Tras el periodo vacacional por las fiestas de Navidad y Reyes, el conflicto con Lafarge vuelve a cobrar protagonismo en estos primeros días de 2017, año en el que se determinará la continuidad o el cierre de la factoría. Como se recordará, las oposición municipal que forman PP, IP y Ciudadanos, solicitaron en el pleno ordinario de diciembre, celebrado el día 23, que se convocara un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento de Sagunto en pleno se pronunciara respecto a la solicitud de la cementera sobre la renovación del permiso de ocupación de monte público en la cantera de Salt del Llop, que vence el próximo diciembre. Todo ello, después de hacerse público el informe del instructor de la Generalitat Valenciana, que desestimaba las alegaciones del Gobierno local. Téngase en cuenta, además, que la propia Generalitat le concedía un plazo de diez días al consistorio para que se pronunciara, aceptando o rechazando la renovación del permiso de ocupación.
El pleno municipal no ha sido convocado hasta el momento por la primera autoridad local, aunque la fecha tope para la celebración del mismo es la del próximo día 17 de enero, que es cuando se espera que se celebre. Sin embargo, el cuatripartito municipal sí ha movido ficha, por un lado, tiene convocada para este jueves próximo, 12 de enero, a las 9 de la mañana, una reunión de la Comisión Informativa especial de seguimiento del Convenio Lafarge-Ayuntamiento, cuyo único punto del orden del día es el de la dación de cuentas de los informes municipales. Para esa misma mañana, pero a las 11 horas, se celebrará una reunión de la Junta de Portavoces, órgano que se suele convocar previamente a la celebración de un pleno municipal, en este caso, el solicitado por la oposición que, se tendrá que llevar a cabo, como muy tarde, el 17 de enero.
Los tres partidos de la oposición que solicitaron la realización de la indicada sesión extraordinaria, mantienen el firme propósito de que se celebre, según han confirmado a este periódico los portavoces del PP, IP y Ciudadanos; Sergio Muniesa, Manuel González y Raúl Castillo, respectivamente. Teniendo en cuenta que el pasado lunes el Gobierno municipal y Lafarge reanudaros las conversaciones, desde la oposición se teme que en la propia Junta de Portavoces se llegue a plantear por parte del Gobierno cuatripartito que, ante la reanudación de diálogo entre la cementera y el consistorio, se deje aparcada la celebración del pleno municipal, toda vez que, además, existen nuevos informes municipales, de los que se habrá dado cuenta en la reunión previa de la comisión especial.
Efectivamente, en un nuevo informe redactado por la Jefatura de Urbanismo del consistorio, fechado este diez de enero, se manifiesta ante la Conselleria «la oposición municipal expresa a la continuación de la tramitación del procedimiento de ocupación del monte y, en concreto, a la elaboración de una propuesta motivada del pliego de condiciones técnico-económicas, hasta que no sean resueltas expresamente y clarificadas las cuestiones previas de legalidad planteadas por el Ayuntamiento de Sagunto en sus alegaciones (y los informes jurídicos y técnicos que se adjuntaban) realizadas en dicho expediente autonómico. Y todo ello debido a que sólo ha quedado clarificado uno de los extremos planteados, el de no superación del límite legal temporal máximo, estando pendientes el resto de las cuestiones alegadas».
Sobre este documento, la secretaria general de CC.OO. en el Camp de Morvedre, Begoña Cortijo, ha señalado que esta clase de informes «están muy bien como maniobras de distracción, disuasión y dilatación del procedimiento, pero debe de quedar claro que este 2017 va a ser el año en el que se determine si la empresa continua o cierra. Los trabajadores están muy preocupados con su futuro y con el hecho de que, desde determinadas instancias, se esté jugando con suspuestos de trabajo».
Otro aspecto de este informe que ha llamado la atención es el párrafo que se encuentra en la página dos del mismo, en el que se indica textualmente: «Este Ayuntamiento se reserva el derecho de aportar datos objetivos que evidencien ocupaciones efectivas de monte público previas al año 1972. Extremo que no se afirma que se haya producido sino que se anuncia que va a ser una línea de estudio a abrir por este Ayuntamiento para mejor preservación de los límites temporales máximos permitidos de ocupación por particulares de los bienes de dominio público». Sobre esta parte del documento, la secretaria general de CC.OO., Begoña Cortijo, la ha calificado de «inadmisible por carecer de un mínimo de rigor y seriedad».
Este nuevo informe, sin embargo, siembra la desconfianza en el proceso de diálogo abierto el pasado lunes entre el Ayuntamiento y la empresa, ya que lo manifestado por los representantes del Gobierno de Sagunto choca frontalmente con estas alegaciones remitidas a la Generalitat. Es decir, después de conocerse las conclusiones de este documento, pierde toda credibilidad la posición mantenida por el Ayuntamiento en la reunión de este pasado lunes.
Los trabajadores piden el pleno
Señalar por otra parte que los trabajadores de la cementera se reunieron en asamblea el pasado lunes, para analizar la situación, toda vez que aún no se había convocado el pleno municipal solicitado por la oposición. Según ha informado el comité de empresa de Lafarge en nota informativa, la asamblea de la plantilla decidió por unanimidad «exigir al alcalde que convoque el pleno extraordinario solicitado por los concejales de la oposición». Más adelante, la representación social centra sus críticas contra el alcalde, al que acusan de no querer asumir la realidad: «Mientras la Conselleria y todos los órganos públicos competentes en la materia aceptan que el periodo de ocupación tiene como fecha límite el 20 de diciembre de 2047, y que la empresa ha solicitado la ocupación hasta el año 2043, cuatro años por debajo del límite establecido. El alcalde, sigue diciendo (a pesar del informe del ingeniero instructor del expediente y de todos los pronunciamientos de los organismos públicos) que: “Nosotros (en referencia al Gobierno municipal) creemos que esto está fuera de la ley y lejos de nuestras aspiraciones».
Otro asunto que fue tratado en la asamblea y que recibió el visto bueno de la plantilla, es el de consultar jurídicamente la viabilidad de interponer una demanda contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación, según detallan en su comunicado: «una vez más, el alcalde sigue con su comportamiento, presuntamente ilícito, de dilatar la concesión del permiso de ocupación. Por esta razón, en la asamblea de trabajadores se ha informado por el comité de empresa de dar los pasos necesario para conocer las posibilidades de instar una demanda contra el alcalde por presunta prevaricación, al estar desoyendo sistemáticamente los dictámenes, informes y pronunciamientos que le instan a pronunciarse al órgano competente del Ayuntamiento sobre el permiso de ocupación».
