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Viernes, 21 Enero 2011 01:00

Desde CC.OO. aseguran que «no ha llevado a la mesa de negociación el alargamiento de la vida de las centrales nucleares»

Ante la noticia aparecida en diversos medios de comunicación y las declaraciones
a una cadena de radio del ministro de Industria, Miguel Sebastián, sobre el
alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. Comisiones Obreras quiere dejar claro que en el actual proceso de negociación las materias que se vienen negociando son: Pensiones, reforma, políticas activas de empleo y Negociación colectiva.

Desde la Unión Intercomarcal señalan que en el transcurso de la negociación se ha barajado la posibilidad de tratar otras materias distintas a las señaladas, con carácter general y en el marco de una posible declaración compartida, que sólo se haría en el supuesto de un acuerdo en las cuestiones fundamentales.

Entre estas materias ajenas al debate fundamental sobre las
cuestiones citadas, podría estar la energía, pero CC.OO.  «no ha pedido ni
se planteará el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. Si
un acuerdo sobre energía llegase a formar parte de la declaración final
no lo será ni como único ni fundamental compromiso, ni condicionara los
objetivos en las materias de negociación prioritaria».
Viernes, 21 Enero 2011 01:00

Para el Grup d’Estudis Mediambientals la política de Lafarge demuestra que el «mantenimiento de los puestos de trabajo depende únicamente de la voluntad de la empresa»

Ante la posibilidad de la firma y aprobación de un convenio entre el ayuntamiento de Sagunto y la empresa Lafarge para ampliar la actividad extractiva en el municipio a largo plazo, y en coherencia con la postura defendida durante todo este tiempo por el Grup d’Estudis Mediambientals del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre del interés general frente al interés económico de la empresa,  se reafirman en que es necesaria la «protección integral» de la montaña de Romeu por sus valores ambientales, paisajísticos, y de uso público mediante su declaración como Paraje Natural Municipal, como mínimo en lo establecido en el Plan Especial de protección de 2006.

Respecto a la declaración del Paraje Natural de Romeu en su integridad, consideran desde este colectivo, que es una cuestión totalmente «independiente de la posibilidad de apertura de una nueva cantera alternativa en la zona del Pinyal, así como de la continuidad de la actividad industrial de Lafarge en el municipio a largo plazo».

Sobre la apertura de una cantera en el Pinyal , desde el Grup d’Estudis Mediambientals consideran que es una «alternativa extractiva viable», pero no la única a largo plazo. «Lafarge dispone de reservas de materias primas en la Plana Baixa, y de canteras activas y otras en tramitación en el Alto Palancia, que unidas a las reservas que restan en la actual cantera del Salt del Llop de Romeu, y a la posibilidad de abastecimiento de materias primas vía marítima no hacen imprescindible la ampliación de la actividad extractiva en el municipio para garantizar la actividad industrial a largo plazo», afirman Grup d’Estudis Mediambientals.

Por otro lado, señalan que la restauración obligatoria y simultánea de la actual cantera del Salt del Llop de Romeu es «prácticamente inexistente e insuficiente, incumpliendo con el deber de devolver al estado ambiental anterior a la llegada de la cantera».

El Grup d’Estudis Mediambientals, asegura que Lafarge, «ha incumplido, previamente a su firma, el posible convenio con la prejubilación de trabajadores en meses pasados, el reciente despido de otros, y las represalias y amenazas de despido hacia otros trabajadores de Lafarge y sus contratas cuando justifica la necesidad de ampliación de la actividad extractiva, y su consiguiente impacto ambiental, en aras de garantizar los puestos de trabajo a largo plazo».  Para este colectivo, la política de Lafarge demuestra que el «mantenimiento de los puestos de trabajo depende únicamente de la voluntad de la empresa, y que la firma del convenio no garantiza en ningún caso los puestos de trabajo de Lafarge y sus contratas».

Respecto a la cantidad y toxicidad de los residuos incinerados en la cementera, destacan desde el Grup d’Estudis Mediambientals que «ha aumentado reportando beneficios económicos a la empresa al reducir costes, a costa de mermar la calidad ambiental del municipio al aumentar las emisiones de metales pesados y otras sustancias nocivas para la población».

Finalmente declaran desde este colectivo de estudios medioambientales, que ante los hechos y los reiterados «incumplimientos» por parte de la empresa, consideran que el ayuntamiento de Sagunto «no está en condiciones de aprobar un convenio que suponga permitir una ampliación de la actividad extractiva en la montaña de Romeu, ni tampoco de abrir una cantera en Pinyal, con la justificación de garantizar la disponibilidad de materia prima a largo plazo y mantener los puestos de trabajos generados, dada la falta de credibilidad, y de ética y compromiso de la empresa con el medio ambiente, y también con sus propios trabajadores». Para este grupo queda demostrado una vez más, «que no se trata de elegir entre medio ambiente o empleo, sino de elegir entre la defensa del interés público o el mantener eternamente los máximos beneficios económicos a una empresa privada sin escrúpulos».


