Economía

Después de celebrarse esta mañana el último pleno municipal del año 2016, el ordinario de diciembre, que se ha visto plagado de protestas, los tres partidos que conforman la oposición municipal: PP, IP y Ciudadanos, han comparecido ante los medios informativos en la planta tercera del palacio consistorial, siendo de destacar que se ha sumado a esta rueda de prensa Félix Vélez de Guevara, presidente del comité de empresa de la cementera saguntina Lafarge.

 

Los tres grupos políticos de la oposición han convocado a la prensa esta mañana como consecuencia de lo publicado por este periódico ayer jueves, donde se daba cuenta del dictamen emitido el pasado 19 de diciembre por el ingeniero instructor de la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en el que viene a desmontar las alegaciones presentadas el pasado agosto por el Ayuntamiento de Sagunto contra la ocupación de monte por parte de Lafarge.

 

Frente a este nuevo revés, el Gobierno cuatripartito municipal deberá remitir, en el plazo de diez días, certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de conformidad u oposición a la ocupación de monte público por parte de la cementera, firmando, en ese caso, los tres ejemplares del pliego de condiciones particulares que deberá regir la ocupación.

 

La falta de pronunciamiento expreso, en el plazo fijado, por parte del consistorio, será considerada por la Conselleria como oposición a la ocupación y pondrá fin al procedimiento. Es decir, a partir de aquí tendrá que ser el Consell el que se pronuncie al respecto, aunque, como ya se ha dejado entrever en el pleno municipal de esta mañana, el cuatripartito no descarta recurrir a los tribunales de justicia si la Generalitat termina autorizando la prórroga de ocupación de monte público en Salt del Llop, solicitada por la empresa.

 

La edil de Compromís y diputada autonómica, Teresa García, ya dejaba claro en la sesión plenaria de hoy que intentarían evitar el recurso de los tribunales: «No vamos a permitir que ninguna administración le falte el respeto a este Ayuntamiento; ahora se ha abierto un período de audiencia en el que las administraciones tenemos un tiempo para dialogar entre ellas para que no haya indefensión en este proceso para ninguna de las partes y no se vean afectados los derechos de ninguna de ellas. No hemos estado en contra de la continuidad de la explotación de la cantera del Salt del Llop pero hacia abajo, dentro de la legalidad. Se está haciendo un importante encaje de bolillos para encajar legalmente los intereses de todos para tener que evitar ir a los juzgados, por lo que pido a los trabajadores y al comité que dejen de lado el posicionamiento frontista que están teniendo hasta ahora».

 

Sin embargo, de las palabras de García se desprende que se va a intentar dilatar en el tiempo la tramitación de esta prórroga, algo a lo que han hecho referencia los portavoces municipales, Sergio Muniesa, Manuel González y Raúl Castillo, este último ha indicado que desde la Generalitat se está «retorciendo la legalidad» y que eso tiene un nombre en el código penal. Castillo ha preguntado en el pleno por la respuesta que dará el Ayuntamiento a la Conselleria sobre este procedimiento y Teresa García le ha contestado que «la que tengamos que contestar».

 

La presencia del presidente del comité de empresa en la rueda de prensa de la oposición ha eclipsado un poco a los portavoces municipales, que han cedido el protagonismo al representante sindical. Felix Vélez de Guevara ha resaltado que «a la cantera del Salt del Llop le quedan solamente once meses de vida», por lo que «ninguna empresa puede trabajar con estas expectativas». Asimismo, ha recordado que lo que se está pidiendo es la prorroga para «continuar en la cantera actual, ni un milímetro más, y esto es algo muy importante para la actividad y viabilidad de nuestra empresa».

 

El presidente del comité de empresa también ha indicado que, después de este informe del instructor, en el que se desmontan las alegaciones presentadas por el consistorio, «se le ha dado un plazo al Ayuntamiento de diez días para que conteste sobre este asunto y lo que queremos es que den ya una respuesta, que no dilaten más este procedimiento, que se dé la respuesta en tiempo y forma».

 

Con el fin de que el pleno municipal se pronuncie al respecto, los tres partidos de la oposición municipal, PP, IP y Ciudadanos, solicitarán al alcalde que se convoque un pleno extraordinario en el plazo de diez días, para que la Corporación se pronuncie al respecto, aunque, como ha recordado Sergio Muniesa, el alcalde podrá convocar la sesión después de que haya expirado ese plazo.

 

Este pasado lunes se celebró en las Cortes Valencianas sesión plenaria para debatir la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat del próximo 2017. Ante la propuesta presentada por el grupo parlamentario de los podemitas, para modificar la ley 5/2014 de la Generalitat, PP y PSOE votaron juntos y en contra de esta propuesta. Efectivamente, lo que pretendía Podemos, era modificar el apartado C del artículo 197 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

En el actual texto legal, el mencionado apartado C del artículo 197, que es el que está en vigor, señala textualmente: «Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, mineros o hidrológicos, que se regularán mediante planes territoriales o urbanísticos adecuados y con capacidad para ordenar usos. Es imprescindible el mantenimiento de una franja de al menos quinientos metros de ancho alrededor de todo el ámbito de la explotación con prohibición expresa del uso residencial, salvo que la adopción de medidas correctoras permita reducir dicho ancho. Si procede, se permitirá la realización de construcciones e instalaciones destinadas a la transformación de la materia prima obtenida de la explotación que convenga territorialmente emplazar cerca de su origen natural».

