La Dirección General de Medio Natural y Evolución Ambiental prorroga a la cementera el permiso de ocupación en la cantera de Salt del Llop hasta 2042

La Generalitat da luz verde a la continuidad de Lafarge en Sagunto

 
La Generalitat da luz verde a la continuidad de Lafarge en Sagunto La Generalitat da luz verde a la continuidad de Lafarge en Sagunto
Viernes, 27 Octubre 2017 23:37

Cuando apenas falta poco más de un mes para que expire el permiso de ocupación de monte público con el que cuenta Lafarge para explotar la cantera de Salt del Llop, ha llegado, tal y como se esperaba, la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Evolución Ambiental, concediendo una prórroga de 24 años y 11 meses. De esta manera, la Generalitat Valenciana viene a dar luz verde a la continuidad de la actividad que, desde los años 50, desarrolla la cementera en el municipio de Sagunto.

Efectivamente, tal y como adelantaba esta mañana El Económico en su edición digital, a las 13:30 horas de ayer firmaba el director general de Medio Natural y Evolución Ambiental, Antonio Marzo Pastor, la resolución definitiva que concede a la cementera Lafarge la prórroga de ocupación de monte público en la cantera de Salt del Llop, lo que garantiza la continuidad de la actividad industrial de esta factoría, al menos, hasta 2042.

Según reza en la citada resolución, la Dirección General de Medio Natural y Evolución Ambiental autoriza, mediante dicha resolución, la ocupación solicitada por la empresa de 33 hectáreas de terrenos del monte de utilidad pública número 131 del Catálogo de Montes de Dominio Público y Utilidad Pública de la Provincia de Valencia, sito en el término municipal de Sagunto y propiedad de su Ayuntamiento, para la explotación, incluida su restauración, de la cantera de áridos denominada “Salt del Llop” número 2366 bis.

Asimismo se establece el plazo de la prórroga en los siguientes términos: «el plazo de vigencia recogido en el pliego es de 24 años y 11 meses, a partir del día 1 de enero de 2018, sin perjuicio del cumplimiento de cuantas disposiciones normativas presentes y futuras afecten a la concesión administrativa».

Asimismo se indica en el documento que «El beneficiario de la ocupación, queda obligado a ingresar a favor del ayuntamiento de Sagunto, propietario del monte afectado, en concepto de canon anual, las cantidades establecidas en el apartado 4 del pliego de condiciones de fecha 5 de julio de 2016. Una vez realizado el pago deberá remitir a la Dirección Territorial de Valencia, el justificante del ingreso (ejemplar para la Administración) debidamente mecanizado por la oficina bancaria».

La resolución tambien indica que el Ayuntamiento de Sagunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, deberá ingresar en la cuenta de mejoras del monte el importe correspondiente al 15% de la cantidad percibida.

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Más adelante señala la resolución que la ocupación se autoriza con estricta sujeción a los informes y planos que figuran en el expediente, así como al Pliego de condiciones particulares que rige la ocupación. Indicando, además, que durante los primeros 15 días del inicio del plazo de la ocupación se verificará el amojonamiento y señalización de la zona, así como el levantamiento topográfico de la geometría de la cantera a los efectos procedentes. También indica en documento que de estas actuaciones se levantará acta firmada por las representaciones de la entidad propietaria, la Administración y el beneficiario.

Por otro lado, la resolución menciona que el beneficiario será responsable de señalizar debidamente las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan originarse a las personas o bienes, tanto en la fase de ejecución como en su mantenimiento, mientras dure el plazo de la ocupación.

Indicar finalmente que tal y como recuerda el propio documento, contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, «se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

Indignación vecinal y mutismo municipal

Podría decirse que la noticia difundida esta mañana por El Económico, sobre la resolución que concede la prórroga a Lafarge para continuar explotando la cantera de Salt del Llop, ha caído como una bomba en el entorno nacionalista del Gobierno municipal de Sagunto y, naturalmente, entre los vecinos de Bonilles-Romeu que residen en las inmediaciones de la cantera. Tras conocerse la información, las reacciones no se han hecho esperar. Sin embargo, el Gobierno cuatripartito municipal no ofrecerá una valoración sobre este pronunciamiento, hasta, en tanto en cuanto, no reciba oficialmente el documento, según ha confirmado a este periódico la diputada autonómica por Compromís, Teresa García.

Malestar vecinal

Quien sí ha remitido su primera valoración, ha sido la representación de los vecinos de Bonilles-Romeu, que, lógicamente, se declaran indefensos ante la resolución firmada por el director general de Medio Natural y Evolución Ambiental.