                                                                                            
                                                           
Jueves, 20 Enero 2011 01:00

El Ayuntamiento estudia reformas en la ordenanza de terrazas para permitir su instalación durante todo el año

Muniesa en rueda de prensa
Muniesa en rueda de prensa
El portavoz del gobierno municipal, Sergio Muniesa, ha explicado hoy otras cuestiones destacadas de la junta de portavoces celebrada ayer, que se centró en la modificación de la ordenanza de terrazas y en las negociaciones sobre la cubrición de las vías del tren a su paso por Sagunto.
 
Sobre la instalación de sillas y mesas en la vía pública, el concejal de Hacienda explicó que "la ley antitabaco ha multiplicado la petición de licencias para esta temporada de invierno, ya que apenas habíamos recibido una decena de solicitudes, antes de la entrada en vigor de esta norma".
 
Sin embargo y ante la inquietud trasladada por los hosteleros al gobierno municipal, Muniesa apunta que "ya hemos tomado la decisión de eliminar la división por temporadas y mantener para todo el año el precio que hasta ahora se cobraba por 6 meses".
 
De este modo, los 48 euros por metro cuadrado se aplicarán desde enero a diciembre, aunque el precio y otros aspectos de la ordenanza se modificarán si se encuentran mejores soluciones para los hosteleros ante la ley antitabaco. Sergio Muniesa calculó que los ingresos anuales del Ayuntamiento por la tasa de terrazas asciende a 300.000 euros.
 
Un caso particular afecta a los establecimientos de la avenida Mediterráneo, que se ven afectados por el deslinde de dominio público marítimo terrestre. El edil popular explicó que "vamos a canalizar desde el Ayuntamiento las peticiones de terrazas a la Demarcación de Costas".
 
Pese a esa intención, Muniesa reconoció que la relación con Costas no es muy fluida. "Llevamos varias semanas tratando de contactar con sus responsables, pero no hemos podido plantearles un calendario de reuniones para concretar la buena sintonía que presidió la última reunión en Madrid", asegura el concejal.
 
Sobre las vías, el portavoz popular explicó el resultado de la reunión con representantes del ADIF en Valencia, que se planteó como "preparatoria de cara a la incorporación de la cubrición al proyecto de obras sobre el paso del AVE por Sagunto". El 3 de febrero se ha convocado otro encuentro con responsables de Fomento para "avanzar en un acuerdo que garantice la ejecución simultánea de ambas actuaciones".

Pensiones y planes de pensiones: ¿Un buen negocio?

Escrito por
El año 2010 feneció con dos grandes reformas en ciernes: una, la laboral, ya casi finiquitada pese a la fuerte contestación sindical, y la otra, la de las pensiones. Se apunta insistentemente desde el Gobierno de España que ambas reformas servirán para garantizar el futuro del Estado del Bienestar de que disfrutamos —más bien deberían haber dicho «de lo que quede de él»—. La versión más pesimista ha sostenido que las cotizaciones futuras a la Seguridad Social y al fondo que nutre las pensiones no van a ser suficientes para financiar las futuras pensiones. Estos días asistimos a un rosario de reuniones del Gobierno buscando el imposible consenso social en este asunto, antes del 28 de enero, fecha prevista de reunión del denominado Pacto de Toledo para analizar y proponer reformas en las pensiones. El objetivo —se afirma— es garantizar que los que ahora tienen entre 45 y 50 años puedan cobrar en un futuro sus pensiones de jubilación. ¿Qué pasará? no lo sabemos, pero se anuncian medidas en el sentido de alargar la edad legal de jubilación a los 67 años, computar todos los ingresos obtenidos a lo largo de la vida laboral para el cálculo de las pensiones, etc. Pero hablar de la crisis del sistema de pensiones públicas no es nuevo, ya viene desde 1993, cuando se produjo un «cara a cara» previo a las elecciones entre Felipe González y José María Aznar (y que ganaría el primero muy ajustadamente). De ahí surgió, en sesión del Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995, y a partir de una proposición no de ley del CIU, lo que se ha dado en llamar el Pacto de Toledo; que no es sino un documento donde, a partir de recomendaciones del Banco Mundial, se establecían un paquete de medidas para reducir la presión a la que estaba siendo sometido el presupuesto de la Seguridad Social.

Pero no es de las pensiones públicas de lo que quiero hablar en este artículo sino de los planes de pensiones. Ante los reiterados anuncios y el bombardeo a la opinión pública de una supuesta crisis en el fondo estatal que nutre las pensiones, que amenazaba su cobro en el futuro; y como consecuencia de una reducción paulatina y continuada de la población activa ocupada, en correspondencia con un alargamiento de la esperanza de vida de los españoles, de la que cabía deducir una elevada incertidumbre en las pensiones futuras, muchos pequeños ahorradores y otros más, estimulados por los incentivos fiscales (las aportaciones a planes de pensiones reducen íntegramente la base imponible del IRPF, con determinados límites máximos en función de la edad, porcentaje de discapacidad, etc.), se lanzaron a suscribir algún plan de pensiones de los muchos auspiciados por bancos y cajas de ahorro, como una medida complementaria que sumada a la pensión pública que les pudiera corresponder les garantizara a la jubilación una renta que permitiera vivir sin estrecheces.

