Desde el momento en que se aprobó la nueva Ley Valenciana de Régimen Local, que autoriza al Consell a suprimir de oficio municipios y estimular la fusión de localidades; presentí que de alguna manera, esta ley, iba ser contraria a mis derechos como ciudadano; ya que soy uno de los muchos que estamos supeditados a una ciudadanía impuesta por mandato administrativo y no, por razón de nacimiento. Luego, tras el protocolario informe del director de Cohesión Territorial, proponiendo que se rechace el expediente de segregación de El Puerto, se confirmaron mis temores y llegué a la conclusión de que, una vez más, tal como ha venido sucediendo desde el reinado de Alfonso XIII, se recurre al maquiavelismo de la distorsión de los hechos y al manido alegato sobre la ubicación de las industrias, la distancia etc, para justificar lo injustificable. Esto, se quiera o no se quiera, es un uso abusivo del poder público, que se fundamenta el lema «el fin justifica los medios».
A nadie se le escapa que los partidos políticos, para liberarse del lastre que arrastran de las campañas electorales, necesitan dar cobijo a los que hicieron posible que su líder alcanzara la cima, que al igual que los montes, las hay de distinta altura. Por esta razón, entre otras, los 800.000 funcionarios que atendían las necesidades del Estado en el momento de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, hoy, ya sobrepasan los 3,5 millones, Alcanzar este alto nivel de cargos públicos, exige buena parte de la actividad gubernamental y por supuesto, no dudar a la hora de tomar decisiones contrarias a los deberes que le impone la ley. Llegado a este punto, no es de extrañar que esta malatía de ámbito nacional, se haya detectado en los municipios, talmente como quedó de manifiesto a través de lo publicado en el diario «El Mundo» de fecha 13/11/2008. Según este artículo: «Gandía pretende aumentar la lista de 31 asesores y cargos de confianza con la Ley de Grandes Ciudades» y «El consistorio saguntino sabe que sólo será gran ciudad si culmina el PAI que permitirá fusionar Sagunto y El Puerto». En el primer caso, está claro cuál era el interés del alcalde de Gandía. En cuanto al segundo, es obvio que no tiene más objeto que entorpecer el proceso de segregación, mediante la histórica fusión de los dos núcleos, cuyo proyecto está en el candelero desde el año 1927. La paradoja en este caso, es que por mucho que dispersen a los ciudadanos, no servirá para aumentar el censo de habitantes de la ciudad. No obstante, sí algo tienen en común estas dos intenciones, es que: «ni el fin, ni los medios, tienen justificación».
Al parecer, la clase política no toma en cuenta, que la mejor manera para que los municipios alcancen los 75.000 habitantes, que es el requisito necesario para que una ciudad sea reconocida como de gran población, es creando puestos de trabajo. Cualquier otro procedimiento que se utilice para lograr esta finalidad: tal como aprobar una ley autonómica que restringe derechos reconocidos en otra de mayor rango o gastar el dinero público en construir viviendas en mitad de ninguna parte, es vulnerar el ordenamiento jurídico e incurrir en una aberración urbanística, social y política que, en buena lógica, debería ser causa suficiente para inhabilitar a los responsables de la misma.
Cuando las personas que ostentan cargos de gobierno, permanecen en el ejercicio de su cargo más tiempo que la prudencia aconseja, están expuestos
a contraer una dolencia patología de índole psíquica que se denomina «sociopatía». Esta, se caracteriza porque provoca una pérdida de noción sobre la importancia de las leyes y los derechos de las personas. Llegado a este extremo, entre otras cosas, puede decirse que nuestro gobierno autonómico, con su Ley de Régimen Local, han ignorado que los municipio son el lugar en el que se identifica la singularidad de las personas y donde en un mundo cada vez más globalizado, como el actual, el ciudadano común encuentra su refugio y el lugar de su pertenencia. Cambiar este derecho natural, para imponer medidas que sistematizan la conducta humana y la animalizan, es el mayor despropósito que puede cometerse en política. Y puesto a cotejar actuaciones, tampoco han tomado en consideración la doctrina del TC, en la que subraya que: «La Constitución no reconoce otra que la Nación española» y en ésta, todos los españoles tienen el mismo derecho, residan donde residan..
A nadie se le escapa que los partidos políticos, para liberarse del lastre que arrastran de las campañas electorales, necesitan dar cobijo a los que hicieron posible que su líder alcanzara la cima, que al igual que los montes, las hay de distinta altura. Por esta razón, entre otras, los 800.000 funcionarios que atendían las necesidades del Estado en el momento de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, hoy, ya sobrepasan los 3,5 millones, Alcanzar este alto nivel de cargos públicos, exige buena parte de la actividad gubernamental y por supuesto, no dudar a la hora de tomar decisiones contrarias a los deberes que le impone la ley. Llegado a este punto, no es de extrañar que esta malatía de ámbito nacional, se haya detectado en los municipios, talmente como quedó de manifiesto a través de lo publicado en el diario «El Mundo» de fecha 13/11/2008. Según este artículo: «Gandía pretende aumentar la lista de 31 asesores y cargos de confianza con la Ley de Grandes Ciudades» y «El consistorio saguntino sabe que sólo será gran ciudad si culmina el PAI que permitirá fusionar Sagunto y El Puerto». En el primer caso, está claro cuál era el interés del alcalde de Gandía. En cuanto al segundo, es obvio que no tiene más objeto que entorpecer el proceso de segregación, mediante la histórica fusión de los dos núcleos, cuyo proyecto está en el candelero desde el año 1927. La paradoja en este caso, es que por mucho que dispersen a los ciudadanos, no servirá para aumentar el censo de habitantes de la ciudad. No obstante, sí algo tienen en común estas dos intenciones, es que: «ni el fin, ni los medios, tienen justificación».
Al parecer, la clase política no toma en cuenta, que la mejor manera para que los municipios alcancen los 75.000 habitantes, que es el requisito necesario para que una ciudad sea reconocida como de gran población, es creando puestos de trabajo. Cualquier otro procedimiento que se utilice para lograr esta finalidad: tal como aprobar una ley autonómica que restringe derechos reconocidos en otra de mayor rango o gastar el dinero público en construir viviendas en mitad de ninguna parte, es vulnerar el ordenamiento jurídico e incurrir en una aberración urbanística, social y política que, en buena lógica, debería ser causa suficiente para inhabilitar a los responsables de la misma.
Cuando las personas que ostentan cargos de gobierno, permanecen en el ejercicio de su cargo más tiempo que la prudencia aconseja, están expuestos
a contraer una dolencia patología de índole psíquica que se denomina «sociopatía». Esta, se caracteriza porque provoca una pérdida de noción sobre la importancia de las leyes y los derechos de las personas. Llegado a este extremo, entre otras cosas, puede decirse que nuestro gobierno autonómico, con su Ley de Régimen Local, han ignorado que los municipio son el lugar en el que se identifica la singularidad de las personas y donde en un mundo cada vez más globalizado, como el actual, el ciudadano común encuentra su refugio y el lugar de su pertenencia. Cambiar este derecho natural, para imponer medidas que sistematizan la conducta humana y la animalizan, es el mayor despropósito que puede cometerse en política. Y puesto a cotejar actuaciones, tampoco han tomado en consideración la doctrina del TC, en la que subraya que: «La Constitución no reconoce otra que la Nación española» y en ésta, todos los españoles tienen el mismo derecho, residan donde residan..José Mª Piró Rodríguez
