La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, se han reunido este lunes en Barcelona para coordinar los trabajos entre ambas administraciones que aborden la situación de emergencia por sequía en la que se encuentra Cataluña.
En el encuentro se han concretado dos líneas de actuación de financiación y asistencia que el Gobierno de España pone a disposición para afrontar la actual crisis hídrica. «Nuestra posición es clara: todo lo que esté en nuestra mano a disposición para ayudar a otras administraciones, incluso más allá de las competencias del Estado central», ha motivado la vicepresidenta Teresa Ribera tras la reunión.
Como medidas estructurales, han anunciado la financiación para el desarrollo de los proyectos de las desaladoras Tordera II y Foix. El Gobierno aportará crédito transferido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión de 467 millones de euros en total.
En cuanto a las medidas de emergencia, el Gobierno pondrá a disposición agua desalada procedente de Sagunto que será transportada en barco hacia la ciudad de Barcelona. Permitirá disponer de agua desalada de hasta 40.000 m3 diarios a partir del mes de junio, que se determinará según necesidad.
Hasta dos barcos diarios desde Sagunto a Barcelona
Tras «una exhaustiva evaluación de alternativas», el ministerio ha determinado como solución «más sencilla y viable» el traslado de agua en barco desde la desaladora de Sagunto, de titularidad estatal, al puerto de Barcelona. Así lo ha explicado la vicepresidenta Teresa Ribera tras la reunión.
Actualmente la planta funciona a un 10% de su capacidad y podrá incrementar su actividad para esta medida de emergencia. «Si la situación no mejora, el traslado comenzará en junio y podrá alcanzar un máximo de 40.000 m3 de agua trasladados en dos barcos diarios», ha precisado Ribera.
En el encuentro entre la vicepresidenta y el conseller, se ha acordado que el coste del aumento de tratamiento de agua será asumido por el gobierno central, mientras que la operación de gestión con los barcos lo asumirá la Generalitat de Catalunya.
Según ha explicado Ribera, esta medida no presenta afectación alguna a la comunidad de origen pues no suministra agua a su población. La vicepresidenta llamó el sábado al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para informarle la propuesta, que recibió el apoyo del líder del gobierno autonómico.