Y qué ha pasado después de quince o veinte años de aportaciones y más aportaciones a un plan de pensiones. Que nos encontramos, en el mejor de los casos, con el mismo dinero nominal que el colocado en el plan o alguna ganancia paupérrima, o en el peor de ellos, con menos dinero del aportado. O sea que te puede ocurrir que cuando vayas a rescatar tu dinero a la jubilación te lleves una gran sorpresa. Y por qué ha pasado eso. Pues muy sencillo: como resulta que los gestores de los planes de pensiones privados invierten los fondos en el mercado financiero (en renta fija, variable o mixta) en busca de rentabilidades, con la inestabilidad convulsa de ese mercado en los últimos años, se incrementan los riesgos y, si no ha habido una buena gestión de los fondos aportados, puedes tener rendimientos negativos; y si a ello unimos las elevadas comisiones que se cobran (que nunca conocerás porque se restan de los rendimientos obtenidos), el resultado final puede ser desolador.

Al derrumbe de los planes de pensiones sin duda ha contribuido la actitud de los propios gestores, pasivos ante la amenaza que pesaba sobre ellos y más preocupados por otros productos («total los partícipes no pueden retirar el dinero aunque el plan vaya mal, sólo traspasarlo a otro que no irá mucho mejor»).  Sin ir más lejos, en el período de enero a noviembre de 2010, el conjunto de los planes de pensiones en España presentó un rendimiento negativo del 2,49% (Fuente: Inverco; en www.cincodias.com). Y  lo más llamativo es que el mayor desplome lo hayan experimentado los planes que invierten en «renta variable garantizada» (-6,60%), por lo que sus partícipes no perderán dinero pero tienen muy difícil obtener alguna rentabilidad, al tener que remontar esas pérdidas. Es por ello que, en la actual coyuntura, y por muchos y espléndidos regalos que ofrezcan, los gestores de planes de pensiones lo tienen muy difícil a la hora de captar suscriptores. 

El citado es uno de los problemas de fondo de los planes de pensiones: su rentabilidad; pero hay más. Otro es su liquidez. Son productos clasificados como «ilíquidos», o sea «nada líquidos». El dinero aportado queda cautivo y no se puede recuperar hasta la jubilación o en supuestos muy excepcionales. O sea que tienes que observar impotente como te quedas sin dinero y no puedes actuar, no puedes recuperarlo y destinarlo a otro fin. Puedes cambiar de plan o de gestor, pero nada más. Es más, cuando las deudas acucian y se recurre a cualquier producto financiero disponible (depósitos a plazo, fondos de inversión, cuentas corrientes, etc.) para conseguir liquidez y atender gastos inaplazables,  los planes de pensiones son intocables, por grandes que sean las penurias. Puedes estar hipotecado hasta el cuello y no tener posibilidad alguna de recuperar tu dinero. Sólo pueden rescatarse en los supuestos excepcionales establecidos en el Reglamento de Fondos y Planes de Pensiones: jubilación del partícipe, enfermedad grave (acreditada mediante certificado médico) que incapacite temporalmente para trabajar (mínimo tres meses) y requiera intervención clínica o tratamiento en centro hospitalario, invalidez laboral o muerte del partícipe, desempleo de larga duración (más de 12 meses y sin derecho a prestación por desempleo) y dependencia severa o gran dependencia (reguladas en la Ley de Dependencia).

Y en cuanto a la fiscalidad de los planes se refiere, no es tan maravillosa como la pintan. Los impuestos que se dejan de pagar durante la vida efectiva del plan se pagan con creces en el momento de su rescate, ya sea éste en forma de «renta periódica» o en forma de capital (pago único). Hay que tributar aunque hayamos perdido dinero con el plan. Las cantidades rescatadas (incluidas aportaciones y rendimientos obtenidos) tienen la consideración de «rendimientos del trabajo» y, por lo tanto, están sujetas al sistema general de retenciones del I.R.P.F. y de tributación por ese impuesto.

Si se elige la modalidad de rescate en «pago único», hay que saber que las aportaciones efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2007 sólo tributan en un 60%. Y es muy probable que termines pagando a un tipo impositivo superior al que te hubiera correspondido en condiciones normales (al ascender en tramos de renta). O sea que se puede terminar pagando en el año (o años) de rescate del plan más impuestos de los que se ahorraron durante la vida del mismo.

