Tras conocer la postura del Equipo de Gobierno de que el dictamen municipal será desfavorable al pliego de condiciones técnicas formulado por la Conselleria de Medio Ambiente relacionado con la ocupación de monte público por Lafarge, la respuestas de los partidos de la oposición no se ha hecho esperar y, sobre ello, declara Raúl Castillo, portavoz de Ciudadanos, que el gobierno local «retuerce la realidad jurídica y mezcla asuntos diferentes para seguir ahogando a una empresa, acusándola de no tener capacidad jurídica para ser concesionaria».
Para Castillo resulta evidente que el gobierno municipal ha intentado justificar su oposición en el incumplimiento de los pliegos en relación a la cota de extracción y la supuesta extralimitación del perímetro de extracción, «y al recibir un portazo por parte de Conselleria como respuesta a estas dos alegaciones, se han visto necesitados de una excusa más para negarse a pronunciarse a favor de la prórroga de la ocupación de monte público».
Concluye el portavoz naranja afirmando: «es indecente e irresponsable utilizar la posición privilegiada de una administración pública para llevar al límite a una industria tan importante para nuestro municipio como es la cementera».
Por su parte, Iniciativa Porteña considera que el nuevo dictamen del equipo de Gobierno está dirigido a enmarañar la continuidad de la cementera, y por ello hacen un llamamiento a la movilización de cara al próximo pleno, en el que se votará dicho posicionamiento, al igual que la delimitación del paraje Romeu, «en la que el Gobierno municipal va en contra de llegar a un acuerdo consensuado con la empresa, sobre el futuro en la cantera actual».
IP anuncia que no asistirá a la reunión de Urbanismo del próximo lunes, porque consideran que en el mejor de los casos, «no habrá pronunciamiento municipal, con lo que la consellería, tal y como dijo en su notificación, si no hay pronunciamiento entenderá que el Ayuntamiento se opone».
En opinión de Sánchez, crear dudas sobre el suministro de caliza a la cementera como están haciendo «una pandilla de irresponsables como los que gobiernan desde Sagunto equivale a que no puede haber planificación de futuro, a paralización de inversiones, a precariedad en el empleo y a desvío de producciones que ganan otras plantas y que luego costarán de recuperar».
Por ello, desde IP dicen al gobierno local: «¿Basta ya! y con total transparencia en el pleno mantendremos la posición de defensa del empleo en Lafarge».
A Sánchez le gustaría que tanto EU como PSOE, se mostraran igual de transparentes y quiere dejar claro, «que son tan responsables como el resto del equipo de Gobierno, de las consecuencias que se deriven de las políticas llevadas a cabo».
En cuanto a los de ADN Podemos, afirma: «no tengo nada que añadir, puesto que han demostrado una sumisión en este aspecto que deja bien a las claras que no son un partido defensor de la clase obrera, más bien son la casta que tanto criticaban ellos».
Por su parte, desde el Partido Popular, recuerdan que desde el comienzo de esta legislatura el gobierno que dirige Francesc Fernández ha planteado «una guerra» contra una empresa implantada en la ciudad desde hace décadas. «Ya lo hizo de igual forma contra Saggas y Fenosa que, si fuera por ellos, hoy no estarían en esta ciudad».
A juicio de los populares, un equipo de gobierno que actúa así «no se lo merece esta ciudad y cuando acaben con esta cementera irán a por otras hasta cargarse la industria de nuestro municipio. Somos una ciudad industrial sin complejos pero este equipo de gobierno, agotado e incapaz, pretende hacer valer sus prejuicios contra las empresas».
Opinan desde el PP que el gobierno local no respeta el modelo industrial del municipio «y por lo tanto no respetan a los trabajadores ni a sus puestos de trabajo».
Finalizan recuerdan que que es el mismo gobierno «que se opuso a la realización de parques comerciales y luego se hace la foto. Son los mismos que censuraban Parc Sagunt y ahora venden sus excelencias».
