CCOO PV vienen denunciado «el gran negocio» que el nuevo modelo sanitario de gestión compartida supondrá para las empresas que resulten adjudicatarias de la gestión de los servicios ya externalizados de la sanidad pública.
Según el Plan de Reequilibrio Financiero, Sanidad «pagará 1.594,5 millones de euros anuales a los nuevos gestores sanitarios privados», aseguran desde el sindicato quienes además señalan que de «aplicarse la limitación de beneficios que rige para las concesiones administraciones sanitarias, que es del 7%, las empresas adjudicatarias se repartirían más de 110 millones de euros anuales de beneficios». Dicha cantidad, prosigue CCOO, «alcanzaría los 1.100 millones en los 10 años que se prevé dure la concesión y, si se ejecutara la prórroga de cinco años más, se llegaría a 1.650 millones de euros de beneficio para las afortunadas empresas».
Para este sindicato se trata de unas cantidades desmesuradas que no tienen ninguna justificación «no parece que estemos ante un ejercicio de eficiencia en el gasto sino, más bien, ante una operación financiera de largo alcance cuyos intereses son obscenos». En ese sentido, les resulta sorprendente la asignación de una cápita de 444,47 por ciudadano de la Comunidad Valenciana, por gestionar la parte no asistencial del sistema «y contrasta con los 650 euros aproximados con que financian a las concesiones administrativas que gestionan toda la asistencia sanitaria de los departamentos de salud, como es el caso de la Ribera».
Para CCOO «esa es la verdadera razón de la privatización». La falta de liquidez para este sindicato, es el desencadenante de esta fórmula, «de ahí que se estimule el pago adelantado del canon (que las empresas deberán abonar por la explotación del negocio) mediante una sugerente reducción porcentual de las cuantías a abonar que dichas empresas se ahorrarían por contribuir a mejorar las maltrechas finanzas de la Generalitat Valenciana».
Hasta ahora el gran argumento de la conselleria y del Gobierno valenciano ha sido la rigidez de la relación de servicio estatutario, que impediría, según éstos, una gestión adecuada de los recursos que conllevaría un encarecimiento de los servicios. Pero, en este caso, según CC.OO., se trata de servicios ya externalizados cuyo personal, en su gran mayoría, está contratado por las empresas que gestionan los mismos. «Por esa razón no entendemos que ni gerentes y directores de los departamentos de salud ni el propio conseller, no puedan rebajar costes y, en cambio, los privados sí. Porque la reducción del gasto vendrá determinada, en gran medida, por las cuantías en que se adjudican la gestión de los servicios y ésta la puede establecer igualmente la administración sanitaria».
De modo que, para CCOO, «en vez de dar 1.650 millones de euros a ganar a los accionistas de las empresas que resulten agraciadas con la gestión de los servicios, los beneficios se podrían reinvertir en la sanidad pública, que es de todos».
Por último, la FSS CCOO-PV rechaza el modelo de gestión sanitaria mixta o compartida y llama ala ciudadanía «a combatirlo respaldando las próximas movilizaciones».
Los servicios que con este modelo quedarían externalizados, según afirman desde el sindicato, son los siguientes: Oxigenoterapia Seguridad Luz, Transporte sanitario Lavandería Agua, RMN, Cocina, Telecomunicaciones, Farmacia Mantenimiento, Electromedicina, Ortopedias, Residuos, Almacén, Limpieza Gases medicinales , entre otros
Según el Plan de Reequilibrio Financiero, Sanidad «pagará 1.594,5 millones de euros anuales a los nuevos gestores sanitarios privados», aseguran desde el sindicato quienes además señalan que de «aplicarse la limitación de beneficios que rige para las concesiones administraciones sanitarias, que es del 7%, las empresas adjudicatarias se repartirían más de 110 millones de euros anuales de beneficios». Dicha cantidad, prosigue CCOO, «alcanzaría los 1.100 millones en los 10 años que se prevé dure la concesión y, si se ejecutara la prórroga de cinco años más, se llegaría a 1.650 millones de euros de beneficio para las afortunadas empresas».
Para este sindicato se trata de unas cantidades desmesuradas que no tienen ninguna justificación «no parece que estemos ante un ejercicio de eficiencia en el gasto sino, más bien, ante una operación financiera de largo alcance cuyos intereses son obscenos». En ese sentido, les resulta sorprendente la asignación de una cápita de 444,47 por ciudadano de la Comunidad Valenciana, por gestionar la parte no asistencial del sistema «y contrasta con los 650 euros aproximados con que financian a las concesiones administrativas que gestionan toda la asistencia sanitaria de los departamentos de salud, como es el caso de la Ribera».
Para CCOO «esa es la verdadera razón de la privatización». La falta de liquidez para este sindicato, es el desencadenante de esta fórmula, «de ahí que se estimule el pago adelantado del canon (que las empresas deberán abonar por la explotación del negocio) mediante una sugerente reducción porcentual de las cuantías a abonar que dichas empresas se ahorrarían por contribuir a mejorar las maltrechas finanzas de la Generalitat Valenciana».
Hasta ahora el gran argumento de la conselleria y del Gobierno valenciano ha sido la rigidez de la relación de servicio estatutario, que impediría, según éstos, una gestión adecuada de los recursos que conllevaría un encarecimiento de los servicios. Pero, en este caso, según CC.OO., se trata de servicios ya externalizados cuyo personal, en su gran mayoría, está contratado por las empresas que gestionan los mismos. «Por esa razón no entendemos que ni gerentes y directores de los departamentos de salud ni el propio conseller, no puedan rebajar costes y, en cambio, los privados sí. Porque la reducción del gasto vendrá determinada, en gran medida, por las cuantías en que se adjudican la gestión de los servicios y ésta la puede establecer igualmente la administración sanitaria».
De modo que, para CCOO, «en vez de dar 1.650 millones de euros a ganar a los accionistas de las empresas que resulten agraciadas con la gestión de los servicios, los beneficios se podrían reinvertir en la sanidad pública, que es de todos».
Por último, la FSS CCOO-PV rechaza el modelo de gestión sanitaria mixta o compartida y llama ala ciudadanía «a combatirlo respaldando las próximas movilizaciones».
Los servicios que con este modelo quedarían externalizados, según afirman desde el sindicato, son los siguientes: Oxigenoterapia Seguridad Luz, Transporte sanitario Lavandería Agua, RMN, Cocina, Telecomunicaciones, Farmacia Mantenimiento, Electromedicina, Ortopedias, Residuos, Almacén, Limpieza Gases medicinales , entre otros