En fin, saque usted sus propias conclusiones y, eso sí, a la hora de suscribir algún plan de pensiones no se deje engatusar por los múltiples regalos que le ofrecerán y estudie bien lo que más conviene a sus intereses.

Miguel Ángel Piqueras Rambla
Licenciado en Ciencias Económicas

Publicado en Colaboradores
Jueves, 20 Enero 2011 01:00

La Audiencia Provincial de Valencia reconoce a Prosagunsa como propietaria de los 70.000 m2 del malecón de Menera

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia emitía sentencia el pasado 22 de diciembre, en la que estimaba en su totalidad el recurso de apelación presentado por la empresa Promociones Saguntinas, S.A. (Prosagunsa), contra el fallo de fecha 25 de enero de 2010, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia revocan en su totalidad el veredicto del Juzgado número 3 y en su lugar dictan otro pronunciamiento por el que, con estimación esencial de la demanda «se declara la titularidad dominical de la actora [Prosagunsa] sobre la finca registral 37.075, Tomo 1.735, libro 383, folio 27 en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sagunto, [los terrenos del malecón de Menera] como bien de titularidad privada desde la Real Orden de 11-8-1902».  Este fallo judicial no es firme y contra el mismo cabe la preparación del recurso de Infracción Procesal y de Casación en el plazo de cinco días y ante el mismo tribunal.

Este pronunciamiento judicial, que de momento cambia de manos la titularidad de esta propiedad, es la culminación de la iniciativa promovida por los propietarios de la empresa Prosagunsa, que en 2007 presentó un procedimiento civil ordinario, cuya primera fase se culminó el 23 de noviembre de 2009, con la celebración en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Valencia, de la preceptiva audiencia para oír a las partes, tal y como ya adelantó este periódico en su edición del 20 de noviembre de 2009.

Tras la celebración del juicio, el citado Juzgado emitió su sentencia, desestimando íntegramente la demanda presentada por Prosagunsa sobre acción declarativa de dominio. En tal sentido, el fallo indicaba: «absolver y absuelvo a dicha demandada [Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente] de las pretensiones contra ella deducidas, con la expresa imposición de las costas causadas a la demandante».

Contra dicha sentencia Prosagunsa interpuso recurso de apelación y, previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a la audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se dio trámite al recurso, acordándose el día 13 de diciembre de 2010 para la votación y el consiguiente fallo, que obviamente ha supuesto un giro radical en este procedimiento.

Según se indica en los fundamentos de derecho del fallo de la Audiencia Provincial de Valencia, la desestimación decretada por el Juzgado de Instrucción núm. 3 se fundó en que: «los terrenos están incluidos en la zona marítimo terrestre y son de dominio público desde que se aprobó su deslinde en 1950 y, según el artículo 4 de la Ley de Costas, los mismos son de tal dominio público como terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y los desecados de su ribera, sin que se hubiera declarado su propiedad privada en la cláusula de su concesión a perpetuidad que recoge la Orden de 11-8-1902 previa a su vigencia».

Sin embargo, en el punto 2 del apartado tercero de los fundamentos de derecho, los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia examinan la legislación previa a la Ley de Costas de 1988, remontándose a artículos de varias disposiciones anteriores, tales como la Ley de Puertos de 7-5-1880, el Reglamento de su ejecución, de 11-7-1912, la Ley de Puertos de 19-1-1928 y la Ley de Costas de 26-4-69. De toda esta normativa el tribunal recuerda que «el artículo 57 de la citada Ley de Puertos de 1888 establecía que las concesiones de obras en los puertos con las cuales se ganen terrenos al mar, se exceptuará siempre de los que se reconozcan de propiedad del concesionario la parte necesaria para la zona de servicio a que se refiere el artículo 31, la cual quedará de propiedad del Estado y, con gran claridad el artículo 99 de dicho reglamento de 1919 que la desarrolla decía que los terrenos ganados al mar fuera de los puertos con obras construidas, entre otros por particulares competentemente autorizados, serán de la entidad que los hubiese llevado a cabo».
Asimismo se indica también que la mencionada Ley de Costas de 1969, «en general diferenciaba entre si los terrenos que tenían su origen en aterramientos artificiales por obras ejecutadas por el concesionario, en cuyo caso eran de propiedad privada, o si su origen era natural, en cuyo caso eran de dominio público estatal».

