Resulta paradójico que la Secretaria General del Partido Popular, «Lola» de Cospedal, venga pregonando de un tiempo a esta parte que su partido es el «Partido de los Trabajadores», incluso en su «ola de tsunami» personal llegara a afirmar que «si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los trabajadores, que éstos estén tranquilos, que aquí está el Partido Popular para defenderles»; pero, sin duda, lo más llamativo es que esta señora puede tener razón. Si tomamos como referencia las últimas elecciones generales del 20 de noviembre, fueron millones de españoles y, en consecuencia, también millones de trabajadores, los que dieron su apoyo al PP, por tanto, tiene lógica la afirmación de la dirigente castellano manchega.
Pero claro, una cosa es lo que se pregonó antes de las elecciones y otra lo que ahora, con poco más de un mes de gobierno, está haciendo el equipo de Rajoy. Aumento de impuestos, recorte de derechos, bajada de salarios, «voladura» de la sanidad y la educación públicas… y lo que se avecina que, probablemente, sea lo más duro. Pero eso vendrá con los Presupuestos y, en todo caso, después de las elecciones andaluzas.
Bueno, volvamos a la «defensa» que hace el PP de los trabajadores. En aras de «proteger» a los trabajadores, el Partido en el Gobierno acaba de promulgar el Real Decreto por el que aprueba su «reforma del mercado laboral». Opiniones habrán para todos los gustos pero, creo, que la mayoría coincidiremos en algo básico: esta reforma está hecha a la medida de los malos empresarios y en contra de los trabajadores.
De una lectura más o menos rápida se desprenden líneas de actuación bastante evidentes que constatan un claro ataque a los derechos de los trabajadores; ataque que se lanza en varias direcciones. Primera: Rajoy abarata por decreto el despido de los 9 millones de trabajadores que tienen contrato indefinido. El despido improcedente bajará a partir de ahora de 45 a 33 días. Segunda: las empresas podrán despedir con indemnizaciones de sólo 20 días aunque tengan beneficios, si bajan en ingresos o ventas durante nueve meses. Es decir, ahora mismo, la inmensa mayoría de las empresas españolas podrían despedir con 20 días de indemnización. Situación en la que también se encontrarían los más 700.000 empleados públicos que están contratados como personal laboral. Tercera: el nuevo contrato de emprendedores también tiene trampas, porque el período de prueba es de un año, durante el cual el despido es libre y gratuito y no hay ninguna garantía de continuidad, por lo que puede convertirse en una bolsa de empleo precario sin adquirir derechos laborales. Cuarta: la reforma es un ataque a los derechos de los trabajadores recogidos en los convenios colectivos. Quinta: la reforma facilita el descuelgue de las pequeñas y medianas empresas, en donde hay muchas menos garantías laborales. Sexta: Los trabajadores perderán los derechos laborales después de dos años de bloqueo de los convenios colectivos, que se tendrán que negociar de nuevo desde cero.
Lejos, muy lejos, quedan ya las afirmaciones del Presidente del Gobierno en las que decía que no iba a «abaratar el despido» y que quería «una reforma laboral que cree empleo y que no lo destruya». La reforma se basa en el principio de «perder derechos por parte de los trabajadores, en aras de la creación de empleo». Premisa ésta terriblemente falsa. Esta reforma NO VA A CREAR EMPLEO. No es una afirmación gratuita y subjetiva, en absoluto, está avalada por el propio Gobierno. Por un lado, el Ministro Montoro lo atestigua al afirmar que «la reforma no crea empleo en sí misma, se necesita además que fluya el crédito»; también, el propio Presidente Rajoy reconoce que, pese a ser los mejores del mundo mundial y generar más confianza que nadie y hasta tener el «favor divino», el paro aumentará en 2012 y previsiblemente en 2013.
Por tanto, no es una reforma para crear empleo, sino para precarizar el ya existe y, sobre todo, recortar sensible e incluso humillantemente los derechos de los trabajadores. Sin duda, el PP, con su reforma, nos devuelve a la etapa preconstitucional del siglo pasado.
Aprovechar la situación de crisis y la desesperación de millones de parados para hacer un ataque tan bestial al sistema de relaciones labores que nuestro país ha mantenido en equilibrio desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, es obsceno y tremendamente irresponsable. Rajoy ha hecho una reforma desde un prisma ideológico profundamente neo liberal, que rompe el consenso y el acuerdo que en materia laboral ha existido en nuestra joven democracia. Y lo ha hecho, lo que es más grave, desde una óptica meramente partidista y sometido al capricho de los llamados «mercados» y de las equivocadas directrices económicas emanadas de una Unión Europea a la deriva.
Este no es el camino, así no se crea empleo, así no se fomenta el consumo, así cada día cerrarán más empresas y habrá más paro. Suscribo plenamente las afirmaciones del Secretario General de la UGT, Cándido Méndez, cuando recuerda que «la obligación del Gobierno es dar seguridad a los trabajadores ante la crisis. Despidiendo más barato a los padres y contratando en precario a los hijos, sólo ahondarán en el temor y la frustración de nuestra sociedad».