Efectivamente, Elena Azpilicueta, portavoz de los vecinos residentes en Bonilles-Romeu, ha remitido a este periódico una nota escueta pero muy contundente en la que señala: «Los vecinos de Bonilles-Romeu pedimos justicia ante la indefensión que sentimos tras conocer la resolución firmada por Antonio Marzo, Director General de Medio Natural y Evolución Ambiental; con esta resolución se prórroga la actividad extractiva de la empresa y se prolonga el padecimiento de los vecinos, las nubes de polvo, desprendimientos, el ruido de las explosiones y el riesgo que supone estar a menos de 50 metros de un gran agujero en la tierra».

Más adelante, Azpilicueta, en representación de los vecinos, responsabiliza al pleno municipal de Sagunto, cuya actitud ante este asunto la califica de cobarde y pusilánime: «No damos crédito a que se ningunee el informe técnico del Ayuntamiento de Sagunto sobre las posibles ilegalidades. La resolución menciona que el beneficiario será responsable de los daños y perjuicios que puedan originarse a las personas o bienes; esta actitud cobarde y pusilánime es la que ha propiciado el pleno del Ayuntamiento de Sagunto con su inacción y absentismo».

Por último, Elena Azpilicueta adelanta en su nota que pedirán responsabilidades: «No cabe duda que se exigirán responsabilidades a los políticos que han permitido y permiten un ataque directo al medio ambiente, la salud pública y el derecho de los ciudadanos a vivir dignamente».

cevasecamSalvador Navarro (CEV) y Cristina Plumed (ASECAM)

ASECAM y la CEV valoran positivamente el pronunciamiento de Medio Ambiente

Dentro del capítulo de reacciones hay que referirse a la valoración de los agentes económicos y sociales que, como no podía ser de otra forma, saludan muy positivamente la resolución decretada por Medio Ambiente. En este sentido, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, muy implicado en la resolución de este conflicto desde el primer momento, en declaraciones a este periódico ha indicado que: «La CEV celebra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, que concede a Lafarge la prórroga de la explotación de la cantera del Salt del Llop hasta 2042. Este nuevo estadio termina con la incertidumbre para Lafarge y ofrece un escenario de seguridad jurídica, garantiza la continuidad de su actividad y permite mantener los puestos de trabajo en la comarca. Cabe resaltar la unidad de acción empresarial y sindical de apoyo a la continuidad de la explotación que ha tenido lugar durante estos meses y que se inició con la visita a la empresa del presidente de la CEV y los secretarios generales de UGT y CCOO».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed, celebra que finalmente, esta resolución, que permitirá a la cementera permanecer en esta cantera hasta el año 2042, haya sido favorable: «Nos alegramos sin duda por la empresa, y su equipo directivo, pues somos conscientes del gran trabajo realizado. Además, tenemos que remarcar el apoyo de ASECAM, que ha ido de la mano de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en todo este proceso, reivindicando la seguridad jurídica dentro y fuera de nuestra comarca, en cuantos foros era necesario».

Asimismo, la jefa de los empresarios de la comarca ha apuntado que se trata de una buena noticia para todo el ámbito empresarial, tanto del Camp de Morvedre como de toda la Comunitat Valenciana «pues que al final impere la seguridad jurídica a nivel autonómico es algo positivo para todos. En cuanto a los trabajadores, que son ciudadanos de nuestra comarca, hay que felicitarles por la gran acción reivindicativa realizada, capitaneados por los sindicatos. Además, también debemos darles la enhorabuena por la labor llevada a cabo y por la conservación de sus puestos de trabajo, algo que pensamos que era de vital importancia. Asimismo, cabe destacar que la unión entre los sindicatos y las patronales, tanto a nivel comarcal como autonómico, ha sido ejemplar», ha resaltado la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed.

UGT y CCOO suman

El secretario general de FICA-UGT PV, Daniel Argente Fernández, ha realizado una valofración positiva sobre la resoculión de Medio Ambiente: «desde esta federación celebramos y compartimos la decisión de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, de autorizar la ocupación solicitada por la empresa Lafarge Cementos S.A.U. para la explotación de la cantera denominada “Salt del Llop” a partir del 1 de enero de 2018. Felicitar a todos los actores que han contribuido en este proceso, que ha sido muy complicado y en especial a los trabajadores y trabajadoras y al Comité de Empresa».

Más adelante, Argente recuerda que esta decisión «supone el futuro para la plantilla de Lafarge Cementos S.A.U y de todas las empresas que indirectamente trabajan para ésta, que podría suponer unos 450 trabajadores que podrán prolongar su empleo hasta el 2042. El objetivo de FICA- UGT PV seguirá siendo el de contribuir a crear más empleo de calidad y  de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras y mejorar sus condiciones de trabajo».

Por su parte, la secretaria general de CC.OO., Begoña cortijo, también valora muy positivamente «la resolución final del conflicto que ponía en riesgo la continuidad de una de las industrias más importantes dentro de nuestro territorio».