El futuro del
malecón
Los representantes de la empresa Prosagunsa trataron de llegar a un arreglo amistoso con la Dirección General de Costas, por el que se les otorgara una concesión sobre este suelo de varias décadas para su explotación. De esta forma el suelo seguiría siendo de titularidad pública. Sin embargo, estos intentos de llegar a un acuerdo nunca fructificaron. El fallo de la Audiencia Provincial de Valencia del pasado 22 de diciembre cambia sustancialmente la situación, puesto que es Prosagunsa la que desde esa fecha ostenta la propiedad. Tanto es así, que los directivos de esta empresa acarician, en sus planes de futuro para el malecón, la idea de combinar en estos 70.000 metros cuadrados un hotel, apartamentos y una amplia zona verde. La idea de construir pisos se sustenta en la necesidad de tapar la fachada trasera del grupo de viviendas de la antigua compañía minera. 
Jueves, 20 Enero 2011 01:00

Francisco Camps visita Puerto de Sagunto para presentar la fase de pruebas del nuevo servicio de alquiler de coches eléctricos

La presentación de la fase de pruebas del nuevo servicio de e-sharing, acrónimo que intenta jugar con la e de ecologismo y el carsharing (término inglés para la práctica de compartir coche para pequeños desplazamientos), se convirtió en un acontecimiento que desplazó a la ciudad a destacadas autoridades, entre las que destacaron el President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el Conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, así como a numerosos corresponsales de medios de comunicación de toda la Comunidad Valenciana e incluso territorios adyacentes a esta.

El nuevo servicio es fruto de más de dos años de trabajo intenso por parte de las empresas Movilidad Urbana Sostenible (MOVUS) y Autos Vallduxense  (AVSA), en colaboración con Green Power, con la colaboración de la Concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Sagunto, el Ministerio de Infraestructuras y Transporte, el IDEA (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía), AVEN (Agencia Valencia de la Energía) y la Universidad Politécnica de Valencia.
Durante la presentación Camps llegó a darse una vuelta en uno de los silenciosos coches eléctricos, conducido en esta ocasión por el Alcalde de Sagunto Alfredo Castelló, un viaje que originó que, ya durante la fase de los discursos, Camps llegara a asegurar, textualmente: «si el Alcalde de Sagunto, que es muy majo, puede conducir tan bien uno de estos coches, cualquier ciudadano podrá hacerlo sin problemas». El President, que siguiendo su línea no aceptó preguntas, tildó esta puesta en marcha como una fecha histórica llegando a asegurar que significaba el comienzo de «una coalición de ciudadanos responsables con el medio ambiente».

 El Alcalde, Alfredo Castelló, resaltó el enorme trabajo que se ha realizado la Concejalía de Movilidad Urbana, puesta en marcha por su gobierno, para lograr este avance «es notable que se haya llegado tan lejos en tan sólo tres años y medio» declaró Castelló. Mientras que el concejal de Movilidad Urbana, José Luis Martí, resaltó que si bien este logro es importante, puesto que convierte  a la ciudad en una auténtica pionera europea, no es más que una de las muchas actuaciones que está realizando su concejalía, y que va integrada en el nuevo plan de transporte que se pondrá en marcha el próximo mes de febrero.

El portavoz del consorcio de empresas responsables de la puesta en marcha de este e-sharing, que inició su intervención dando a gracias a Dios por este logro, explicó que las bases de estacionamiento no sólo darán servicio a los coches de alquiler, sino que la idea es que estén disponibles también para uso particular, y se espera que den servicio inicialmente a 100 usuarios, lo que supondría un ahorro estimado de 30 Toneladas al año en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera , al que habría que sumar la enorme reducción de contaminación sonora que suponen estos coches que no realizan ningún tipo de ruido en su circulación.

Hará falta reserva previa
Al tratarse de un transporte público que conduce el propio usuario, el nuevo servicio requerirá la firma de un contrato, donde se suscriba el seguro franquiciado, y se regulen las condiciones de uso que puede solicitarse a través de la página web www.esharing.es o por el teléfono 902 70 22 74, una vez firmado se le hará entrega de una tarjeta de usuario, la misma que se vende ya para el transporte público y que permitirá acceder a los vehículos. El alquiler del vehículo saldrá desde un euro por 15 minutos de uso, que dará derecho a unos 20 km de recorridos tarifando a partir de entonces a 41 céntimos cada kilómetro.Con tan sólo ocho vehículos para las pruebas, y dos bases de recarga (una en Sagunto y otra en la Plaza Manuel Azaña de Puerto de Sagunto a la que se sumará una nueva cerca de la tenencia de Alcaldía en breve), los usuarios estarán obligados a reservar con antelación cuándo quieren el vehículo y por cuánto tiempo quieren usarlo.
Jueves, 20 Enero 2011 01:00

El PSOE critica que Castelló congele la oferta de empleo para todos, «menos para los interesados en 3 plazas de mando de la Policía Local»

José Luis Chover
José Luis Chover
El portavoz del grupo municipal socialista, José Luis Chover, compareció ayer ante los medios de comunicación para denunciar lo que calificó de falta de responsabilidad del gobierno que preside Castelló, «por su incapacidad para cumplir los acuerdos que suscriben y su desprecio al interés general». Aclaró Chover que  no hace ni dos meses que el PSOE aprobó el Plan de Saneamiento presentado por el equipo de Gobierno y que ya han comenzado a incumplirlo. En tal sentido añadió: «Este alcalde y su equipo de gobierno no solamente se muestran como irresponsables sino que además no son nada fiables. No cumplen ni lo que ellos mismos proponen, escriben y aprueban».

