José Luis Chover
No obstante, no dudan los ediles, de la «dedicación y buena voluntad» de los directivos, pero consideran que el Consejo de Administración, cuya misión es definir una política adaptada a la situación actual, «mejorar las áreas donde se multiplican día tras día las reclamaciones». Añaden que en el último Pleno el concejal del PP Sergio Muniesa se refirió al ahorro conseguido en la SAG, y que no debe ser Muniesa, sino el Consejo el que debe dar el visto bueno a los cambios que promuevan una optimización de los recursos ante los recortes presupuestarios que el Equipo de Gobierno ha decidido. «Y, demagógicamente, manifestó que la empresa sigue cumpliendo con sus tareas según lo previsto, pero dudamos que con recortes se hubiera mantenido el mismo nivel de limpieza, es más, constatamos, como lo puede hacer cualquiera, que la ciudad está más sucia», señala el Portavoz municipal socialista.
Este edil del PSOE espera que esta denuncia pública, «active la mente de Castelló y le haga recordar» que la SAG debe, por obligación, funcionar de acuerdo con sus estatutos, desde su Consejo, buscar la optimización de los servicios que presta. «Aquí no puede culpar a otros, como hace cada vez que el grupo socialista le acusa de algún extravagante incumplimiento, como el caso del Centro de Recepción de Visitantes del Castillo. Aquí no hay donde derivar, aquí es su responsabilidad y su obligación». Desde el grupo socialista se preguntan si alguien está tomando decisiones por encima de un Consejo «que es el que debe decidir, que para eso están incorporados todos los grupos que garantizan la representación de los ciudadanos, que son en definitiva los que pagan por el servicio».
Prosigue Chover, manifestando que no quieren pensar, que lo que busca el PP, «con su mejor estilo, con esta dejadez, parálisis y desgobierno es que la SAG venga a menos, se multipliquen las protestas, la disconformidad de la gente, la deficiente prestación de los servicios, para luego proponer su privatización como instrumento salvador, después de haber abonado el terreno con una gestión personal y conscientemente deficiente. Y todo ello, sin la participación del Consejo».
