Comisiones Obreras denuncia la total «opacidad» en la toma de decisiones de la Conselleria y resalta que si la «reforma pone en peligro la sanidad pública y los derechos laborales, habrá una respuesta contundente. CCOO exige la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad y denuncia que tampoco se haya trasladado la decisión al Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Salud».
El sindicato anuncia su firme oposición a la privatización de la gestión de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana y que, en el caso de que las medidas del Consell pongan en peligro este servicio esencial, se utilizarán todos los medios de presión necesarios para defender los derechos de los ciudadanos y del personal de la sanidad.
El sindicato denuncia la opacidad de la Conselleria de Sanitat en la adopción de una medida del calado de la anunciada hoy, en ese sentido, destacan que «no se ha dado cuenta en la Mesa Sectorial del alcance de la reforma, ni tampoco al Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Salud».
CCOO alerta de que una privatización de la gestión de todos los centros sanitarios será muy negativa, ya que «no es cierto que los ciudadanos no lo vayan a notar». Según el sindicato, los recortes en la sanidad, tanto los autonómicos como los estatales, suponen para nuestro servicio de salud pública aproximadamente 1.700 millones de euros, lo que se traduce en un 30% menos del total de la financiación sanitaria destinada por la Generalitat Valenciana para el año 2012.
Con este conjunto de medidas se van a ver afectadas la calidad y la cantidad de las
prestaciones sanitarias. En ese sentido, solicita una explicación pormenorizada por parte delos responsables de la conselleria con respecto a la reforma. Introducir las reglas del mercado en los cuidados a la salud conlleva un alto riesgo.
Por otra parte, desde el sindicato desmiente las declaraciones del vicepresidente Císcar, ya que con el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central la asistencia sanitaria deja de ser un derecho de la ciudadanía universal. De confirmarse lo anunciado, además del canon que las concesionarias pagarían a la
Generalitat, habría que añadir el beneficio que obtendrían los accionistas de las empresas adjudicatarias. Todo ese montante económico saldría de la actual financiación de la sanidad, lo que acabaría repercutiendo, de nuevo, en la merma de la calidad y la cantidad de las prestaciones sanitarias.
Así mismo, esta organización sindical destaca que los «riesgos para los derechos del personal sanitario son grandes», entre otros, las adjudicatarias «exprimirán al personal para maximizar beneficios» y se reducirán las dotaciones de personal.
CCOO se coordinará con las organizaciones sindicales de la sanidad pública y con las organizaciones de la sociedad civil, en el supuesto de que se confirmen los peores augurios, para dar una respuesta contundente.
El sindicato anuncia su firme oposición a la privatización de la gestión de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana y que, en el caso de que las medidas del Consell pongan en peligro este servicio esencial, se utilizarán todos los medios de presión necesarios para defender los derechos de los ciudadanos y del personal de la sanidad.
El sindicato denuncia la opacidad de la Conselleria de Sanitat en la adopción de una medida del calado de la anunciada hoy, en ese sentido, destacan que «no se ha dado cuenta en la Mesa Sectorial del alcance de la reforma, ni tampoco al Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Salud».
CCOO alerta de que una privatización de la gestión de todos los centros sanitarios será muy negativa, ya que «no es cierto que los ciudadanos no lo vayan a notar». Según el sindicato, los recortes en la sanidad, tanto los autonómicos como los estatales, suponen para nuestro servicio de salud pública aproximadamente 1.700 millones de euros, lo que se traduce en un 30% menos del total de la financiación sanitaria destinada por la Generalitat Valenciana para el año 2012.
Con este conjunto de medidas se van a ver afectadas la calidad y la cantidad de las
prestaciones sanitarias. En ese sentido, solicita una explicación pormenorizada por parte delos responsables de la conselleria con respecto a la reforma. Introducir las reglas del mercado en los cuidados a la salud conlleva un alto riesgo.
Por otra parte, desde el sindicato desmiente las declaraciones del vicepresidente Císcar, ya que con el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central la asistencia sanitaria deja de ser un derecho de la ciudadanía universal. De confirmarse lo anunciado, además del canon que las concesionarias pagarían a la
Generalitat, habría que añadir el beneficio que obtendrían los accionistas de las empresas adjudicatarias. Todo ese montante económico saldría de la actual financiación de la sanidad, lo que acabaría repercutiendo, de nuevo, en la merma de la calidad y la cantidad de las prestaciones sanitarias.
Así mismo, esta organización sindical destaca que los «riesgos para los derechos del personal sanitario son grandes», entre otros, las adjudicatarias «exprimirán al personal para maximizar beneficios» y se reducirán las dotaciones de personal.
CCOO se coordinará con las organizaciones sindicales de la sanidad pública y con las organizaciones de la sociedad civil, en el supuesto de que se confirmen los peores augurios, para dar una respuesta contundente.