El incumplimiento,  según el portavoz del PSOE,  tiene relación con tres plazas de mandos de la Policía Local.  Sobre este asunto, Chover ha recordado que el Plan de Saneamiento, entre otras medidas, para reducir el gasto de personal recogía, en el punto 4, «la necesidad de congelar la oferta pública de empleo», medida que ya se había hecho pública y se había puesto en marcha por el concejal de Hacienda, Sergio Muniesa.

 Asegura este edil  que la oferta pública ha quedado congelada, pero sólo para una parte importante de los funcionarios que «ven como se aleja la consolidación de sus empleos, o para otros muchos ciudadanos que confiaban en acceder» a una de las 27 plazas de agente de policía local.  «En definitiva para todos menos para los interesados en tres plazas en Policía Local», una de inspector, otra de intendente y, «la recientemente incorporada a la oferta pública, que no estaba incluida en la oferta pública que aprobaron junto al presupuesto del 2009, y la añadieron hace tres meses, de Intendente Principal», ha concretado el representante municipal socialista.
 
Aclara Chover, que la plaza de Intendente Principal, «como sabéis se encuentra ocupada por un relevante miembro del Partido Popular, mediante una comisión de servicios de dudosa legalidad». Se refiere este regidor a que las bases de esas plazas están recurridas, en contencioso administrativo, por los sindicatos, porque han entendido, que no es correcto que en el escalafón de mando, un inspector pase a Intendente.

Resalta el edil socialista, que la Comisión del «relevante miembro del PP» no le ha importado al equipo de Gobierno, que suponga un mayor gasto para las arcas municipales, «criterio que si se ha utilizado para rescindir todas las comisiones de servicio de los agentes de policía. Curiosa forma de gestionar, se quitan policías de la calle al servicio de los ciudadanos y se contratan nuevos mandos, incrementando gastos, para estar en la Central de Policía».

El empecinamiento en sacar de toda la ferta pública de empleo, sólo las tres plazas citadas, se debe según el criterio del concejal del PSOE, «porque se acaba la legislatura y quieren darle la oportunidad para que obtenga la plaza en propiedad».
 
Plan de Saneamiento
Nos recuerda José Luis Chover, que en el Pleno del pasado mes de noviembre, el grupo socialista apoyó la concertación de una operación de crédito para poder hacer frente al pago de inversiones pendientes de pago y condenas judiciales. «Respondimos con responsabilidad a una situación que se hacia insostenible y que hubiese conducido a este Ayuntamiento al bloqueo económico de no haberse aprobado la concertación de este crédito», afirma el portavoz del PSOE.
Prosigue este regidor explicando que el nuevo endeudamiento y la precaria situación económica del ayuntamiento hicieron necesaria la elaboración y aprobación de un Plan de Saneamiento Financiero, que junto al ya aprobado Plan económico financiero para la estabilidad presupuestaria, recogiera las medidas necesarias para mejorar los ingresos, reducir los gastos, conseguir ahorro y retomar la senda de la estabilidad presupuestaria. «El Grupo Socialista, como recordareis también aprobó este Plan, tanto el inicial, como la Adenda  exigida por la Generalitat Valenciana para poder autorizar la concertación del préstamo y que el PP presentó en el Pleno de diciembre», señala Chover.

Según este portavoz, el grupo municipal socialista, aprobó el Plan económico convencidos de la necesidad del mismo, «pues en estos casi cuatro años del gobierno de Castelló, hemos pasado de unas arcas municipales saneadas, que generaban ahorro suficiente para poder ejecutar inversiones con fondos propios y sin recurrir a endeudamiento, en la etapa de tripartito; a una más que precaria situación económica, en la que el déficit se incrementa a pasos agigantados», lo que hacia necesario tomar medidas de control del gasto corriente. Por ello, el PSOE  aprobó el Plan y «avisamos al equipo de gobierno de que estaríamos vigilando su cumplimiento, pero no esperabamos tener tan pronto que denunciar la falta de responsabilidad de este gobierno del PP».
Jueves, 20 Enero 2011 01:00

Bloc y EU no apoyarán el convenio con Lafarge si no readmiten a los trabajadores despedidos

Los ediles y el alcalde en la reunión de portavoces
Los ediles y el alcalde en la reunión de portavoces
La reunión de la Junta de Portavoces municipales celebrada el día de ayer, en la sala de reuniones del Ayuntamiento de Sagunto, tenía previsto tratar varios asuntos de interés, pero finalmente el tema más discutido fue el asunto de la problemática de la empresa Lafarge, cuyo convenio será llevado por el alcalde al Pleno de febrero.

