Mucho se ha debatido últimamente sobre el acuerdo social y económico alcanzado por Gobierno, sindicatos y empresarios en materia de pensiones, negociación colectiva y ayudas a las personas paradas. Y para entender los motivos que han llevado a las centrales sindicales a ratificarlo es necesario realizar un análisis detallado y global del mismo, así como del contexto socio-económico en el que nos encontramos.
En este contexto con escasas perspectivas de crecimiento económico, con cifras de desempleo jamás conocidas, con enormes presiones sobre la deuda por parte de los mercados internacionales, con una extendida campaña mediática de hostigamiento contra los sindicatos y con una irregular respuesta de la ciudadanía en las movilizaciones convocadas para hacer frente a las propuestas del gobierno, si no se hubiera producido este pacto, el gobierno hubiera tomado una medida aún más dañina para el sistema de pensiones y para el conjunto de los derechos de los trabajadores/as. Si bien las negociaciones de la reforma se han llevado a cabo en un escenario muy difícil, y más allá de cómo le afecte a cada uno, se ha conseguido corregir las propuestas iniciales del Gobierno de recorte lineal de gasto, que afectaba indiscriminadamente a todos los trabajadores y especialmente a los que lo son por cuenta ajena cotizando en el régimen general (que son la inmensa mayoría), por otras más justas que limitan el impacto de la reforma y reparten el esfuerzo entre los trabajadores y los empresarios.
En cuanto al contenido del acuerdo sobre el sistema de pensiones cabe destacar que se ha eliminado la obligatoriedad de los 67 años, manteniendo los 65 como edad de jubilación ordinaria, con una orquilla de flexibilidad que va desde los 61 a los 67 años y posibilitando la jubilación voluntaria a partir de 63. Se ha mantenido el mínimo de 15 años para acceder a una pensión contributiva, se ha ampliado el cálculo a 25 años y se ha reordenado la escala de cálculo de 35 a 37 años para el acceso al 100% de la pensión. Se han mejorado las carreras de cotización de las personas más vulnerables -hasta dos años de cotización para aquellas personas que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción y para jóvenes que hayan participado en programas de formación-. Se ha conseguido, a través de la regulación de coeficientes, establecer reducción en la edad de jubilación para los trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. Se ha mantenido la jubilación parcial anticipada y se han mejorado los incentivos para el retraso voluntario. Se ha conseguido la integración de los Regímenes Especiales Agrario, de Empleadas de Hogar y se han mejorado las Bases de Cotización del Régimen de Autónomos. Y por fin se ha conseguido la financiación con cargo a los presupuesto del Estado de los complementos que se añaden a las pensiones contributivas para alcanzar los mínimos y que afectan sobre todo a pensiones de viudedad y empleados/as de hogar.
El acuerdo, además, contempla compromisos que afectan a la protección social de aquellas personas que más están sufriendo la crisis, los desempleados que ya han agotado todas las prestaciones, para los que se ha recuperado la ayuda de 400 EUROS. Se ha conseguido reforzar el papel de la negociación colectiva sectorial y la participación sindical en la flexibilidad negociada en las empresas, frenando la amenaza del Gobierno de acabar legislando mediante Decreto Ley un aspecto tan esencial para los/as trabajadores como es la regulación de las condiciones laborales. Se retoma el proceso de diálogo social en la mesa de la función pública.
En definitiva los sindicatos, de manera realista y responsables, han cumplido en la defensa de los trabajadores/as hasta donde han podido. Pero quedan cuestiones pendientes como la reforma del sistema financiero, una reforma fiscal más equitativa y un cambio en la reforma laboral impuesta de manera unilateral por el gobierno.
Begoña Cortijo Garnes, es Secretaria General de CC.OO. del Camp de Morvedre Alto Palancia.
En este contexto con escasas perspectivas de crecimiento económico, con cifras de desempleo jamás conocidas, con enormes presiones sobre la deuda por parte de los mercados internacionales, con una extendida campaña mediática de hostigamiento contra los sindicatos y con una irregular respuesta de la ciudadanía en las movilizaciones convocadas para hacer frente a las propuestas del gobierno, si no se hubiera producido este pacto, el gobierno hubiera tomado una medida aún más dañina para el sistema de pensiones y para el conjunto de los derechos de los trabajadores/as. Si bien las negociaciones de la reforma se han llevado a cabo en un escenario muy difícil, y más allá de cómo le afecte a cada uno, se ha conseguido corregir las propuestas iniciales del Gobierno de recorte lineal de gasto, que afectaba indiscriminadamente a todos los trabajadores y especialmente a los que lo son por cuenta ajena cotizando en el régimen general (que son la inmensa mayoría), por otras más justas que limitan el impacto de la reforma y reparten el esfuerzo entre los trabajadores y los empresarios.
En cuanto al contenido del acuerdo sobre el sistema de pensiones cabe destacar que se ha eliminado la obligatoriedad de los 67 años, manteniendo los 65 como edad de jubilación ordinaria, con una orquilla de flexibilidad que va desde los 61 a los 67 años y posibilitando la jubilación voluntaria a partir de 63. Se ha mantenido el mínimo de 15 años para acceder a una pensión contributiva, se ha ampliado el cálculo a 25 años y se ha reordenado la escala de cálculo de 35 a 37 años para el acceso al 100% de la pensión. Se han mejorado las carreras de cotización de las personas más vulnerables -hasta dos años de cotización para aquellas personas que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción y para jóvenes que hayan participado en programas de formación-. Se ha conseguido, a través de la regulación de coeficientes, establecer reducción en la edad de jubilación para los trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. Se ha mantenido la jubilación parcial anticipada y se han mejorado los incentivos para el retraso voluntario. Se ha conseguido la integración de los Regímenes Especiales Agrario, de Empleadas de Hogar y se han mejorado las Bases de Cotización del Régimen de Autónomos. Y por fin se ha conseguido la financiación con cargo a los presupuesto del Estado de los complementos que se añaden a las pensiones contributivas para alcanzar los mínimos y que afectan sobre todo a pensiones de viudedad y empleados/as de hogar.
El acuerdo, además, contempla compromisos que afectan a la protección social de aquellas personas que más están sufriendo la crisis, los desempleados que ya han agotado todas las prestaciones, para los que se ha recuperado la ayuda de 400 EUROS. Se ha conseguido reforzar el papel de la negociación colectiva sectorial y la participación sindical en la flexibilidad negociada en las empresas, frenando la amenaza del Gobierno de acabar legislando mediante Decreto Ley un aspecto tan esencial para los/as trabajadores como es la regulación de las condiciones laborales. Se retoma el proceso de diálogo social en la mesa de la función pública.
En definitiva los sindicatos, de manera realista y responsables, han cumplido en la defensa de los trabajadores/as hasta donde han podido. Pero quedan cuestiones pendientes como la reforma del sistema financiero, una reforma fiscal más equitativa y un cambio en la reforma laboral impuesta de manera unilateral por el gobierno.
Begoña Cortijo Garnes, es Secretaria General de CC.OO. del Camp de Morvedre Alto Palancia.