Sin embargo, según figura en la enmienda número 161 del Grupo Parlamentario Podemos, el texto alternativo debía ser del siguiente tenor: «Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, mineros o hidrológicos, que se regularán mediante planes territoriales o urbanísticos adecuados y con capacidad para ordenar usos. En la franja de litoral de diez kilómetros, en la infraestructura verde catalogada como monte público, prevalecerá la clasificación y ordenación urbanística que preserve sus valores forestales y ambientales. Preferentemente, se situarán los usos extractivos en otras zonas del interior de menor valor ambiental, visual o paisajístico y estratégico, fuera de esta franja. En aquellas explotaciones dentro de los diez kilómetros de la franja litoral, se mantendrá una franja de, como mínimo, quinientos metros de ancho alrededor de todo el ámbito de la explotación con prohibición o incompatibilidad expresa de uso residencial. En aquellas explotaciones situadas a mayor distancia de la franja litoral, esta prohibición podrá reducirse con la adopción de medidas correctoras correspondientes. Si es procedente, se permitirá la realización de construcciones e instalaciones adscritas a la transformación de la materia prima obtenida de la explotación que convenga territorialmente emplazar cerca de su origen natural».

De haber salido adelante la modificación del mencionado artículo, numerosas explotaciones mineras se habrían visto condenadas. Tal y como se puede apreciar en la ilustración del mapa de la Comunidad Valenciana, extraída del documento Metas + Prupuestas. Estrategia Territorial Comunitat Valenciana. Litoral, en la franja verde de 10 kilómetros de anchura que bordea toda la costa de la región, aparecen señaladas con un punto rojo un total de 98 explotaciones mineras, cuyo futuro se vería claramente sentenciado por esta modificación de la ley que propuso Podemos y que apoyó el Grupo Parlamentario de Compromís en la votación de las Cortes Valencianas, no obstante la posición contraria del PSOE y el PP impidieron que esta modificación legar fuera aprobada.

Tomando en consideración que las autorizaciones para la ocupación de monte público de la cantera de Lafarge expiran a finales de 2017, ni que decir tiene que, con este cambio legislativo planteado, se habría estrechado el cerco sobre la cantera de Salt del Llop y, en todo caso, se fiajba la fecha de caducidad a la citada explotación minera, que es el principal objetivo del actual acalde del municipio, por consiguiente, se vería condenada al cierre la planta cementera de Lafarge, en el caso de que no pudiera abastecerse de caliza para continuar con su actividad industrial.

Indefensión

Desde CC.OO., su secretaria general, Begoña Cortijo, señala a la Generalitat como responsable de dilatar artificialmente los plazos en el proceso que se sigue en la tramitación de la prórroga de los permisos de ocupación de monte público: «No entendemos lo que está pasando con la prorroga de la ocupación de la cantera actual. Estamos entrando en 2017 y es en este año cuando le caduca a Lafarge la ocupación de la misma y si eso no se resuelve la empresa cierra, es tan dramático como eso. Visto lo visto en las últimas reuniones que hemos tenido con la Conselleria y con el Ayuntamiento, pero fundamentalmente con la Conselleria, no se puede entender cómo se está dilatando la resolución del expediente con preguntas, alegaciones sobre la misma cuestión a diferentes órganos, etc. Al final, da la sensación de que se está intentando evitar la resolución para darle tiempo al Ayuntamiento a que plantee a Lafarge que renuncie a su concesión minera en la montaña Romeu».

 

En este sentido, Cortijo centra el objetivo principal del Gobierno consistorial de Sagunto. «El objetivo del Ayuntamiento de Sagunto es que Lafarge haga una renuncia por escrito de su concesión minera en la Margas y en la Zona Norte, eso lo han intentando a través de la nueva propuesta de convenio, también lo han planteado en las reuniones de alternativa al Piñal. Lo han intentado a través de todos los modos posibles y creo que están utilizando la resolución del Consell como moneda de cambio».

 

La jefa de CC.OO. en la comarca, Begoña Cortijo, plantea que se cumpla la ley en todos los ámbitos: «No­­sotros exigimos que haya una resolución ajustándose a la ley. No estamos pidiendo a nadie que se salte ninguna normativa en vigor, ni ningún requerimiento a la legalidad al respeto de la ley minera o incluso de la actividad de la fábrica. En ningún momento se les ha pedido al Ayuntamiento, a la Conselleria de Medio Ambiente ni a la de Industria, que hagan la vista gorda sobre cuestiones legales, pero nos da la sensación que se están incumpliendo los plazos del procedimiento administrativo, precisamente para evitar cumplir la ley».

 

Para que no se interpreten mal sus manifestaciones, Cortijo aclara: «es decir, si hay un procedimiento administrativo, con una petición que tienen que resolver y no resuelven, aplicando la ley, lo que están haciendo es lo contrario, hacer que no se cumpla la ley. Al final, lo que están haciendo es incumpliendo la ley, eso tiene un nombre. Lo que pienso es que se están dilatando los plazos de la resolución para favorecer a una de las partes, y esa dilatación es un incumplimiento de la ley, porque la ley dice que la administración tiene que resolver y no puede producir indefensión en el administrado y, en este caso, el administrado es la empresa, pero las consecuencias son para el empleo de los trabajadores. Por tanto, CC.OO. no puede permitir eso y tiene que exigir que las administraciones no produzcan indefensión. En este caso, dilatando el proceso, volviendo a preguntar sobre cuestiones que ya estaban preguntadas y respondidas anteriormente».