Begoña Cortijo, secretaria general de la Unión Intercomarcal de CC.OO, ha manifestado a este periódico su preocupación porque todos los partidos políticos municipales nos han mostrado su apoyo a los trabajadores despedidos de Eurocen, empresa contratada por Lafarge en la junta de portavoces,  «y nos habían dicho que no iban a apoyar el convenio sin que se resolviera este extremo, por eso esperamos que mantengan esa posición en el próximo pleno, porque según nos han comunicado, en la reunión de la junta de portavoces de ayer, los únicos que se han mostrado contundentes con esta postura han sido el BLOC y EU. Nosotros exigimos que si se firma el convenio con la empresa Lafarge, sea con los trabajadores dentro».

Respecto al fondo del asunto, la dirigente sindical denunciaba los incumplimientos reiterados, por parte de la empresa, sobre salud laboral, relaciones laborales y medio ambiente, y finalizaba afirmando: «No podemos aceptar que porque una empresa pague un dinero porque tiene responsabilidad social ( lo dice el convenio), se le tenga que permitir lo que sea, porque la primera responsabilidad de Lafarge es cumplir con sus obligaciones en materias de medioambiente, salud laboral y relaciones laborales».
Teresa García, concejala del Bloc, recordaba que su grupo ya votó en contra de permitir continuar actuando a la empresa Lafarge en la montaña de Romeu, en el pleno del 29 de abril de 2009, y añade: «Seguimos estando en contra del convenio con Lafarge, y mantenemos la postura de que la montaña de Romeu debería ser protegida independientemente de la empresa, mediante una declaración de Paraje Natural Municipal por parte del Ayuntamiento de Sagunto».
Respecto a la problemática de la empresa por los trabajadores despedidos, la regidora nacionalista, remarcó el compromiso de su partido para que éstos sean readmitidos, y continuó: «Si las denuncias sobre salud laboral que los trabajadores de Lafarge han hecho públicas, son así, entendemos que el Ayuntamiento tiene que actuar, porque existe un departamento de Actividades que tienen que funcionar inspeccionando la actividad de la empresa y comprobando si realmente en ella, se están llevando a cabo las prácticas inadecuadas denunciadas por los trabajadores, que nos parecen de una gravedad extrema. Hemos propuesto en la Junta de Portavoces que el Ayuntamiento actúe como parte y compruebe si la empresa da cuenta a la Dirección General de Calidad Medioambiental, porque es el garante de la salud pública de sus ciudadanos».
Finalmente, García, después de remarcar la preocupación de su formación política por los problemas de salud laboral que la empresa Lafarge pudiera estar causando, tanto a sus propios trabajadores, como a la ciudadanía en general, finalizó diciendo: «Volveremos a llevar al próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento exija a Lafarge un estudio de Ignición para que podamos conocer cómo recibimos los ciudadanos los gases vertidos por la empresa, y esperamos que en esta ocasión no funcione  la mayoría PP- SP para rechazarla como sucedió la otra vez».

Por su parte el Concejal de Urbanismo y portavoz del PP, Sergio Muniesa, confirmó que se había tratado el asunto del convenio de Lafarge en la Junta de Portavoces y que la propuesta del PP al pleno irá en el sentido de mejorar el precio del canon por la responsabilidad social corporativa de la empresa.
Jueves, 20 Enero 2011 01:00

CC.OO. acusa al Gobierno local de ralentizar el estudio del catálogo de los puestos de trabajo

El secretario general de la sección sindical de CC.OO. en el Ayuntamiento de Sagunto, Juan Miguel Calomarde, manifiesta el convencimiento de su sindicato de que la edil de Personal, Concha Peláez, ha recibido instrucciones para «ralentizar el estudio del catálogo de los puestos de trabajo del Ayuntamiento».
Este sindicalista se basa para hacer tal afirmación, en que la empresa Rodriguez Viñals, encargada de dicho estudio, tiene el trabajo prácticamente finalizado, de hecho, «hemos detectado que la citada empresa ya ha presentado la factura al Ayuntamiento, será porque ha finalizado su trabajo, pero el equipo de Gobierno no lo hace público».

Según Calomarde, para concluir ese estudio falta dar audiencia a los trabajadores. En cualquier caso, este responsable sindical aclara que el trabajo realizado por Rodriguez Viñals, no es un proyecto del catálogo, sino un inventario de las funciones reales que lleva a cabo cada funcionario, y es un instrumento importante que debe servir para elaborar el catálogo de puestos de trabajo, «pero no es el catálogo y por eso la empresa se lleva 41.000 euros».

Argumenta este líder de CC.OO. que el trabajo en el Ayuntamiento va saliendo, pero los «gestores no saben las funciones concretas que está realizando el personal, y sobre todo, no saben si son las idóneas, adecuadas a su puesto de trabajo, por defecto o por exceso; si el personal está bien ubicado o no, eso es lo que debe poner en claro la empresa concesionaria». A juicio de Calomarde Besteiro, el equipo de Gobierno no puede esperar a que pasen las  elecciones municipales, a que salga la próxima Corporación, para acometer «lo que tanto urge en el ayuntamiento que es el catálogo».