En definitiva, la reforma laboral aprobada por Rajoy es excelente y magnifica para los «malos» empresarios y terrible para los trabajadores. Los «buenos» empresarios, los de verdad, lo que quieren es que se les abra el «grifo» de la financiación y que fluya el crédito, no someter y humillar a sus empleados.
Pero claro, una cosa es lo que se pregonó antes de las elecciones y otra lo que ahora, con poco más de un mes de gobierno, está haciendo el equipo de Rajoy. Aumento de impuestos, recorte de derechos, bajada de salarios, «voladura» de la sanidad y la educación públicas… y lo que se avecina que, probablemente, sea lo más duro. Pero eso vendrá con los Presupuestos y, en todo caso, después de las elecciones andaluzas.
Bueno, volvamos a la «defensa» que hace el PP de los trabajadores. En aras de «proteger» a los trabajadores, el Partido en el Gobierno acaba de promulgar el Real Decreto por el que aprueba su «reforma del mercado laboral». Opiniones habrán para todos los gustos pero, creo, que la mayoría coincidiremos en algo básico: esta reforma está hecha a la medida de los malos empresarios y en contra de los trabajadores.
De una lectura más o menos rápida se desprenden líneas de actuación bastante evidentes que constatan un claro ataque a los derechos de los trabajadores; ataque que se lanza en varias direcciones. Primera: Rajoy abarata por decreto el despido de los 9 millones de trabajadores que tienen contrato indefinido. El despido improcedente bajará a partir de ahora de 45 a 33 días. Segunda: las empresas podrán despedir con indemnizaciones de sólo 20 días aunque tengan beneficios, si bajan en ingresos o ventas durante nueve meses. Es decir, ahora mismo, la inmensa mayoría de las empresas españolas podrían despedir con 20 días de indemnización. Situación en la que también se encontrarían los más 700.000 empleados públicos que están contratados como personal laboral. Tercera: el nuevo contrato de emprendedores también tiene trampas, porque el período de prueba es de un año, durante el cual el despido es libre y gratuito y no hay ninguna garantía de continuidad, por lo que puede convertirse en una bolsa de empleo precario sin adquirir derechos laborales. Cuarta: la reforma es un ataque a los derechos de los trabajadores recogidos en los convenios colectivos. Quinta: la reforma facilita el descuelgue de las pequeñas y medianas empresas, en donde hay muchas menos garantías laborales. Sexta: Los trabajadores perderán los derechos laborales después de dos años de bloqueo de los convenios colectivos, que se tendrán que negociar de nuevo desde cero.
Lejos, muy lejos, quedan ya las afirmaciones del Presidente del Gobierno en las que decía que no iba a «abaratar el despido» y que quería «una reforma laboral que cree empleo y que no lo destruya». La reforma se basa en el principio de «perder derechos por parte de los trabajadores, en aras de la creación de empleo». Premisa ésta terriblemente falsa. Esta reforma NO VA A CREAR EMPLEO. No es una afirmación gratuita y subjetiva, en absoluto, está avalada por el propio Gobierno. Por un lado, el Ministro Montoro lo atestigua al afirmar que «la reforma no crea empleo en sí misma, se necesita además que fluya el crédito»; también, el propio Presidente Rajoy reconoce que, pese a ser los mejores del mundo mundial y generar más confianza que nadie y hasta tener el «favor divino», el paro aumentará en 2012 y previsiblemente en 2013.
Por tanto, no es una reforma para crear empleo, sino para precarizar el ya existe y, sobre todo, recortar sensible e incluso humillantemente los derechos de los trabajadores. Sin duda, el PP, con su reforma, nos devuelve a la etapa preconstitucional del siglo pasado.
Aprovechar la situación de crisis y la desesperación de millones de parados para hacer un ataque tan bestial al sistema de relaciones labores que nuestro país ha mantenido en equilibrio desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, es obsceno y tremendamente irresponsable. Rajoy ha hecho una reforma desde un prisma ideológico profundamente neo liberal, que rompe el consenso y el acuerdo que en materia laboral ha existido en nuestra joven democracia. Y lo ha hecho, lo que es más grave, desde una óptica meramente partidista y sometido al capricho de los llamados «mercados» y de las equivocadas directrices económicas emanadas de una Unión Europea a la deriva.
Este no es el camino, así no se crea empleo, así no se fomenta el consumo, así cada día cerrarán más empresas y habrá más paro. Suscribo plenamente las afirmaciones del Secretario General de la UGT, Cándido Méndez, cuando recuerda que «la obligación del Gobierno es dar seguridad a los trabajadores ante la crisis. Despidiendo más barato a los padres y contratando en precario a los hijos, sólo ahondarán en el temor y la frustración de nuestra sociedad».
En definitiva, la reforma laboral aprobada por Rajoy es excelente y magnifica para los «malos» empresarios y terrible para los trabajadores. Los «buenos» empresarios, los de verdad, lo que quieren es que se les abra el «grifo» de la financiación y que fluya el crédito, no someter y humillar a sus empleados.
Miguel Chover Lara, es miembro del PSPV-PSOE
