construcción de escuelas privadas.
Como todo el mundo sabe, toda esta situación provocó un seguido de movilizaciones y la creación de una Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública, a la que se han sumado todos los partidos políticos, excepto, lógicamente, el PP, y que ha contado con una participación masiva en todos sus actos de protesta.
Para el curso que se inicia se repetirán las protestas y las movilizaciones, ya que nuestros vigentes mandatarios no se dan por aludidos, desoyen a los miembros y a los representantes del sistema educativo en general cuando ocupan la calle para manifestar que están disconformes con los cambios que se están ejecutando y siguen redactando decretos, órdenes, etc. que, como fin postrero, suponen la pérdida de calidad en este sector tan capital y, particularmente, en su vertiente pública.
Prefiero acabar siempre con mensajes positivos, con la esperanza de que se apliquen medidas posibles que no supongan un ataque frontal contra la enseñanza pública, pero en el contexto actual no es posible. La esperanza es que sigan las protestas de la comunidad escolar, que no decaiga la justa reivindicación y tendremos que fajarnos para “… resistiré los años de Gobierno del PP…” que continúa actuando de forma prepotente, ahora con los recortes como bandera o mejor, como escusa para procurar el deterioro de la enseñanza pública. Esta, no es una reforma por la cuestión económica, es fundamentalmente una reforma con base ideológica.
Los sucesivos gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana (17 largos años), después de provocar el mayor despilfarro económico conocido y múltiples casos de corrupción política que han trascendido a la esfera nacional e internacional, para sonrojo colectivo, ha presentado como única solución, el recorte: Recortar y recortar, pero con el agravante de practicarlo premeditadamente sobre los dos pilares básicos de la sociedad del bienestar y el progreso: La educación y la sanidad.
Y por si la política económico-educativa desplegada en nuestra Comunitat no era ya suficientemente restrictiva, ésta se ha visto reforzada aún más por el gobierno de Rajoy que ha dado un giro de 180º contra la educación pública y ha puesto patas arriba todo el esfuerzo que los gobiernos socialistas y la sociedad española en su conjunto habían venido desarrollando, aplicando esta reforma ideológica a golpe de decreto, sin diálogo alguno ni con los representantes de la comunidad educativa, ni con sus profesionales, ni con los partidos políticos de la oposición.
Y, ¿qué suponen los recortes? La respuesta es sencilla y, a la vez, preocupante:
1) Más alumnado por aula con pérdida de calidad en la enseñanza. La masificación únicamente depara eso y más si se tiene en cuenta que la población a hacinar, la más heterogénea y, si se quiere, problemática (esa que las autoridades educativas actuales tienden a definir como inclusiva) se concentra casi exclusivamente en la escuela pública.
2) Menos profesorado: se supone que alrededor de 100.000 docentes interinos, en el ámbito estatal, engrosarán las maltrechas listas del desempleo en el INEM.
3) Encarecimiento substancial de las tasas universitarias, es decir, la universidad será para quienes la puedan pagar y, al mismo tiempo, se aleja aquel precepto de universalidad (signo evidente de progreso social de un país).
4) Las becas dejan de ser un derecho y se dificulta su consecución, esto es, se complica todavía más el concepto de la gratuidad educativa (a cualquier nivel). En resumidas cuentas, una pérdida de la igualdad de oportunidades y una merma en la calidad de la enseñanza.
Y es que el PP sólo cree en la educación privada (sensu strictu o concertada), idónea para una élite, su élite. Se retrocede a una educación de calidad exclusiva para ricos o bienestantes y para el resto, una escuela de segunda categoría. Como ejemplo sigue sirviendo los criticados barracones de los que somos líderes, mientras ceden en concesión suelo público para la construcción de escuelas privadas.
Como todo el mundo sabe, toda esta situación provocó un seguido de movilizaciones y la creación de una Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública, a la que se han sumado todos los partidos políticos, excepto, lógicamente, el PP, y que ha contado con una participación masiva en todos sus actos de protesta.
Para el curso que se inicia se repetirán las protestas y las movilizaciones, ya que nuestros vigentes mandatarios no se dan por aludidos, desoyen a los miembros y a los representantes del sistema educativo en general cuando ocupan la calle para manifestar que están disconformes con los cambios que se están ejecutando y siguen redactando decretos, órdenes, etc. que, como fin postrero, suponen la pérdida de calidad en este sector tan capital y, particularmente, en su vertiente pública.
Prefiero acabar siempre con mensajes positivos, con la esperanza de que se apliquen medidas posibles que no supongan un ataque frontal contra la enseñanza pública, pero en el contexto actual no es posible. La esperanza es que sigan las protestas de la comunidad escolar, que no decaiga la justa reivindicación y tendremos que fajarnos para “… resistiré los años de Gobierno del PP…” que continúa actuando de forma prepotente, ahora con los recortes como bandera o mejor, como escusa para procurar el deterioro de la enseñanza pública. Esta, no es una reforma por la cuestión económica, es fundamentalmente una reforma con base ideológica.
Manuela Oliver es concejala del Grupo Municipal Socialista
del AYuntamiento de Sagunto.
del AYuntamiento de Sagunto.
