Una de las edificaciones de la Gerencia
En concreto, el servicio contratado, con la misma compañía que trabajaba para ArcelorMittal, consta de «un vigilante de seguridad sin arma durante 12 horas diarias (de 19 horas a 07 horas) todos los días del año (365 días x 12 horas = 4.380 horas), a un precio de 15,45 euros/hora, con el suplemento de la presencia de un perro adiestrado utilizado por el vigilante (360 euros/mes). A todo ello habría que añadirle un 16% en concepto de IVA.» según figura en la mencionada acta de la Junta de Gobierno.
Pese a que en la actualidad la plantilla de la Policía local supera, con creces, el centenar de agentes, no puede ser asumido este servicio por el cuerpo municipal, según informó en la reunión de este órgano de Gobierno el edil de Policía, Manuel González, tal y como lo recoge el acta de la misma: «por parte del Concejal Delegado de Policía se manifiesta la imposibilidad e inidoneidad de prestar el servicio con los medios municipales actuales».
Así pues, la junta de Gobierno acordó por unanimidad «adjudicar el contrato menor de vigilancia del recinto de la Gerencia durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 a la mercantil VSS por un importe de 12.029,40.- euros (IVA no incluido).» Añadiéndole a este importe el 16% de IVA el gasto mensual por este servicio se eleva a un total de 6.977
Falta de confianza hacia
la Policía Local
Ante este acuerdo de la Junta de Gobierno, el dirigente sindical de CC.OO., Joan Miguel Calomarde ha salido al paso denunciando que el bipartito municipal se ha saltado el procedimiento: «Según el artículo 41.2 D del convenio, se tenía que haber planteado este tema al propio comité de los trabajadores del Ayuntamiento. Es un régimen de prestación de servicio nuevo y por tanto se tenía que informar, aunque en este artículo también habla de negociar, pero como mínimo deberían de haberlo planteado previamente, y sin embargo, nos hemos enterado, en primera instancia, por El Económico digital, de que había ocurrido esto. Vamos a remitir una carta al señor Alcalde mostrando, en primer lugar, nuestro malestar por este proceder irregular y, en segundo lugar, para exigirle que se trate el tema con el comité, tal y como establece el convenio».
El líder sindical califica la actuación de bipartito de «falta de respeto» hacia la representación social: «la actuación en La Gerencia es pública, pero claro, todo eso lleva consigo un mantenimiento y una responsabilidad, entre ellos el tema de la vigilancia, como en cualquier otra plaza pública del municipio, como por ejemplo puede ocurrir en el propio triángulo Umbral. Cuando la Gerencia era privada, la empresa propietaria utilizaba los medios privados de vigilancia que consideraba conveniente, pero en cuanto ese recinto pasa a ser municipal, el Ayuntamiento debe de gestionarlo, dentro de su responsabilidad, desde el punto de vista del sector público. Por lo tanto, entiendo que ha sido una falta de respeto hacia el órgano unitario del Ayuntamiento, hacia el comité de los trabajadores, porque como lo han hecho con tantas prisas ni siquiera han caído en el detalle de lo estipulado en el propio convenio».
Por otra parte Calomarde destaca que el gobierno de PP y SP están poniendo de manifiesto una falta de confianza en el cuerpo de la Policía Local, desde el momento en que recurren a empresas de seguridad privadas: «Queda patente una falta de confianza absoluta en el propio servicio de la Policía Local, cuando no sólo han contratado a una empresa privada para estos dos meses de noviembre y diciembre, sino que dan por hecho que quieren que sea para los próximos años una contratación externa a través de una empresa privada, esto es lo que se llama una externalización del servicio. Si por el hecho de que en estos momentos no se puede atender este tema, desde la Policía Local, por falta de efectivos, el Ayuntamiento debería de haber contratado más personal. Nuestra propuesta va a ir en esa línea. Creemos que el Ayuntamiento debe asumir la responsabilidad de vigilancia y custodia de ese parque como si se tratara de cualquier otro de la población».
Por otro lado el representante sindical muestra su preocupación por el hecho de que el bipartito opte por la seguridad privada, en detrimento de la plantilla de la Policía Local: ¿«Quién nos garantiza que no van a utilizar este tipo de sistema para atender la vigilancia de los edificios municipales que en la actualidad están a cargo de la Policía Local, como los retenes, etc.? Además, yo dudo mucho que una vigilancia de 12 horas diarias le vaya a costar al Ayuntamiento alrededor de 6.000 euros al mes, más el 16% de IVA con personal propio. Creo que la seguridad privada es bastante más cara».
Suma y sigue
El Ayuntamiento de Sagunto ya tiene comprometidos 8 millones de euros en la operación urbanística para recuperar la Gerencia y cedérsela posteriormente a la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el bipartito considera que de esos 8 millones de euros únicamente habría que asignar a esta actuación un total de cinco, que son, en números redondos, los que inicialmente costará la urbanización del PAI del Borde Sur por gestión directa, o sea, a cargo del municipio. Aseguran las fuentes municipales que los otros tres millones de euros corresponden al coste de la expropiación de unos terrenos que habría que pagar, con independencia de que se hubiese rescatado o no la Gerencia. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico han asegurado que los tres millones de euros, en los que valoraba el suelo el Jurado provincial de Expropiación, había que abonarlos en el supuesto de que el Ayuntamiento no desarrollara urbanísticamente esta zona y por tanto no le concediera la volumetría edificatoria. Es decir, el Consistorio debe de expropiar cuando se le impide al propietario edificar en sus terrenos. La decisión de aceptar las condiciones impuestas por la empresa propietaria, viene motivada porque el bipartito, y en concreto IP/SP, no quería afrontar ningún litigio que pudiera retrasar esta operación urbanística. Al margen de esos ocho millones, hay que empezar a añadir otros gastos, como son el de la limpieza del interior del recinto ajardinado que ha sido asumido por la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), todavía sin cuantificar, y el servicio de vigilancia, que hasta la fecha venía sufragando la siderúrgica y que a partir del primero de noviembre también asume el Ayuntamiento de Sagunto.
