Sin embargo, esta decisión va a tener una gran repercusión económica para las arcas municipales. En números redondos, el municipio ha comprometido ya alrededor de 8 millones de euros, sin incluir en esta cifra los sobrecostes que se producirán en la ejecución del PAI del Borde Sur, que el ayuntamiento pretende acometer con la modalidad de gestión directa, ni la partida económica necesaria para rehabilitar las oficinas generales, donde el bipartito pretende instalar servicios del Consistorio.
Inicialmente el planteamiento era completamente favorable y muy ventajoso para los ciudadanos del municipio, porque la Generalitat se había comprometido a costear tanto la expropiación de la ciudad jardín, como el coste de rehabilitación de todo los edificios que forman parte de ella. Pero con la operación urbanística que ha puesto en marcha, el Ayuntamiento de Sagunto ha liberado al Consell de una parte muy importante de sus compromisos, contraídos en 1999 por Eduardo Zaplana, y ha asumido los costes derivados de esta actuación, motivaba por el interés político del bipartito y principalmente de SP, para que las antiguas oficinas generales puedan albergar departamentos del Consistorio antes de los próximos comicios electorales de 2011.
Del montante total, la cantidad más importante es de los gastos de urbanización del PAI, que según se recoge en la página 82 del acta municipal del pasado 25 de febrero superará los 4,5 millones de euros: «Asumir la gestión directa de la actuación integrada, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la LUV, por un montante de 3.961.613,48 euros, más IVA. Importe económico en el que no está incluida la cantidad que en concepto de canon de conexión sea exigido por parte de la EPSAR y en el que además no opera el criterio de precio cierto y cerrado, dadas las precisiones del art. 128 de la LUV».
Efectivamente, no se trata de un «precio cierto y cerrado» por lo que se pueden producir sorpresas desagradables, por sobre costes, cuando no demoras, en la ejecución de las obras de urbanización. En este sentido cabría recordar episodios de esta índole, ocurridos en Sagunto con algunos polémicos proyectos, como es le caso del edificio del musical, de la Lira Saguntina, o la piscina del polideportivo. En ambos casos se produjeron prolongados retrasos y sobre costes muy importantes.
Financiar la urbanización del Borde Sur permitirá al Ayuntamiento hacerse con la propiedad de los terrenos del PAI de aquellos propietarios que en lugar de pagar los costes de urbanización con dinero lo hagan con suelo.
Por orden de importancia económica, el segundo capítulo es el de la expropiación de unos terrenos, en concreto 7.399 metros cuadrados, situados en la zona afectada por el PAI, que según se refleja en la página 24 de la misma acta plenaria supera los 3 millones de euros: «Dicho propietario ha instado el procedimiento expropiatorio y el Jurado Provincial de Expropiación ha emitido en fecha 30-4-08 acuerdo en el que fija el importe del justiprecio a razón de 410,97 euros/m2 de suelo bruto de aportación, siendo su propiedad en el ámbito un total de 7.399 m2, sin perjuicio de lo que resulte de la reparcelación». Por tanto, si se calcula el importe del suelo al precio de 410,97, el montante asciende a 3.040.767 euros. En este sentido cabe recordar que la propiedad ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento por el que no debería de abonar dicho importe si los metros techo correspondientes se le adjudicaran en el futuro PAI del borde norte del Puerto, conocido como ‘El Tetón’ o ‘El mamellot’.
Por último, cabe hacer referencia al pago realizado por el Ayuntamiento de Sagunto a la UTE formada por las compañías ALSER e ICONSA, que fue la única que se presentó al concurso. En este sentido, en la página 78 de la misma acta municipal se reconoce el derecho a compensar económicamente a esta unión temporal de empresas: «dado que la documentación de planeamiento y del proyecto de urbanización han sido redactadas y las mismas, con las modificaciones introducidas, han servido de base para la aprobación definitiva de dichos documentos, se tiene un derecho de abono de dichos proyectos». El montante total que debe abonar el Ayuntamiento por estos conceptos, se fija en el acuerdo plenario, tal y como se refleja en la página 79 del acta, en un importe de 281.909,73 euros, más IVA. Asimismo, la corporación municipal reconoce, mediante dicho acuerdo plenario derecho a beneficio industrial: «Se tendrá derecho de cobro del 10% en concepto de beneficio, sobre la base de cálculo de los anteriores conceptos». No obstante, la cifra final que por este conjunto de conceptos ha percibido la UTE mencionada se eleva a 460.000 euros.
