Una postura muy generalizada en los círculos económicos y financieros que se reproduce también en algunos de los fórums políticos y mediáticos más importantes, tanto de Catalunya como de España, es que el sistema de pensiones públicas ya no es sostenible. El crecimiento de la población anciana y la disminución de la población joven hacen que esta última tenga más y más dificultades para mantener a la primera. Esta postura ha alcanzado casi la categoría de dogma i, como todo dogma, se reproduce a base de fe en lugar de evidencia empírica.
En primer lugar, en aquellos sistemas en los que las pensiones se pagan a través de las cotizaciones a la caja de la Seguridad Social procedentes del mercado de trabajo (es decir, de la población empleada), la sostenibilidad de las pensiones viene definida por la cantidad de dinero que esta caja recibe, basada en el número de cotizantes (la gran mayoría de trabajadores asalariados) y en la cantidad de la cotización que depende del nivel salarial, el cual depende, a su vez, de la productividad y de la presión laboral (es decir, de la fuerza de los sindicatos). En Catalunya y en España no es que falten jóvenes o gente que podría y desea trabajar. Al contrario, hay mucha más gente joven que desea trabajar que puestos de trabajo. Y los salarios son, como promedio, mucho más bajos que en el resto de la Unión Europea de los Quince (UE-15), en parte por la estructura productiva de la economía catalana y española y en parte por el gran poder del mundo empresarial sobre el laboral. Las políticas de austeridad (de destrucción de empleo en el sector público, por un lado, y de bajada de salarios, por otro) están deteriorando enormemente el mercado de trabajo y con ello la financiación de las futuras pensiones. Son estos factores los que cuestionan el futuro de las pensiones, no la transición demográfica.
En realidad, aquellas instituciones financieras (y muy en especial la banca y las compañías de seguros) que han jugado un papel clave en crear el problema financiero causante de la gran crisis y recesión en la que nos encontramos son las mismas que protagonizan ahora la campaña de la supuesta inviabilidad de las pensiones, animando a privatizarlas. Un ejemplo son las recomendaciones de la llamada Comisión de Expertos (nombrada por el gobierno Rajoy), la mayoría de cuyos miembros son profesionales que trabajan o han trabajado para la banca y las compañías de seguros. No es sorprendente que recomienden que se reduzcan las pensiones públicas “aprovechando el momento de crisis para hacer estas reformas” (frase que aparecía en un borrador del informe, y que desapareció en la copia final).
En realidad, esta campaña está estimulada por la Comisión Europea, la misma que ha estado presionando para que se apliquen las políticas de austeridad que están llevando a nuestro país a la situación en que ahora nos encontramos. El famoso informe sobre las pensiones de la Comisión Europea, escrito en 2008, ya indicaba que, si España se gastaba el 8% de su PIB en pensiones en 2007, debería gastarse, a causa del crecimiento demográfico, el 15% del PIB en 2060, lo cual concluía que era insostenible. Se consideraba que este porcentaje de gasto público en pensiones para aquel año era inasumible. Este argumento se ha repetido constantemente, asumiendo erróneamente que un gasto en pensiones el 15% del PIB era inviable, sin explicar por qué (Italia se gasta ya ahora un 15%). En realidad, la mayoría de los países de la UE-15 se gastan mucho más en pensiones de lo que lo hacen Catalunya o España).
Si se asume que no es posible es porque se considera que se necesitan al menos dos cotizantes para sostener a un pensionista. Pero asumir que esta ratio será necesaria en el futuro es un enorme error, pues no tiene en cuenta el incremento de la productividad. Si esta creciera un 1,5% por año (un porcentaje razonable), significaría que en 2060 el PIB del país habría crecido 2,25 veces. Es decir, que si el PIB era 100 en 2007, en 2060 sería 225. Pues bien, los pensionistas que recibían 8 puntos (de 100) pasarían a recibir 33 puntos (15% de 225). Y los no pensionistas pasarían de recibir 92 puntos (100-8) a 192 (225-33=192). En ambos casos, las cantidades son mucho más altas que las actuales. O sea, que tanto los pensionistas como los no pensionistas tendrían más recursos. ¿Dónde está, pues, el problema? En 2060 un cotizante podrá sostener a varios pensionistas.
No considerar el impacto de la productividad en el crecimiento de la riqueza lleva a conclusiones absurdas. En Catalunya, hace 40 años, el porcentaje de la población que trabajaba en el campo en la producción de alimento era el 18%. Hoy es solo el 2%, i este 2% produce más de lo que producía el 18% hace 40 años. Imagínese el ridículo que habría hecho un economista si hubiese alarmado a la población diciendo que, como que cada año habría menos trabajadores en el campo, no se producirían suficientes alimentos y nos moriríamos de hambre. Pues sustituyan ahora el término “alimento” por “pensiones” y verán el ridículo que se está haciendo.
En realidad, si miramos las hemerotecas, podemos leer que ya desde el principio de las pensiones públicas se alarmó a la población. El colapso de las pensiones anunciado por los catastrofistas es una de las predicciones más erróneas de la literatura económica.
El problema de las pensiones no es la transición demográfica sino la enorme concentración de las rentas a favor del capital a costa de las rentas del trabajo, resultado de las políticas neoliberales que se han estado aplicando desde los años ochenta. En la Unión Europea ha habido (a partir del establecimiento del euro y como resultado de cómo se ha diseñado su gobierno) un aumento de las rentas del capital a costa de la disminución de las rentas del trabajo, fenómeno acentuado en España y en Catalunya, donde por primera vez las rentas del capital son mayores que las rentas del trabajo. Puesto que la financiación de la Seguridad Social procede de las rentas del trabajo, ello significa que los ingresos a la Seguridad Social han ido bajando. Esto es resultado del hecho que el incremento de la riqueza y las rentas provenientes del crecimiento de la productividad ha ido más a enriquecer al mundo del capital que al mundo del trabajo. Y ahí está el problema del cual no se habla. En su lugar, se atribuye la posible insostenibilidad a un determinismo demográfico que no existe. No es la inexistente lucha entre los grupos de edad, sino la lucha sobre el control del incremento de la riqueza (resultado del aumento de la productividad) entre el mundo del capital y el mundo del trabajo lo que es el punto central del análisis sobre la sostenibilidad o no de las pensiones públicas.
Artículo publicado originalmente en el diario ARA y reproducido aquí con permiso del autor