Asimismo, ha resaltado la jefa del sindicato que «los poderes públicos tienen la obligación de armonizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y, en el caso que nos ocupa, la administración competente para resolver, tenía que hacerlo atendiendo fundamentalmente al interés general de una explotación que está declarada de utilidad pública frente a una superficie de monte público que no se encuentra incluida dentro de ningún espacio natural protegido, ya que, los valores por los que fue declarado de utilidad pública son meramente forestales y, entre los aprovechamientos existentes, se encuentran los recursos mineros. Otra cuestión diferente —prosigue Cortijo— son los valores sentimentales que se le otorgan a los espacios y que, en este caso, confrontarían con el valor que le damos al sostenimiento de la economía de muchas familias, pero estas cuestiones operan en otro plano».

trioposicionLos portavoces de las tres formaciones de la oposición

Doce años más

Los grupos políticos de la oposición municipal, se felicitan por la decisión de Medio Ambiente, que, lógicamente, garantiza la continuidad de la empresa y, al mismo tiempo, responsabilizan al equipo de Gobierno y especialmente a Francesc Fernández y Teresa García, de todo este conflicto que se vive en Sagunto desde que los nacionalistas accedieron a la Alcaldía del municipio.

En este sentido, el portavoz del Partido Popular, Sergio Muniesa Franco, ha calificado el pronunciamiento de Medio Ambiente, de mazazo para el Gobierno municipal: «Esta resolución es un mazazo para el equipo de Gobierno y el problema que han creado contra la empresa y sus trabajadores, tras hacer un uso partidista y sectario de la administración y el procedimiento».

Más adelante, Muniesa responsabiliza al alcalde de romper el convenio suscrito en 2013 por el Ayuntamiento y Lafarge: «Solo el Sr. Fernández y su equipo son responsables de romper un convenio que fijaba unas condiciones que regulaba y aseguraba empleo, continuidad de la empresa y paraje natural que se ha visto superado en su contenido, por su intransigencia, perjudicando los intereses municipales».

Aunque Muniesa considera muy positiva esta resolución, indica que todavía podría deparar alguna sorpresa el equipo de Gobierno: «Esta resolución es una buena noticia,  pero mucho nos tememos que esto no acaba aquí y llevarán este conflicto y a esta ciudad hasta el límite. Con una empresa en “precario” y unos trabajadores machacados por la situación generada por Compromís, y consentida por sus socios».

Por su parte, el portavoz de IP, Manuel González Sánchez, que también valora muy positivamente el pronunciamiento de la Generalitat, considera que después de lo ocurrido debería de dimitir el alcalde: «Francesc Fernández debería dimitir e irse a su casa, porque queda demostrado que ha hecho un uso ilegítimo del aparato municipal para llevar adelante una causa personal en la que ha quedado demostrado que no tenía ninguna razón. Su propio partido desde Conselleria le ha enmendado la plana, y eso se lo debería hacer mirar. El Alcalde y Teresa García han engañado a su electorado, pues la resolución deja clara la legalidad de esa ocupación. No obstante, esto no se ha acabado, pues ahora tengo la percepción de que habrá recursos en los tribunales, aunque espero que no salgan adelante».

Asimismo, González también se refiere al convenio firmado en 2013: «es necesario tomarse un pequeño tiempo de reflexión y ver lo que ha quedado del convenio suscrito en el año 2013, que el propio equipo de Gobierno se ha cargado, y se lo tendrá que explicar a los vecinos de Bonilles-Romeo. Con su soberbia, Francesc Fernández ha ‘conseguido’ que la ocupación, que concluía en 2027, ahora se prorrogue hasta 2042».

En parecidos términos se expresa el portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo Merlos, quien responsabiliza al titular de la Alcaldía de provocar una situación con la que se ha perjudicado más a los vecinos de Bonilles-Romeu: «El alcalde y Teresa García, como máximos responsables, y el resto del equipo de Gobierno al ponerse de perfil en este asunto, van a tener que dar muchas explicaciones a su entorno afín, ya que su obstinación por decapitar a la cementera se ha tornado contra sus propios intereses. De haber dejado las cosas como estaban, conforme a lo pactado en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge, 2030 habría sido el último año de ocupación del monte público de Romeu. Sin embargo, su terquedad y rencor contra la firma, ha llevado a un resultado mucho peor para sus intereses».

Indicar finalmente que el portavoz de Ciudadanos, que valora muy positivamente el pronunciamiento de la Generalitat, considera que, a partir de ahora, la cementera tiene por delante un horizonte hasta 2042 que le permitirá continuar la actividad sin la incertidumbre a la que ha estado sujeta desde el Gobierno municipal.


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Modificado por última vez en Sábado, 28 Octubre 2017 00:39

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