Nos están intentando hacer creer que el gran problema de la vivienda en España son los okupas, no el que los alquileres estén disparados, o que la compra de una vivienda sea prohibitiva para la mayoría de las clases trabajadoras. No obstante, aunque yo no creo que exista un grave problema con los okupas, “haberlos ahilos”, sobre todo en la costa, esa franja de terreno tan codiciada por los especuladores inmobiliarios. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en El Puerto con El Malecón.
En este espacio, desde el año 1987 debería haber cesado todo derecho de uso y disfrute de cualquier particular, cuando la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM) cesó toda actividad y entró en liquidación. Esta afirmación no es fruto de una reivindicación para cambiar a las bravas la situación jurídica del mismo, es, sencillamente, aplicar la Ley y la Constitución, como se hace a lo largo de toda la costa española, peninsular e insular.
La situación jurídica de El Malecón viene determinada por la Real Orden de 11 de agosto de 1902 que autorizaba la construcción del embarcadero de minerales y está sometida a las 13 cláusulas de la concesión. En ningún caso, ni los terrenos concedidos, ni los ganados al mar por obras en este tipo de concesiones, pasan a propiedad particular del concesionario. Y cuando esta caduca, como es el caso, la Administración del Estado tiene el deber por ley de decretar su caducidad, cesando todos los derechos del concesionario sobre la misma.
La pasada semana, Juan Francisco Soriano, concejal de VOX en Canet d’En Berenguer, con el título “Ocupar es robar” escribía en este periódico «Me siento satisfecho, al menos, con el logro en esta ocasión, de haber participado, apoyado y conseguido EL DESALOJO DE UNA VIVIENDA OCUPADA , en este municipio». Parece ser el caso de un inquilino que al acabar el contrato de arrendamiento el propietario de la vivienda solicitó que la desalojara y si no lo hizo acudiría a la justicia para obligarlo.
El caso de El Malecón es una ‘okupación’ singularísima, el espacio es de dominio público y la Administración, tanto la anterior en manos del PP como la actual en manos del PSOE, que debe ejercer como propietaria, no solo es que no actúa para desalojar a quien tiene “caducado el contrato”, sino que hace lo imposible para que el “realquilado” continue ocupándolo. Lo grave y preocupante de este asunto es que todos los tribunales se han pronunciado ratificando el carácter de dominio público de El Malecón, así, en enero del 2002 el Tribunal Supremo sentenciaba la improcedencia de hacer un nuevo deslinde con este fin, rechazando la pretensión de la empresa inmobiliaria realquilada. MÁs tarde, en diciembre del 2010 la Audiencia Provincial de Valencia, insistía en el carácter de dominio público del mismo y apuntaba a la falta de declaración de caducidad que debería realizar la Administración.
A pesar de estas dos sentencias, falseando las mismas, la Administración de Costas, en junio de 2014, por Orden de la ministra Isabel García Tejerina (PP), aprobó un nuevo deslinde de la zona marítimo terrestre, sacando del dominio público El Malecón, deslinde que, recurrido por el Ayuntamiento, la Audiencia Nacional, en sentencia de junio de 2018, de nuevo declaró nulo de pleno derecho por no haber ningún motivo para el mismo.
Pues bien, a pesar de todos estos pronunciamientos de los tribunales, en lugar de declarar la caducidad, pues el concesionario, la CMSM, ni tan siquiera existe, el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya actual titular es Teresa Ribera (PSOE), en febrero del 2023, resolvió aprobar el mismo deslinde que ya habían rechazado tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional.
Llegados a este punto, le preguntaría al señor Soriano si a estos okupas, señalando a la Administración de Costas, los tacharía de muy ladrones, en grado superlativo, ya que la propiedad es de todos, porque la inmobiliaria realquilada puede defenderse con un simple «es el sistema amigo».
La declaración de caducidad de la concesión a la CMSM, la revocación del último desline del Ministerio de Transición Ecológica y la transformación de El Malecón en un parque público y verde, son actuaciones que deben realizar las administraciones a nivel estatal sin más dilación, caiga quien caiga, ya se han demorado demasiadas décadas.
A escasa distancia de El Malecón, hace unos años, a instancias de la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto se levantó un monolito en recuerdo de los casi 200 obreros que se dejaron la vida en la construcción de nuestra sociedad, nuestra industria y nuestro pueblo, El Malecón no nos salió gratis, que no nos lo roben.
Ramón García Ortín
Matemático y licenciando en derecho