 Por otro lado, asegura este secretario general de la sección sindical, que desde CC.OO. van a hacer todo lo posible, para que se realicen los procesos de consolidación de empleo, que estén definidos y el calendario elaborado, «lo antes posible, antes de que finalice este mandato».

Estrategia de las
privatizaciones
Por otro lado, Calomarde Besteiro, reitera su idea de que  el Gobierno local está  aprovechando la situación de crisis y «la falta de presupuestos está llorando más de la cuenta, con una finalidad clara, que son las privatizaciones de los servicios municipales de Deportes y de la vigilancia y custodia de los edificios municipales».
Desde CC.OO. manejan la hipótesis de que si un sindicato viene reiterando la estrategia de las privatizaciones en diferentes foros y medios de comunicación, sin que el equipo de Gobierno lo haya  desmentido, es que «desgraciadamente hemos acertado».

Respecto a la Policía Local, asegura Calomarde, que el Ejecutivo local ha incumplido un acuerdo plenario sobre los policías de mercado, cuyo servicio debería contar con cuatro agentes y sólo hay dos, según Calomarde, con las directrices del Jefe de la Policía Local, con el visto bueno del concejal responsable. «Esto es un asunto serio y que el propio acuerdo preveía, que en caso de modificar el número de efectivos se tenían que reunir las partes para analizarlo, pero de forma unilateral el equipo de Gobierno ha incumplido dicho acuerdo», asegura el responsable sindical.

Igualmente, reitera el representante sindical que la vigilancia del edificio del SAIC se está haciendo de forma intermitente. En CC.OO. temen que por sorpresa, un día aparezcan una serie de empresas que se ofrezcan a gestionar Deportes y la vigilancia de los edificios públicos y que el gobierno municipal del PP les otorgue las concesiones.

Concluye Calomarde este asunto destacando la «desidia del servicio de Policía Local y la posible estrategia, que puedan llevar» en Deportes para privatizar este servicio. Pero asegura que desde CC.OO. «vamos a estar vigilantes como siempre para que el servicio público se siga dando en gestión directa con la calidad que se merecen los ciudadanos»
Jueves, 20 Enero 2011 01:00

UGT y CC.OO.ocupan las sedes del INSS en Puerto y Sagunto, en rechazo a la edad de jubilación a los 67 años

Imagen de la concentración
Imagen de la concentración
Los delegados sindicales de CC.OO. y UGT del Camp de Morvedre y Alto Palancia, siguiendo con la campaña de movilizaciones establecidas a nivel estatal por las dos centrales sindicales, ocuparon ayer las sedes comarcales del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) del Puerto y de Sagunto, en rechazo a la propuesta del Ejecutivo de retrasar de forma obligatoria la edad legal de jubilación a los 67 años, que consideran «injusta e innecesaria, que pone en serio riesgo el consenso social y político que desde hace más de 15 años ha acompañado a las sucesivas reformas del sistema público de pensiones».

Prosiguen desde Comisiones Obreras señalando que los sindicatos, como parte interesada  en preservar la viabilidad futura del sistema público de pensiones, están obligados a velar por mantener y mejorar los niveles de protección social en el futuro ante los retos demográficos y financieros que se le presentan al sistema.

En el encierro de los dos centros públicos de la Seguridad Social, han participado un centenar de delegados sindicales de los centros de trabajo de la comarca, las delegaciones tanto de CC.OO, como de UGT estaban encabezadas por los secretarios generales, Begoña Cortijo y Miguel Jordá respectivamente.

Los delegados de CC.OO. tras media hora de permanencia en el INSS, regresaron a su  sede para continuar con la asamblea de delegados que se había programado para ayer, y que ha girado entorno a la situación actual y los posibles escenarios que pueden producirse tras las negociaciones que se están llevando en Madrid junto a la Patronal y el gobierno.

Por su parte desde UGT, señala Miguel Jordá,  que en Sagunto el encierro,  lo han realizado los delegados de UGT y en Puerto de Sagunto se ha  realizado con representantes sindicales de ambos sindicatos.
Destaca el líder ugetista, la inexistencia de incidente alguno durante la ocupación de las oficinas del INSS, ya que lo que se pretendía con esta concentración, es mostrar «nuestro rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno de imponer la edad de jubilación a los 67 años, por tanto las organizaciones sindicales hemos informado a los usuarios y a la ciudadanía, que acudían al servicio del INSS de las intenciones del Gobierno y de las propuestas que los sindicatos estamos manteniendo en las mesas del diálogo social de rechazo a esa medida tan negativa para los trabajadores y trabajadoras».

Continua el secretario intercomarcal de UGT, destacando que la posición de UGT y CC.OO. es clara, «estamos en contra del retraso de la edad de jubilación a lo 67 años y por el incremento de los ingresos del sistema público de las pensiones, así como por la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones congeladas en el 2011 y por una reforma pactada de las pensiones».
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