El pasado día 2 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, norma que proviene del Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de Julio, conocido popularmente como el ‘ICETAZO’ y que ahora continuará su tramitación en el Senado, sin que se prevean cambios sustanciales en la norma.
Ni que decir tiene que todo esto ha sucedido tras la huelga del pasado 30 de noviembre, realizada por los empleados públicos que se encuentran desde hace años en situación de interinidad, entre ellos, los que prestan sus servicios en Ayuntamiento de Sagunto, que, tras este trámite en las Cortes generales, han decidido paralizan las movilizaciones que venían desarrollando a lo largo de los últimos meses.
Lo más relevante de la citada norma, en opinión de las fuentes sindicales consultadas, es que las administraciones convocarán solamente por el sistema de concurso las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal y de forma ininterrumpida antes del 1 de enero de 2016. De esta forma, este proceso extraordinario de estabilización afectará a las plazas estructurales que lleven, al menos, cinco años ocupadas de manera interina por empleados públicos. La eliminación de los temidos exámenes y la supresión de la fase de oposición constituye una excepcionalidad que, aunque ha generado ciertas esperanzas y tranquilidad entre el colectivo, tampoco termina de satisfacer a todos los agentes implicados: Plataformas, sindicatos, trabajadores interinos y administración, pues plantean nuevos interrogantes jurídicos, así como necesarios y determinantes nuevos procesos de negociación.
Balance de las movilizaciones
Las movilizaciones de los trabajadores temporales en el Consistorio de Sagunto se remontan a los meses de abril y mayo con la participación en las concentraciones unitarias y la posterior convocatoria de la huelga llevada a cabo el 18/6/21. A estas movilizaciones han seguido una serie ininterrumpida de acciones, tales como concentraciones, reuniones con los partidos políticos, interpelaciones en los plenos o elaboración de pancartas y reparto de octavillas de forma continuada, Incluso varias trabajadoras de Sagunto y Puerto acudieron a Bruselas a entrevistarse con europarlamentarios.
Sin embargo, ha sido este otoño donde se han sucedido nuevas huelgas, la del 28 de octubre y esta última del 30 de noviembre. Las Jornadas de huelga convocadas por la Intersindical Valenciana y la Plataforma Fijeza ya de Sagunto, han discurrido de forma desigual, siendo constatado el cierre de las instalaciones deportivas. Cabe destacar, por otro lado, que a lo largo de todo este periodo de movilizaciones ni CCOO ni UGT se han adherido a la lucha de los empleados públicos afectados por la temporalidad, convocado o apoyado ninguna de las convocatorias, lo que también ha supuesto que muchos trabajadores hayan decidido cambiar de afiliación sindical.
Valoraciones
Para la Plataforma Fijeza ya Sagunto, que durante este periodo ha cobrado gran protagonismo en la capital del Camp de Morvedre, y que fue constituida ad hoc en este proceso por trabajadores de distinta afiliación o no afiliados, la nueva normativa continúa incumpliendo las sentencias y directivas europeas y en consecuencia el derecho comunitario. Para la citada plataforma, a los 3 años sin que salga la plaza implica fijeza, pues «estamos ante un evidente caso de fraude de Ley», aseguran.
Por su parte, Intersindical Valenciana, aun reconociendo que «el Proyecto de Ley es insuficiente, pues hace hincapié en las plazas y no en las personas que las ocupan», «a la par de elevar a 5 y no a 3 los procesos excepcionales de Concurso», señala también que «la movilización unitaria a lo largo del Estado ha sido un ejemplo a seguir de lucha y organización», y que «gracias a ella, un porcentaje muy alto de interinos de las entidades locales no se van a enfrentar a oposiciones». Concluyen afirmando que «aunque somos críticos con el decreto, si echamos la vista atrás, es evidente que estamos ante un éxito relativo, sobre todo si nos fijamos en cuál era el punto de partida».
Cabe señalar, por otro lado, que, desde un primer momento, Intersindical Valenciana ha mantenido abiertas estas 3 líneas de actuación: la movilización, la vía judicial con demandas individuales de aquellos interinos que lo han considerado, en este caso más de una veintena de afiliados continua esta vía, y, como no podía ser de otra manera, la negociación.
No obstante, desde este sindicato se pide al colectivo «prudencia para ver los pormenores legales de la norma y anima a los trabajadores a no bajar la guardia porque con la ley en la mano habrá que renegociar y replantearse nuevas bases que faciliten el justo ingreso de los trabajadores en fraude de Ley».
Algunas cifras
Según el último Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, a comienzos de 2021 los empleados públicos interinos en España ascendían a 622.295, es decir, casi el 23% de los 2,7 millones de funcionarios que hay en el país están en situación de interinidad. Estas cifras dan una idea del gran peso electoral que tiene el colectivo de interinos en el contexto nacional, no solo por lo que representan como grupo, sino por lo que realmente puede arrastrar.
En el caso del Ayuntamiento saguntino el porcentaje de interinidad todavía es muchísimo más alto, doblando con creces la media nacional. Efectivamente, la tipología de los empleados públicos que componen la plantilla del consistorio saguntino queda distribuida de la siguiente manera: 250 son funcionarios de carrera, lo que representa un 43% del total. Los funcionarios interinos son 206, lo que equivale al 36%. Los laborales fijos son 43, es decir, un 8%, y son 77 los laborales temporales, que suponen otro 13% del total de la plantilla.
De acuerdo con estos datos, extraídos del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sagunto, aprobado en abril de 2020 por el pleno municipal, la plantilla consistorial se eleva hasta las 576 personas, de las que 283 son interinos o temporales, lo que equivale a un 49% del total, mientras que el dato estatal, como se ha indicado, se sitúa en el 23%.
